El kirchnerismo, cuando fue gobierno, convirtió la estadística en propaganda: primero falseó los datos, después, intentó revestir esa práctica con una supuesta moral técnica. Hoy, paradójicamente, pretende erigirse en árbitro del rigor estadístico y dar lecciones sobre una materia que degradó de manera sistemática.
No se trata de una discusión menor ni meramente técnica. Como advertía Juan Bautista Alberdi, “otro medio de impedir que los delegatarios de la soberanía abusen de su ejercicio en daño del pueblo a quien pertenece es la publicidad de todos los actos que lo constituyen. La publicidad es la garantía de las garantías”. La información que produce el organismo estadístico oficial no es un insumo neutro: forma parte del sistema de gobierno y constituye un pilar de la institucionalidad republicana.
Por eso, toda intención de manipular datos o información desde el poder político impacta de lleno en la credibilidad de los documentos oficiales y compromete la confianza pública. Sin confianza, no hay decisiones racionales ni previsibilidad; hay sospecha, incertidumbre y debilitamiento institucional.
Así lo entendió la Cámara Federal de Casación Penal en el caso “Moreno, Mario Guillermo y otros s/ recurso de casación”, al señalar con claridad que la cuestión vinculada al INDEC mantiene una relación directa con la institucionalidad del Estado. El tribunal destacó que el Instituto cumple un rol esencial en la producción de información pública, que debe ser clara, concreta y confiable, en tanto constituye un insumo fundamental para la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el privado.
En las páginas de esa resolución, el órgano jurisdiccional fue categórico: “la inserción de datos falsos en comunicados oficiales constituye el delito de falsedad ideológica”, en la medida en que afecta la credibilidad de los documentos públicos y provoca un daño directo a la confianza en las estadísticas oficiales. Los jueces también tuvieron por acreditada una grave violación a los artículos 10 y 13 de la Ley 17.622, orientada —nada menos— a la obtención ilegítima de información protegida por el secreto estadístico, en abierta transgresión al marco legal vigente.
De ese fallo emerge un principio que debería regir a todo gobierno republicano: “la falta de transparencia en los actos de los gobernantes y la ausencia de fundamentación de sus decisiones repercuten en la sociedad generando un velo de desconfianza generalizada que lesiona la legitimidad de las instituciones democráticas”.
En ese sentido, todo acto —o intento— de manipulación del INDEC constituye un atentado contra el sistema republicano. Porque sin números reales no hay verdad; sin verdad, no hay Estado. Lo que queda es la desconfianza como método de control. Así se erosionan, una a una, las columnas del pesado edificio de la democracia. La libertad también se juega ahí: en el derecho a contar con información clara, concreta y sin restricciones.