Una petición de condena contra la mayoría de los imputados marcó el cierre de la jornada 22 del juicio por el caso Odebrecht en Panamá, luego de que la Fiscalía Anticorrupción concluyera sus alegatos y dejara el proceso listo para el inicio de la fase de defensa, prevista para este jueves, en una de las investigaciones más complejas vinculadas a presunto blanqueo de capitales y financiamiento político irregular en el país.
Durante su intervención, la fiscal del caso solicitó sentencia condenatoria para 16 de los acusados, mientras que para otros imputados planteó medidas distintas, tras sostener que el proceso judicial ha permitido acreditar la existencia de estructuras financieras diseñadas para ocultar el origen ilícito de fondos provenientes de la denominada “Caja 2” de la constructora brasileña.
La representante del Ministerio Público argumentó que las pruebas incorporadas al expediente evidencian que dos ciudadanos de nacionalidad peruana recibieron y transfirieron dinero ilícito a múltiples cuentas, incluida una en Suiza, desde donde posteriormente los recursos fueron enviados a Panamá para financiar la campaña presidencial de un excandidato, también imputado en la causa.
Según la acusación, las declaraciones de colaboradores eficaces confirmaron que dentro de una entidad bancaria panameña existían ejecutivos responsables de la apertura de cuentas utilizadas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, mecanismo que habría facilitado la circulación de fondos mediante operaciones fragmentadas, triangulaciones y transferencias diseñadas para dificultar su trazabilidad.
La Fiscalía sostuvo que varios de los ejecutivos bancarios involucrados fueron condenados mediante acuerdos de pena, admitiendo el uso de seudónimos y del sistema informático “Drousys” para comunicarse con operadores financieros y justificar ante los oficiales de cumplimiento las transacciones cuestionadas.
En relación con el financiamiento político, la acusación señaló la presunta responsabilidad penal de un excandidato presidencial del periodo 2014-2017, quien habría constituido una sociedad en Belice y abierto una cuenta en Suiza para recibir fondos vinculados a la Caja 2, pese a conocer la prohibición legal de recibir aportes de empresas extranjeras.
La Fiscalía indicó que la campaña presidencial investigada registró donaciones privadas por aproximadamente $34 millones, además de pagos por cerca de $3 millones a publicistas, mientras que Odebrecht habría asumido gastos adicionales por $11 millones destinados a servicios de comunicación política, lo que refuerza la hipótesis de financiamiento irregular.
En su alegato final, el Ministerio Público enfatizó que el delito de blanqueo de capitales no afecta únicamente a personas individuales, sino que impacta el orden económico, la transparencia del sistema financiero y la credibilidad institucional del país, al tiempo que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales contra la corrupción.
La acusación subrayó que el Estado panameño resulta lesionado cuando su plataforma jurídica y bancaria es utilizada para legitimar capitales ilícitos mediante sociedades offshore, estructuras financieras complejas y mecanismos comerciales destinados a ocultar el origen del dinero, vinculados a delitos precedentes como peculado, soborno internacional y corrupción.
Como parte de las acciones civiles, la Fiscalía informó que el Ministerio de Seguridad Pública, en calidad de querellante, ha impulsado procesos orientados a la recuperación de fondos presuntamente desviados, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Panamá en materia de lucha contra la corrupción y resarcimiento al Estado.
En paralelo, otra fiscal superior dejó constancia ante el Tribunal de solicitudes de comiso de cuentas y bienes aprehendidos en el extranjero, incluyendo activos localizados en Andorra, Suiza, Reino Unido y España, así como bienes inmuebles vinculados a personas aforadas y en rebeldía, cuya competencia será definida por instancias judiciales correspondientes.
El proceso también involucra a figuras políticas de alto perfil. Entre ellas, el expresidente Ricardo Martinelli, quien figura entre los señalados y actualmente se encuentra asilado en Colombia, mientras que el expresidente Juan Carlos Varela será investigado por la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, lo que determina un fuero especial.
Tras el cierre de los alegatos del Ministerio Público, la audiencia continuó con la participación del representante legal del Ministerio de Seguridad Pública, quien sostuvo que la comisión de delitos ha sido acreditada en varios de los imputados y solicitó al Tribunal que su decisión se base en la prueba documental, testimonial y pericial presentada durante el juicio.
El proceso entrará ahora en una etapa clave con el inicio de los alegatos de la defensa, en los que los abogados de los acusados buscarán refutar las imputaciones, cuestionar la valoración probatoria y plantear argumentos para absolución o reducción de responsabilidades penales.
Con la fase acusatoria concluida y la defensa en curso, el Tribunal deberá evaluar la totalidad de los elementos probatorios antes de emitir un fallo en un proceso que, por su alcance político, financiero y jurídico, se perfila como uno de los casos de corrupción más relevantes en la historia reciente de Panamá.