De la doctrina a la ética pública: deber interreligioso

Luego de participar del encuentro de líderes religiosos con León XIV celebrado en el Palacio San Martín, donde el Pontífice advirtió contra el dominio, la vanagloria y la guerra, más allá de su formulación doctrinal, considero que estas advertencias permiten identificar tres extravíos desde la filosofía política: confundir la capacidad de mandar con un derecho ilimitado, el prestigio con la legitimidad y la eficacia de un medio con su admisibilidad. Su relevancia no reside solamente en reconocer principios compartidos, sino en comprender cómo pueden contribuir a orientar el ejercicio responsable del poder.

Frente a este discurso, sería muy sencillo mencionar trillados paralelismos con las fuentes judías mediante coincidencias conceptuales o referencias a episodios de la Torá, los Profetas y Crónicas, pero constituiría un ejercicio intelectualmente inerte. Encontrar concordancias o señalar divergencias no representa una contribución a la resolución de los problemas contemporáneos. El verdadero desafío, de mayor exigencia filosófica y relevancia pública, consiste en traducir mensajes doctrinales particulares, en este caso católicos, sin desnaturalizarlos, en criterios éticos racionalmente fundamentados y públicamente justificables, capaces de orientar políticas, sustentar decisiones y establecer responsabilidades verificables. Allí el diálogo interreligioso demuestra su madurez, no cuando multiplica analogías entre tradiciones, sino cuando transforma sus aportes en propuestas institucionales concretas. De otro modo, queda estancado en un ejercicio de erudición ajeno a las necesidades de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la visita de León XIV a Uruguay y Argentina ofrece una oportunidad que trasciende la enumeración de sus exhortaciones. Sus intervenciones sobre autoridad, vida humana, trabajo, educación, tecnología y cooperación internacional permiten examinar cómo los principios éticos pueden convertirse en criterios racionales de decisión y responsabilidad pública. Porque la ética no adquiere relevancia institucional por la sola nobleza de sus enunciados, sino por su capacidad para discernir entre alternativas, justificar los medios, anticipar consecuencias y contribuir a la solución de problemas concretos. En Montevideo, el Papa evocó las palabras de Artigas sobre el origen popular del poder. En Buenos Aires recordó que ninguna generación comienza la patria desde cero. De allí puede inferirse una dimensión fiduciaria de la autoridad donde quienes gobiernan reciben temporalmente competencias y administran instituciones, recursos y oportunidades que trascienden su mandato. Esta responsabilidad no debilita la acción transformadora, procura que sus resultados se consoliden y beneficien también a quienes vendrán después.

Como rabino y académico bioeticista, encuentro aquí una aplicación de la Ética del Límite que desarrollo desde hace años. Disponer de una facultad no basta para legitimar su ejercicio. Poder intervenir requiere determinar cuándo corresponde hacerlo, con qué propósito y mediante qué procedimientos. El límite no equivale a inmovilidad, constituye una condición para que la capacidad de actuar sea compatible con la responsabilidad de justificarla.

Conviene distinguir tres planos frecuentemente confundidos: la legalidad de una decisión, su viabilidad técnica y su justificación ética. Una medida puede estar jurídicamente habilitada y ser operativamente posible sin que ello agote las preguntas sobre sus fines, riesgos y efectos sobre terceros. La deliberación interdisciplinaria no reemplaza competencias institucionales, mejora las razones con las que se ejercen.

La reiterada defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural fue un eje inequívoco de León XIV, incluido su discurso en el Palacio San Martín. Esa formulación expresa una posición doctrinal específica, sobre la que existen acuerdos y discrepancias filosóficas y jurídicas. Su análisis bioético no requiere fingir consensos, exige examinar protección, autonomía, asistencia y cuidado, y fundamentar decisiones con argumentos públicamente discutibles. También obliga a diferenciar la posibilidad técnica de intervenir sobre procesos vitales de la legitimidad de cada intervención.

En el Cottolengo Don Orione, sostuvo que el progreso nacional también se mide por el trato dispensado a las personas con discapacidad. Su traducción institucional es precisa, la dignidad no depende de la productividad ni de la autonomía física. Accesibilidad, apoyos adecuados, participación y oportunidades efectivas deben integrar la evaluación de políticas e instituciones.

