Hay una hipocresía monumental que orbita el debate público argentino, una suerte de elefante en la sala que todos ven pero del que la mitad del arco político prefiere no hablar o peor aún, prefiere disfrazar con eufemismos sociológicos de cafetín universitario. Me refiero a la obstinada defensa del status quo en materia penal juvenil, un conservadurismo rancio que paradójicamente emana de quienes se autodenominan progresistas. Es fascinante y casi digno de estudio psiquiátrico observar cómo los sectores que han hecho de la memoria del proceso militar su bandera política, se aferran con uñas y dientes a la Ley 22.278.
Permítanme ser brutalmente claro desde el principio, el régimen penal juvenil que hoy rige en la Argentina, ese que permite que un asesino de 15 años vuelva a su casa antes de que la familia de la víctima pueda siquiera duelar a su ser querido, fue firmado por Jorge Rafael Videla en 1980. Sí, la "izquierda" argentina defiende un decreto-ley de la dictadura y lo hace porque ese decreto encarna la visión paternalista, tutelar y profundamente autoritaria del Estado que ellos aman, donde el menor no es un sujeto de derecho con responsabilidades, sino un objeto de tutela, una “cosa” sobre la cual el juez dispone arbitrariamente ya sea para encerrarlo sin proceso o, como ocurre hoy por la desidia garantista, para soltarlo sin consecuencias.
El proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil enviado por el gobierno del Presidente Javier Milei y la entonces Ministra, y actual Senadora, Patricia Bullrich, no viene simplemente a “bajar la edad”, eso es una simplificación mediática, sino que viene a dinamitar la lógica perversa de un sistema que ha infantilizado el crimen y desprotegido a la sociedad civil. La propuesta de fijar la imputabilidad a los 13 años no es un capricho punitivista de una derecha sedienta de vendettas como gustan de publicitar no pocas editoriales, es un acto de sinceramiento biológico, cultural y jurídico.
En el siglo XXI un chico de 13 años tiene en su bolsillo, a través de un celular, acceso a más información de la que tenía el Presidente de la Nación hace cincuenta años, por lo que pretender que ese mismo individuo que usa redes, que comprende transacciones y que vive inmerso en una sociedad hiperconectada carece de la comprensión básica de la criminalidad de un acto como matar, violar o robar a mano armada, no es solo una mentira sino un insulto a la inteligencia colectiva. La inimputabilidad tal como está planteada hoy no es una garantía de derechos humanos, es una licencia para matar, una patente de corso que el Estado otorga a quienes deciden romper el contrato social siempre y cuando tengan la edad adecuada.
Analicemos la cuestión desde la filosofía liberal del derecho, esa que tanto molesta a los cultores del zaffaronismo, porque la libertad conlleva responsabilidad y no existe la una sin la otra. Si reconocemos a los adolescentes como sujetos de derecho, derecho a ser oídos, derecho a la identidad o derecho a decidir sobre sus cuerpos en muchos aspectos, debemos inevitablemente reconocerlos como sujetos de responsabilidad. Negarles la capacidad de ser imputados es negarles su condición de personas morales, es decirles "tus actos no importan, no tienen peso en el mundo, sos un autómata determinado por tu circunstancia socio-económica o tu entorno“, una visión determinista que ha destruido la noción de individuo en la Argentina.
El proyecto oficialista viene a restituir esa dignidad, si sos capaz de empuñar un arma y arruinar una vida, el Estado te va a tratar como tal en el sentido de la responsabilidad, con todas las garantías del debido proceso que la ley de Videla te negaba pero con toda la severidad de la pena que tu acto merece. Imputabilidad no es cárcel indiscriminada, imputabilidad es proceso, es juicio, es defensa y es finalmente consecuencia. Miremos el mapa regional porque a veces parece que Argentina se cree una isla moral superior al resto del mundo, dado que en Brasil la responsabilidad comienza a los 12 años, en Uruguay a los 13 y en Chile a los 14.
¿Son Brasil, Uruguay o Chile estados fascistas violadores de derechos humanos? No, son democracias que entendieron que la seguridad pública es un derecho humano fundamental, quizás el más básico de todos, porque sin vida no hay libertad ni propiedad posible. El aislamiento argentino en esta materia ha tenido un costo operativo devastador ya que el crimen organizado, que de tonto no tiene un pelo, ha leído nuestra legislación mejor que muchos jueces, y las bandas narco en Rosario o en el Conurbano utilizan a menores como mano de obra barata y descartable precisamente porque saben que son impunes.
El “soldadito” narco es una creación cuasi-directa de la Ley 22.278, y al bajar la edad a los 13 años, el proyecto Milei-Bullrich le quita al narcotráfico su ejército de inimputables y les encarece el costo de delinquir, una medida de mercado criminal donde si el menor puede ir preso hasta 20 años, el incentivo para reclutarlo disminuye drásticamente y el incentivo del menor para participar se desploma. Profundicemos en el texto y la técnica del proyecto porque ahí es donde se juega la batalla contra el relato abolicionista, considerando que se dice que esto viola la Convención sobre los Derechos del Niño, pero eso es falso.
La Convención exige un sistema especializado y no impunidad, su artículo 40 habla de establecer una edad mínima pero no dice cuál, y si bien el Comité de los Derechos del Niño sugiere que no sea demasiado baja, deja margen a los Estados, por lo que fijarla en 13 años es razonable, es prudente y es necesario. El proyecto establece penas máximas de hasta 20 años y esto es crucial, porque hoy un menor que comete un homicidio criminis causa a los 17 años muchas veces termina con penas irrisorias o en libertad asistida, mientras que la nueva ley trae proporcionalidad, si el delito es gravísimo la pena debe ser gravísima.
