La Comisión del 20 de Diciembre de 1989 informó que culminó la primera etapa de los trabajos de campo programados para el verano de 2026 en el Cementerio Jardín de Paz, como parte del proceso de exhumaciones, identificación forense y búsqueda de víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá del 20 de diciembre de 1989, intervención que tuvo como objetivo capturar al exdictador Manuel Antonio Noriega y que dejó un alto número de bajas civiles, desaparecidos y familias sin respuestas durante décadas.
De acuerdo con la comisión, esta fase incluyó la intervención de al menos 15 sepulturas, con fines de recuperación de restos humanos y análisis pericial. Las labores forman parte de una estrategia de investigación histórica, reparación moral y justicia transicional, orientada a esclarecer el destino de personas fallecidas durante los operativos militares en barrios populares, especialmente en zonas como El Chorrillo, San Miguelito y áreas colindantes.
Los trabajos de exhumación se concentran principalmente en el Cementerio Jardín de Paz, en la ciudad de Panamá, así como en sectores de la provincia de Colón. Equipos forenses, antropólogos y especialistas en genética participan en el proceso de recolección de evidencias, análisis óseo y comparación de ADN, con el objetivo de lograr identificaciones certeras y devolver los restos a sus familiares.
La comisión informó que en 2025 se concretaron cinco actos de reparación mediante la restitución de diez restos humanos, se recolectaron 165 muestras genéticas y se enviaron 21 fragmentos óseos a laboratorios especializados. Además, se actualizó el registro oficial a 236 víctimas validadas y 206 nombres en investigación, cifras que reflejan la magnitud del trabajo pendiente más de tres décadas después de los hechos.
Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de la sepultura de Eric Bonilla Terrero, una de las víctimas de la invasión, localizado tras jornadas de prospección en el antiguo cementerio de Cerro Batea, en San Miguelito. Bonilla tenía 22 años, era mecánico y falleció por herida de arma de fuego en el Valle de Urracá. Su caso se convirtió en un símbolo del impacto humano del conflicto armado.
Según testimonios familiares recopilados por la comisión, muchos parientes se enteraron del fallecimiento de sus seres queridos de forma informal, sin notificaciones oficiales ni información clara sobre el destino final de los cuerpos. En varios expedientes consta que solo fueron informados de la existencia de cadáveres, sin detalles sobre su ubicación o condiciones de sepultura.
El presidente de la comisión, Rolando Murgas Torraza, y la fiscal de Descarga, Geomara Guerra, han señalado que hasta la fecha se han exhumado 43 restos humanos, de los cuales 11 han sido plenamente identificados. De estos, diez ya fueron entregados a sus familias, mientras uno permanece bajo custodia por diligencias pendientes.
La fiscal Guerra explicó que la institución mantiene abiertas 33 investigaciones por personas reportadas como desaparecidas tras la invasión. En muchos de estos casos persisten vacíos documentales, archivos incompletos y testimonios fragmentados, lo que dificulta reconstruir los hechos y establecer responsabilidades históricas.
Además de las limitaciones técnicas, la comisión enfrenta restricciones presupuestarias. Sus autoridades advirtieron que se requiere menos de 500 mil dólares para garantizar la continuidad de las investigaciones forenses, la contratación de especialistas y el procesamiento de muestras. La falta de financiamiento ha ralentizado varias fases del trabajo.
El proceso de búsqueda y reparación se inscribe en un esfuerzo más amplio por reconocer oficialmente el impacto de la invasión. En 2022, el Estado panameño declaró el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional, en memoria de las víctimas civiles. Esta decisión representó un avance simbólico en la construcción de memoria histórica y reconocimiento institucional.
La invasión de 1989 provocó la destrucción de amplias zonas urbanas, especialmente en El Chorrillo, desplazó a miles de personas y dejó cientos de muertos, muchos de ellos sin registro oficial. Durante años, la ausencia de cifras consolidadas y de investigaciones sistemáticas alimentó el reclamo de organizaciones de víctimas.
La Comisión del 20 de Diciembre sostiene que su trabajo busca cerrar ese ciclo de incertidumbre. A través de informes anuales, auditorías internas y rendición pública de cuentas, el organismo intenta garantizar transparencia, credibilidad institucional y continuidad en el proceso.
Con la culminación de esta primera etapa de verano, las autoridades adelantaron que las exhumaciones continuarán en los próximos meses, incorporando nuevas tecnologías, ampliando el muestreo genético y reforzando la cooperación interinstitucional.
Para los familiares, cada hallazgo representa una oportunidad de cerrar duelos inconclusos y recuperar parte de la dignidad arrebatada por la violencia.