En materia económica y laboral, destacó la iniciativa, el trabajo y la generación de oportunidades. Inversión, productividad y responsabilidad social no son objetivos necesariamente opuestos. Importa crear condiciones para que las capacidades personales se desarrollen y la prosperidad perdure. En educación, insistió en que acumular información no equivale a formar criterio. Frente a la inteligencia artificial, esa distinción reclama supervisión, trazabilidad, explicabilidad y responsabilidades humanas identificables cuando los sistemas automatizados inciden sobre derechos.

En la vigilia con los jóvenes, León XIV advirtió contra la subordinación de la libertad personal al éxito, el dinero, la apariencia y la popularidad. Su proyección sobre la ética pública permite formular la exigencia de formar ciudadanos capaces de ejercer el juicio crítico, resistir presiones y sostener decisiones autónomas. A una voluntaria preocupada por los límites de su esfuerzo, recordó la importancia de sumar capacidades. En términos institucionales, responsabilidad no significa omnipotencia y reconocer límites exige organizar los medios disponibles para cumplir mejor los compromisos.

Su referencia a los vínculos familiares destacó la confianza y el cuidado que ninguna administración puede producir por decreto. Su llamado al examen del propio obrar admite otra lectura institucional donde las organizaciones sólidas detectan errores, escuchan observaciones y disponen de mecanismos de rectificación. Corregir con fundamentos expresa aprendizaje, no debilidad.

La homilía de Luján profundizó esta perspectiva mediante cuatro momentos: reconciliación, iluminación, comunión y misión. Sin convertir su sentido religioso en una fórmula administrativa, puede reconocerse una secuencia de responsabilidad pública: reconocer y reparar, discernir con fundamentos, cooperar y actuar. Su atención a personas vulnerables recordó que la inclusión no se agota en declaraciones. Reconciliar tampoco supone imponer unanimidad, sino crear condiciones para proyectos comunes entre diferentes.

A ello se añade la dimensión intergeneracional. Quien decide sobre conocimiento, infraestructura, energía o recursos naturales actúa sobre posibilidades futuras. La sostenibilidad no prohíbe transformar lo recibido; compromete a incrementarlo y transmitirlo sin imponer cargas injustificadas a quienes aún no participan en las decisiones.

De este conjunto propongo extraer la herramienta de la evaluación ética anticipatoria de decisiones estratégicas. Exige precisar objetivos, identificar derechos y personas afectadas, comparar alternativas, prever consecuencias, establecer responsables y determinar cómo revisar resultados. No reemplaza controles jurídicos ni estudios económicos, conecta sus hallazgos mediante preguntas comunes y documenta las razones de cada elección. Si un sistema automatizado prioriza turnos sanitarios, no basta con reducir demoras, importa quién responde por los errores, cómo se explican sus criterios y qué recurso posee quien resulte perjudicado. Así, los principios se convierten en garantías operativas.

En política exterior, León XIV mencionó la trata, el crimen organizado, el tráfico de armas y drogas y los recursos compartidos. Estos desafíos exigen cooperación sin diluir competencias nacionales. Una diplomacia de responsabilidad estratégica combina defensa de intereses legítimos, proporcionalidad de medios, análisis de consecuencias y construcción de confianza. La negociación no pierde eficacia por incorporar criterios éticos, gana previsibilidad para sostener acuerdos.

Argentina reúne capacidades académicas, jurídicas, científicas y diplomáticas para profundizar estas herramientas en salud, seguridad humana, tecnología y desarrollo. Su valor trasciende cualquier orientación partidaria, consiste en mejorar cómo se fundamentan, ejecutan y evalúan las decisiones.

León XIV no ofreció una técnica de gobierno ni una fórmula diplomática. Sus intervenciones permiten vincular conocimiento, decisión y responsabilidad. Gobernar no es solamente transformar la realidad, sino hacerlo mediante razones defendibles, medios proporcionados y resultados capaces de perdurar. Y aquí, la ética demuestra su utilidad cuando deja de ser un juicio posterior y se convierte en parte de la inteligencia con la que las instituciones deciden.