¿A dónde van los desaparecidos? El estribillo de la canción del cantautor panameño Rubén Blades resuena en el país al conocer que en lo que va del año 375 personas están desaparecidas, de las que 103 son hombres adultos.
Las cifras hasta noviembre del año pasado reflejan que en el istmo se dieron más de 1,300 desapariciones, con más del 90% de los casos resueltos, de acuerdo con las autoridades.
Algunos casos llevan investigaciones paralelas en la fiscalía de homicidios, ya que las pesquisas revelan la posible vinculación con procesos abiertos con otros delitos, indicó el fiscal Gustavo Barragán, en declaraciones a la televisora TVN.
En mayo de 2025 el gobierno sancionó la Ley 469, que introdujo mejoras en la norma existente, obligando al sistema de alerta Amber a contar con una página web, cuentas de redes sociales y una aplicación móvil para que las personas reciban en sus móviles notificaciones de activación y desactivación sobre personas desaparecidas.
La alerta Amber debe activarse desde el momento en que concurran los supuestos de extravío, sustracción, desaparición o paradero desconocido de un menor de edad que haya sido reportado, y el periodo de difusión de la alerta no puede ser menor de 5 horas ni mayor de 24 horas.
De manera excepcionalmente, se establece que si es necesario ampliar más allá de las 24 horas, se deberá emitir una nueva alerta, incluyendo información adicional del caso. La difusión puede ser local, nacional o internacional.
Referente a menores de edad, en Panamá uno de los casos más emblemáticos de ausencia inexplicable es el de la niña Mónica Serrano García, ocurrida el 8 de febrero de 2003.
La pequeña, quien a la fecha del suceso tenía un año y seis meses de edad, desapareció misteriosamente mientras jugaba en el patio de su vivienda ubicada en Vista Alegre de Arraiján, a unos 20 minutos de la ciudad capital.
Por este caso el Ministerio Público detuvo a 10 personas para interrogarlas, pero nunca se llegó a una conclusión, mientras circulaba la tesis de que la niña pudo haber sido vendida, aunque tampoco hubo evidencia de esto.
Los reportes periodísticos de la época dan cuenta que en varias ocasiones se dieron informes esperanzadores, como en 2009 cuando se tuvo conocimiento de una niña en Ecuador que podría ser Mónica, pero las pruebas de ADN descartaron esa posibilidad.
En 2020 nuevamente se conoció que una joven residente en la región guna de Wagardí, de nombre Grifina López, tenía un notable parecido con Mónica, aunque nuevamente los análisis de genética acabaron con esta esperanza.
Otra caso de menor desaparecida que impactó a la sociedad panameña es el de Aderlyn Llerena Saldaña, que a la edad de 9 años fue vista por última vez poco antes del mediodía el 13 de septiembre de 2022 mientras se dirigía a un centro escolar, ubicado en el distrito de San Miguelito.
A diferencia del caso de Mónica Serrano García, donde no hubo sentenciados, en el de Aderlyn se encontró culpable a Samuel Hudson, por los delitos de privación de libertad y sustracción de menores.
Las niñas desaparecieron como por arte magia, y aunque el Ministerio Público realizó las investigaciones de rigor, ninguna hipótesis fructiferó para dar con sus paraderos.
Ante la falta de respuestas efectivas a la comunidad, la Procuraduría General de la Nación creó en 2025 la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, cuya función principal es investigar con mayor efectividad los casos de personas desaparecidas.
Con esta unidad se pretende garantizar la articulación entre Fiscalías, estamentos de Seguridad y otras instituciones, para así brindar atención integral a las víctimas y sus familiares.
Entre sus funciones principales están el apoyo a las Fiscalías que manejan investigaciones relacionadas con desapariciones, coordinar con organismos nacionales e internacionales que intervienen en procesos de búsqueda e identificación, además de sistematizar la información de cada caso para mejorar tiempos de respuesta y evitar el subregistro.
Otras funciones relevantes que desarrolla, manifiesta una nota de prensa de la Procuraduría, es la implementación de buenas prácticas en el manejo de evidencias y diligencias de búsqueda, así como ofrecer acompañamiento especializado a las familias afectadas, además de tener un rol clave en los casos de alto impacto, desapariciones prolongadas, menores de edad y situaciones que requieran peritajes forenses complejos.