No podemos equiparar el pungueo, por ejemplo, con la ejecución a sangre fría de un playero de estación de servicio como Bruno Bussanich, quien tenía 25 años mientras su asesino tenía 15. Para la ley actual el asesino es una víctima y Bruno es una estadística, pero para el nuevo proyecto el asesino es un homicida que debe pagar con años de encierro efectivo y Bruno es un ciudadano al que el Estado le falló pero al que ahora le debe, al menos, justicia. Y hablemos también de la Doctrina del Orden, porque el orden no es una mala palabra aunque el progresismo intente a menudo asociarla a uniformes militares y agitar fantasmas de una caída sobreviniente de la democracia… el orden es la condición de posibilidad de la vida civilizada.
En una sociedad donde cualquiera puede hacer cualquier cosa sin consecuencias rige la ley de la selva que es la ley del más fuerte, y en la ley del más fuerte siempre pierden los más débiles, los pobres, los trabajadores que esperan el bondi, que laburan de changas, los que más dependen de que el Estado funcione en sus funciones esenciales y funcione bien. La gente que puede probablemente en su barrio o edificio tiene alguna forma de seguridad privada o vive en barrios cerrados, pero el orden público es el patrimonio de todos, y es especialmente relevante para los que menos tienen, porque cuando el Estado se retira y deja que bandas de delincuentes armados aterroricen un barrio bajo la excusa de la “exclusión social”, está abandonando a los miles de honestos que viven en ese mismo barrio y sufren condiciones socio-económicas similares pero eligen comportarse conforme a derecho al no salir de caño.
Validar el delito juvenil por la pobreza es criminalizar a los pobres honestos y es escupirles en la cara a los padres que se rompen el lomo para criar hijos decentes en contextos difíciles, así que el mensaje de la nueva ley es claro, no importa de dónde vengas, si cruzás la línea de la ley, la ley te va a caer con todo encima. Ahora bien, no seamos ingenuos porque el punitivismo por sí solo, sin estructura, es demagogia y aquí es donde el proyecto debe ser auditado con lupa.
La ley promete establecimientos especializados y esto es innegociable, no podemos mezclar a un chico de 13 años con un violador serial de 50 en Devoto porque entonces sí estaríamos ante la posibilidad de crear entornos con resultados previsiblemente negativos. El Estado debe demostrar que tiene la capacidad de gestión para construir y administrar centros de detención de alta seguridad juvenil donde el encierro sea real, con paredones, rejas y cerrojos, pero donde el régimen sea intensivamente educativo y laboral.
No “institutos” que son depósitos inmundos donde los pibes se perfeccionan en el arte de la faca, sino centros de aislamiento y reformulación conductual estricta, ya que el encierro cumple una función preventiva neutralizante y mientras el joven peligroso está adentro no está matando afuera, lo cual ya es ganancia neta para la sociedad. Si además logramos que adquiera hábitos de conducta mejor, y si no los adquiere, al menos habrá cumplido su pena y la sociedad habrá tenido su reparación.
Hay otro punto técnico muy bueno en la propuesta que es el sistema procesal acusatorio para menores, donde se terminan los jueces tutelares que hacen de “padres sustitutos” y entra el fiscal que acusa, el defensor que defiende y el juez imparcial que sentencia. Esto eleva el estándar de garantías y es irónico que los garantistas se opongan a esto, parece que prefieren el sistema inquisitivo actual porque les permite la discrecionalidad de armar una puerta giratoria, pero el nuevo sistema obliga a producir prueba, a debatir y a sentenciar.
Además permite a las víctimas a ser parte del proceso: hasta hoy la víctima en el proceso penal juvenil era un convidado de piedra pero el nuevo régimen le da protagonismo dándole voz y voto, permitiéndole exigir que el Estado no pacte impunidad a sus espaldas. No faltarán quienes agiten el fantasma de la inconstitucionalidad o reciten fallos de la Corte Interamericana como si fueran las Tablas de la Ley, pero a ellos hay que responderles con la Constitución Nacional cuyo preámbulo manda “afianzar la justicia” y “asegurar los beneficios de la libertad”.
No hay justicia cuando un crimen queda impune por la edad del autor y no hay libertad cuando el ciudadano vive encerrado tras rejas mientras los delincuentes dominan la vereda. La Convención de los Derechos del Niño dice que la prisión debe ser el “último recurso”, perfecto, para un homicida, para un violador o para un secuestrador el último recurso ha llegado, y no hay medida alternativa que valga cuando hay sangre derramada. La “justicia restaurativa” y la mediación quizás pueden funcionar para quien rompe un vidrio o grafitea, pero para quien mata, la única respuesta republicana es la privación de la libertad.
Ojalá estemos ante un cambio de paradigma cultural, dejando atrás la cultura de la excusa que busca en la infancia difícil del victimario la justificación para el dolor de la víctima y pasemos a la cultura de la responsabilidad. Es un paso doloroso porque nadie quiere ver a chicos de 13 años presos, es una tragedia que hayamos llegado a esto, pero la fiebre no se cura rompiendo el termómetro y la realidad del delito juvenil existe, es violenta y es letal, por lo que negarla no salva a ningún chico y solo condena a más inocentes. Aprobar esta ley es un acto de madurez cívica, es decirle al mundo y a nosotros mismos que en Argentina se acabó la joda, que las acciones tienen consecuencias y que el Estado ha decidido, por fin, ponerse del lado de los ciudadanos que cumplen la ley.
Es hora de que el Congreso deje de especular y empiece a ocuparse de la realidad tangible que enmarca la lucha contra la inseguridad, porque la nueva Ley Penal Juvenil no es una opción sino una urgencia de ordenamiento nacional. Si queremos ser un país serio empecemos por tener un sistema penal que no trate a asesinos como si fueran niños traviesos, el que las hace las paga.