A once años del primer Ni Una Menos, ¿alguien puede pensar que nos pasamos algún pueblo?

¿Nos pasamos tres pueblos? De ninguna manera. No nos pasamos: abrimos caminos que antes estaban cerrados. Nombramos lo que se escondía puertas adentro, hicimos visible lo que se naturalizaba en chistes, silencios, excusas y expedientes dormidos. Gracias a esa lucha colectiva, hoy existen registros sobre femicidios, leyes, capacitaciones, fiscalías especializadas, líneas de atención y herramientas para prevenir, asistir y reparar. Pero que existan no significa que que alcancen o que no puedan funcionar mejor: muchas veces llegan tarde, están desfinanciadas, no articulan entre sí o revictimizan a quienes deberían proteger. Por eso, el camino no puede ser desarmarlas, sino fortalecerlas, corregir lo que falla y exigir que respondan mejor. Porque cuando el Estado se retira, cuando recorta recursos, el panorama no mejora: deja a más mujeres y niñas libradas a su suerte.

Por eso indigna que, a once años del primer Ni Una Menos, todavía tengamos que explicar por qué el femicidio debe llamarse femicidio. Reconocerlo como tal no jerarquiza unas vidas sobre otras, sino que permite identificar una forma específica de violencia que no es un homicidio común, sino que visibiliza la expresión más extrema de una violencia estructural. Nombrarlo obliga al Estado a investigar con perspectiva de género, atender sus causas y actuar en consecuencia. El caso de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, vuelve esa discusión todavía más urgente: ¿cómo puede ser que, frente a hechos de esta gravedad, haya quienes sigan insistiendo en que las políticas de género son una exageración?

Ante un problema grave y estructural, la respuesta oficial no puede ser relativizar desigualdades y presentar como “igualdad ante la ley” lo que en realidad es una decisión ideológica: desmantelar las herramientas que permitieron identificar y enfrentar una violencia basada en desigualdades históricas de poder.

Decir que si en 2025 bajó la cantidad de femicidios “ya no hacen falta políticas de género” es tan irresponsable como decir que se pueden abandonar las políticas de seguridad vial porque un año disminuyeron las muertes en accidentes. Ninguna política pública seria se mide por una variación aislada ni por la fantasía de erradicar de un día para el otro un problema estructural, sino por su capacidad de prevenir, reducir daños, acompañar a las víctimas, reparar y evitar nuevas violencias.

Los femicidios no son una estadística aislada ni un termómetro de campaña: son la expresión más brutal de una trama de violencias económicas, psicológicas, sexuales, digitales, institucionales y simbólicas que condicionan todos los días la libertad de mujeres, niñas y diversidades. Cuando el país sigue contando femicidios cada pocas decenas de horas, ninguna variación estadística puede usarse para relativizar la gravedad de la violencia.

El caso de Agostina, como tantos otros, nos toca una fibra profunda: una niña asesinada puede ser una hija, una hermana, una amiga, una compañera. Y entonces la pregunta vuelve con toda su crudeza: ¿cómo llegamos hasta acá? La violencia de género no es sólo un tema de mujeres ni una agenda sectorial. Es una responsabilidad social. También interpela a los varones, no desde la culpa individual, sino desde la pregunta por los silencios, las complicidades cotidianas y las formas en que aprendimos a mirar —o a no mirar— la violencia.

Cada femicidio deja expuesta una incomodidad: todavía hay muchos hombres que no saben qué decir, no comparten, no preguntan, no se pronuncian. A veces porque sienten que no les toca; otras, porque temen incomodar a sus pares. En los grupos de WhatsApp, en las charlas entre amigos, en los comentarios al pasar, muchas veces se minimiza, se duda de la víctima, se justifica al conocido, se pregunta “qué hacía ahí”, “por qué fue”, “por qué no denunció”. No todos ejercen violencia, pero todos pueden hacer algo frente a las culturas que la toleran.

Porque los pactos de silencio también educan.

Educar y construir masculinidades sensibles, atentas y responsables también es parte de la solución. No alcanza con pedirles a los varones que no ejerzan violencia: necesitamos enseñarles a registrar el miedo ajeno, a escuchar sin burlarse, a no confundir deseo con derecho, a no naturalizar el control como amor ni la insistencia como conquista. También a intervenir cuando un amigo humilla, acosa, amenaza o justifica lo injustificable.

Porque la violencia no empieza con el golpe ni con el femicidio. Empieza mucho antes: en el chiste que degrada, en el comentario que culpa a la víctima, en el grupo de WhatsApp donde se comparte intimidad sin consentimiento, en la incomodidad de quien ve algo y decide callar.

Criar varones capaces de mirar de frente esas señales, de incomodarse ante la crueldad y de romper pactos de silencio no es una consigna ingenua: es prevención.

Finalmente, cuando todo falla, aparece la Justicia. O debería aparecer. Pero demasiadas veces llega tarde, investiga mal, lento y no adopta las medidas de protección que son indispensables para salvar una vida. Revictimiza, descree, demora, no activa protocolos, interpreta alertas como caprichos adolescentes o conflictos familiares. La impunidad no empieza solo cuando no hay condena: empieza cuando una familia pide ayuda y la institución no está a la altura.

Los feminismos no se pasaron tres pueblos. Se adelantaron a una sociedad que todavía discute si nombrar la violencia de género es exagerado mientras otra familia entierra a una hija. No pedimos privilegios. Pedimos algo elemental: que vivir sin miedo no sea una conquista pendiente.