La estrategia del Presidente y su hermana Karina para sostener al cada vez más complicado jefe de Gabinete es tan conocida como poco eficaz: apelar a culpas ajenas, señalando disparatadas conspiraciones y presuntas operaciones políticas, y replegándose hacia sus votantes duros, a quienes interpela con un discurso recargado contra los medios y la oposición.
Y, mientras tanto, mostrar públicamente un sobreactuado respaldo al funcionario al tiempo que intentar escenificar una supuesta normalidad. Una tarea que, a la luz de lo ocurrido desde que se revelara el pasado 8 de marzo el viaje a Nueva York de su mujer en la delegación oficial, no solo no estaría dando resultados, sino que parece instalar el tema como centro gravitante de la agenda política y, conforme se conocen nuevos capítulos sobre el patrimonio del funcionario, se registra un impacto cada vez mayor sobre la ya horadada imagen del gobierno.
La gestión de crisis del oficialismo, una vez más, da cuentas de los inocultables déficits de un gobierno que no solo no logra eludir el recurrente autoboicot y los daños autoinfligidos, sino que prolonga el impacto de los escándalos con una pobre estrategia de control de daños y una mala comunicación.
Las similitudes con el caso Espert son bastante obvias, tanto por los argumentos esgrimidos para defender a ambos referentes libertarios como por el empecinamiento en sobreactuar un respaldo cada vez más oneroso en términos de imagen y credibilidad, y prolongar la agonía entendiendo erróneamente que es mayor el costo de propiciar la salida del funcionario cuestionado que el de respaldarlo e intentar resistir hasta que el tema se diluya de la agenda o se produzca algún otro acontecimiento que se lleve toda la atención.
En el caso del frustrado candidato a diputado fue el resultado electoral, tan sorpresivo como contundente, el acontecimiento que desplazó el eje de la conversación y condenó al dirigente al ostracismo y el peregrinaje por tribunales. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con la frustrada candidatura bonaerense de Espert, en el caso Adorni se condensan otras variables que explican tanto su persistencia en la agenda como la profundidad del daño, y que tienen que ver no solo con la cercanía del funcionario al corazón del poder libertario, sino por su propio papel como mordaz y pendenciero ariete de la batalla cultural contra los privilegios de la casta.
Lo cierto es que el gobierno no logra dar vuelta la página, y el escándalo está lejos de disiparse en un escenario donde la justicia avanza rápidamente para asegurar pruebas que podrían configurar una acusación formal por enriquecimiento ilícito, a la vez que investigaciones periodísticas habrían de confirmar un nuevo viaje del vapuleado funcionario a un destino de lujo a todas luces incompatible con lo que mostraría su declaración jurada patrimonial. Frente a ello, el atroz silencio del jefe de gabinete hace más ruidoso un escándalo que golpea de lleno al discurso libertario.
Ni siquiera el fallo favorable a la Argentina en Nueva York por la expropiación de YPF, un acontecimiento de alto impacto por su trascendencia política y económica, que el gobierno buscó capitalizar para renovar la estrategia de confrontación con el kirchnerismo en general y el gobernador Kicillof en particular, logró eclipsar el escándalo.
No es, por cierto, el primer escándalo que atraviesa la gestión, más allá del ya mencionado caso de Espert. Desde el caso ANDIS y los audios de Spagnuolo a la todavía vigente polémica por el presunto fraude de la criptomoneda Libra, son varias las situaciones de este tipo que hubo de enfrentar el gobierno, y en todas se repitió un mismo patrón: una deficiente gestión de crisis que lejos de controlar daños e intentar reconstruir la reputación del gobierno, profundizó las heridas autoinfligidas.
Lo que cambia, ahora, no es solo el perfil del funcionario involucrado, sino fundamentalmente un contexto económico cada vez más complejo en el que reaparece la inflación, disminuyen los ingresos disponibles de las familias, se consolida el desplome del consumo, crece el temor al desempleo y se erosionan las expectativas de una reactivación económica que se haga sentir en el bolsillo de los ciudadanos de a pie.
Así las cosas, el gobierno se repliega una vez más en su discurso victimizador y se endurece para interpelar a sus votantes duros, procrastinando a la espera de que todo se ordene mágicamente con una mejora de la economía que recree expectativas e insufle nuevos bríos a una gestión que evidencia notables signos de desgaste. En este sentido, entre los más conspicuos representantes del voluntarismo mileista comienzan a aferrarse a las perspectivas de un segundo trimestre en el que la liquidación de la cosecha, la baja de la inflación y la caída de las tasas habrían de inaugurar un período más virtuoso.
Un optimismo, como mínimo, algo desmedido no solo frente a un escenario local cada vez más complejo, sino frente a un contexto geopolítico global que introduce nuevas fuentes de incertidumbre, y reduce las posibilidades de un nueva intervención providencial de las “fuerzas del cielo” (sea el FMI o Trump).
A partir de ahora, los temas y las urgencias serán muy terrenales, incluso muchas de ellas implicarán tratar de hacer pie en un verdadero lodazal.