En las últimas semanas, el gobierno nacional intentó mostrar que está dando respuesta a la emergencia en discapacidad a través de resoluciones, reordenamientos normativos y movimientos administrativos que, en apariencia, irían en línea con el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, votada cinco veces por el Congreso Nacional y ratificada por la Justicia. Pero esa puesta en escena choca de frente con la realidad: no hay cumplimiento posible cuando el propio Ministerio de Salud interrumpe la cadena de pagos de prestaciones esenciales y deja colapsar el sistema.
Cientos de instituciones en todo el país todavía no han cobrado sus servicios desde octubre y noviembre de 2025. No se trata de un atraso técnico ni de una dificultad burocrática, se trata de una decisión política que pone en riesgo la continuidad de los apoyos, tratamientos, permanencia en hogares, centros de día, CET y servicios básicos para miles de personas con discapacidad en todo el país.
Desde el cierre de la ANDIS, el ministro de Salud de la Nación no ha garantizado la regularización de pagos, no ha dado previsibilidad al sistema y ha permitido que se profundice una crisis que ya no puede explicarse como desorden administrativo. Se firman resoluciones para anunciar el cumplimento de la Ley, pero no se garantiza el presupuesto para que esas medidas tengan efecto real; y una norma sin ejecución presupuestaria no es cumplimiento, es simulación.
La propia Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina lo advirtió en su carta del 1° de abril al ministro Lugones, donde describió la “grave situación” que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad, afectadas por el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales.
Desde CAIDIS y desde mi responsabilidad en la Secretaria de Relaciones Institucionales y Discapacidad del Municipio de Cañuelas, vemos en el territorio todos los días cómo esta crisis impacta en las familias. Estamos hablando de un sistema del que dependen 250 mil personas con discapacidad y que afecta indirectamente a más de un millón de personas entre familiares, trabajadores, profesionales e instituciones. Mientras tanto, hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos y transportistas hacen esfuerzos extraordinarios para no cortar prestaciones, endeudándose para sostener lo que el Estado debería garantizar.
Por eso, en estos días estamos advirtiendo que ante la Ley de Emergencia, el ministro de Salud de la Nación hace la trampa de realizar anuncios y formalizarlos con resoluciones que quedan suspendidas por falta de financiamiento.
Los derechos se garantizan con asignación presupuestaria y decisión política. Si el gobierno nacional realmente quiere cumplir la Ley, debe empezar por lo básico, que es la regularización inmediata de la cadena de pagos de Incluir Salud y PAMI, el pago de las compensaciones adeudadas a las instituciones, y asegurar un sistema en el que nunca más las personas con discapacidad, las más vulnerables de toda sociedad, sean rehenes del ajuste, porque recortar en discapacidad no ordena la economía.