Panamá ha decidido fortalecer su lucha contra la pesca ilegal mediante la creación de un sistema de trazabilidad pesquera, en alianza con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). La firma de este convenio, celebrada en la Secretaría de Metas Presidenciales, busca validar internacionalmente las capturas, reforzar los mecanismos de control y permitir que el país aspire a abandonar listas discriminatorias que restringen el acceso a mercados globales.
El acuerdo establece el desarrollo de una plataforma que permitirá registrar, verificar y dar seguimiento a las capturas pesqueras conforme a los parámetros internacionales, según informó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Esta tecnología busca favorecer tanto la transparencia como la sostenibilidad en la actividad productiva, garantizando prácticas responsables y reguladas.
Respaldar la legalidad y la transparencia
Raúl Rosas Suazo, director ejecutivo de OIRSA, subrayó durante la firma del convenio que la iniciativa constituye “un mensaje claro a la comunidad internacional sobre el compromiso de Panamá con la transparencia, la legalidad y la sostenibilidad del sector”. Además, señaló que la acción es pionera, ya que Panamá se convierte en el primer país en establecer un acuerdo específico de este tipo con su organismo para la pesca.
De acuerdo con Rosas Suazo, la colaboración interinstitucional dotará a las autoridades panameñas del conocimiento y la experiencia técnica regional, consolidando la trazabilidad como una herramienta clave contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Mejoras regulatorias y salida de listas restrictivas
Eduardo Carrasquilla, administrador general de ARAP, explicó que una de las metas inmediatas consiste en “robustecer los mecanismos de control, registro y seguimiento de las capturas”, aspecto fundamental para el cumplimiento de los estándares internacionales.
El funcionario también remarcó que la implementación de este sistema facilitará el reconocimiento de la pesca panameña en los mercados internacionales. Esta mejora tecnológica busca viabilizar la salida de listas discriminatorias en las que Panamá figura en la actualidad, al demostrar el nivel de vigilancia y regulación que ahora acompaña a todos los procesos productivos del sector.
El convenio marca un avance significativo para la industria acuícola y pesquera nacional, que a partir de ahora contará con herramientas digitales para reforzar su competitividad y asegurar el cumplimiento riguroso de la normativa internacional.
Panamá formalizó su adhesión a las reglas internacionales para la regulación del atún rojo, estableciendo una cuota anual de 55 toneladas y robustos controles para evitar la sobrepesca, en respuesta al histórico deterioro de las poblaciones y a la creciente presión del mercado internacional. Esta decisión, integrada bajo la Resolución ADM/ARAP No.006 y publicada el 10 de febrero de 2026, apunta a consolidar la posición del país como actor comprometido con la sostenibilidad, en un contexto global donde el incumplimiento puede acarrear sanciones y restricciones comerciales.
El documento, que alinea a Panamá con las recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) para los próximos años, contempla la transferencia de cuota a otros países, bajo la exigencia de notificar a la Secretaría del organismo y respetar todas las recomendaciones vigentes. Este mecanismo introduce flexibilidad para Estados sin flotas especializadas y obliga a Panamá a no exceder los límites impuestos: cualquier sobrecupo derivaría en deducciones de futuras asignaciones, reforzando el objetivo de evitar una recaída en los niveles críticos que llevaron a la especie al borde del colapso.
Mecanismos de control y trazabilidad
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) implementó controles estrictos sobre permisos, registros de embarcaciones y seguimiento satelital obligatorio. Solo buques panameños autorizados y registrados podrán explotar la cuota, debiendo informar cada captura, ubicación y volumen, mientras las autoridades auditarán toda la cadena productiva, desde el desembarque hasta la exportación.
El sistema también contempla inspección portuaria, certificación internacional y cooperación entre organismos aduaneros y pesqueros, con el fin de cerrar vías al comercio de pescado no documentado o ilegal. De manera complementaria, se prohíben artes de pesca no selectivas, se restringen temporadas y áreas sensibles, y se refuerza la lucha contra la captura incidental para proteger especies asociadas.