En la madrugada del 9 de abril, la Cámara de Diputados de la Nación dio sanción a una reforma profundamente regresiva de la Ley de Glaciares, que está lejos de tener el apoyo de la sociedad o de contar con licencia social.
En 2010, la sanción de la ley de glaciares 26.639 fue promovida por una red amplia de organizaciones ambientales, territoriales, científicos del Conicet, activistas, expertos y, por supuesto, sectores políticos, con el objeto de proteger nuestras reservas estratégicas de agua. En ese entonces, quienes participamos activamente de esa red, durante el debate parlamentario tomamos conciencia también de hasta dónde podía llegar el poder de las corporaciones mineras, no solo a través de su influencia en los medios de comunicación, sino también en el propio Congreso Nacional, mediante la compra de voluntades; hecho político denunciado por el entonces diputado Miguel Bonasso (refiriéndose a la “nueva Banelco”). Por eso mismo, al final de todo ese proceso, que terminó con el triunfo colectivo de la Ley de glaciares, acuñamos la frase “A más minería, menos democracia”.
En 2026, el agravamiento del escenario institucional es incomparablemente mayor que hace dieciséis años, pues estamos ante un proceso de captura corporativa del Estado, que hoy se manifiesta en la destrucción de los últimos jirones de nuestro Estado social, y en una embestida final sobre los bienes naturales, hasta ahora protegidos.
En este escenario, las corporaciones mineras no ocultan su intención de avanzar -o incluso de haber avanzado ya- sobre dichas zonas protegidas, esto es, sobre lo inventariado por el IANIGLA (que ocupa solo el 0,21 % del territorio argentino) pese a tener disponible el resto del territorio nacional. Por otro lado, nunca ha sido tan grosero el solapamiento entre el mundo de la política y el de la minería. Tal como hemos denunciado, a medida que aumenta la opacidad en la información, los conflictos de intereses se multiplican. Por último, de manera descarada, tal como nos tiene acostumbrados, y apoyado por las provincias promineras (San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y ahora también Mendoza y Río Negro), el gobierno de Milei se dispuso a cambiar favores por votos, a través del otorgamiento oportuno de partidas de ATN (Aportes del Tesoro Nacional). En el mercado de la casta, la Ley de glaciares se convirtió en una moneda de cambio, una figura extrema de la degradación institucional y del retroceso democrático que estamos viviendo.
Aun así, pese a esta embestida autoritaria, ilegítima, la importancia de defender nuestras reservas de agua fue ganando cada vez más visibilidad mediática y más popularidad. Fue así que artistas, científicos y académicos, expertos y, sobre todo, sectores amplios de la sociedad civil, se inscribieron en la audiencia pública de forma masiva -más de 100.000 inscritos, un récord histórico a nivel mundial. A medida que el involucramiento social crecía, en resonancia con las consignas levantadas por el movimiento socioambiental (“La Ley de glaciares No Se Toca”), la sociedad civil hizo escuchar su voz en las redes sociales, y finalmente también salió a la calle en varias oportunidades, pese a la amenaza de represión, en manifestaciones cada vez más nutridas y heterogéneas.
Vale la pena preguntarse por qué hubo una inscripción masiva, aun sabiendo que las audiencias suelen ser un simulacro de participación, algo que efectivamente sucedió. Nuestra respuesta es que la defensa de los glaciares pasó a convertirse en una causa nacional, esto es, en un reclamo o motivo central que involucra aspectos fundamentales que hacen a la vida de la Nación, su soberanía, su identidad histórica. Nuestra respuesta es que la sociedad argentina, pese a los golpes tremendos que está sufriendo, apela a un dispositivo democrático fundamental, el derecho a la participación, para poner en evidencia la alevosía del atropello antidemocrático que se ha llevado a cabo. Nuestra respuesta es que la sociedad argentina no solo busca dejar una marca de disconformidad (no hay licencia social), sino que, pese a la derrota legislativa, apunta a continuar la disputa.
Por eso, luego del resultado de la votación, en favor de la reforma regresiva de la ley de glaciares, la ciudadanía no quiere abandonar la lucha. Todo lo contrario. Toda esa energía social colectiva puesta al servicio de los glaciares, convertidos en causa nacional, hoy se ha volcado a otra institución, los tribunales, para impulsar la “demanda judicial colectiva más grande de la historia”.
La propuesta, que nació de varias organizaciones ambientales (Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y FARN), en convergencia con numerosas organizaciones territoriales y asambleas de base, está dirigida a toda la sociedad civil, porque lo que está en juego no es un interés sectorial sino el acceso al agua, la integridad de los territorios, la posibilidad misma de un futuro habitable. Se trata de una convocatoria amplia, federal, abierta. Sumarse a esta demanda colectiva no implica asumir obligaciones legales, pero sí supone formar parte de algo mucho más grande, que es la construcción de una gran fuerza colectiva, una ola imparable en defensa de una causa nacional. A menos de una semana de iniciada, la acción cuenta ya con el apoyo de más de 850 mil firmas (se acerca al millón), un hecho político inédito que nos debe hacer reflexionar.
En suma, desde el movimiento socioambiental tenemos que ser conscientes de que la defensa de los glaciares y el ambiente periglacial, se ha convertido en una causa nacional, que desborda cualquier estamento social, cualquier organización, y refleja la preocupación de amplios sectores de la sociedad acerca del retroceso en términos de derechos y, sobre todo, del carácter irreversible que implicaría la destrucción de nuestras reservas estratégicas de agua. Queda claro que esta disputa no se resolverá únicamente en los tribunales, aunque allí también la sociedad organizada dará batalla. Disputas tan centrales como ésta se resuelven, como tantas veces en nuestra historia, en la articulación entre la calle y las instituciones. El Palacio y la calle. Un pie en Tribunales y otro en las plazas y calles de todo el país, porque cada vez queda más claro que no puede haber justicia ambiental sin protagonismo popular.