El día finalmente llegó. Tras tres décadas de idas y vueltas, avances técnicos, retrocesos políticos y renegociaciones profundas, la Unión Europea y el Mercosur firmaron en Asunción el acuerdo birregional más ambicioso jamás concluido por ambos bloques. No se trató simplemente del cierre de un tratado comercial largamente postergado, sino del desenlace de un proceso iniciado formalmente en diciembre de 1995, cuando en la Cumbre de Madrid ambas regiones decidieron explorar una asociación estratégica que excediera estrictamente económico.
Desde aquel primer entendimiento político, el camino fue todo menos lineal. A fines de los años noventa se lanzó la negociación formal; en los primeros años del nuevo siglo, el diálogo quedó virtualmente congelado por la crisis argentina, la ampliación de la Unión Europea hacia el Este y el colapso de la Ronda de Doha de la OMC. Recién en 2010 se retomaron las conversaciones con mayor impulso, aunque sin resultados concretos. El acuerdo político alcanzado en 2019 marcó un punto de inflexión, pero no su final, dado que las objeciones ambientales, las resistencias sectoriales en Europa y los cambios de signo político en varios países sudamericanos obligaron a una revisión profunda del texto, que culminó recién en 2024 con la incorporación de compromisos reforzados en materia de sostenibilidad.
La firma en Asunción cerró así, un ciclo histórico. El acuerdo fue suscripto por las máximas autoridades de la Comisión y del Consejo Europeo, junto con los cancilleres de los cuatro países del Mercosur, en presencia de los presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay. Brasil, actor central del bloque, optó por una ausencia presidencial cuidadosamente explicada en clave política: no haber logrado concretar la firma durante su presidencia pro tempore del Mercosur restó incentivo simbólico a una presencia que, sin embargo, no alteró el consenso alcanzado.
Desde el punto de vista comercial, el acuerdo crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, integrando mercados que representan cerca del 20% del PIB global y más de 700 millones de personas. Para la Argentina, esto significa una oportunidad estratégica difícil de exagerar. El acceso preferencial y previsible al mercado europeo para productos agroindustriales, alimentos procesados y economías regionales abre un horizonte de largo plazo para un país estructuralmente necesitado de divisas, previsibilidad exportadora y ampliación de mercados.
A diferencia de otros procesos de apertura abrupta, el acuerdo contempla asimetrías y plazos diferenciados. La Argentina obtuvo períodos de transición extensos para sectores industriales sensibles -automotriz, metalmecánico, bienes de capital- y mantuvo márgenes de política industrial que resultarán claves para evitar impactos desestabilizadores. Al mismo tiempo, el sector agroexportador queda posicionado como uno de los principales beneficiarios, no sólo por las reducciones arancelarias, sino por la consolidación de reglas claras, previsibles y estables para el comercio con Europa.
Pero reducir el acuerdo a una suma de concesiones arancelarias sería un gravísimo error. Para la Argentina, el valor estratégico reside también en su dimensión no comercial: la cooperación tecnológica, la convergencia regulatoria, los estándares sanitarios, el acceso a compras públicas, el reconocimiento de indicaciones geográficas y el diálogo político estructurado. En un mundo crecientemente fragmentado, este entramado institucional ofrece algo cada vez más escaso: la previsibilidad.
Sin embargo, la entrada en vigor del acuerdo no será inmediata. Mientras el pilar estrictamente comercial quedó en condiciones de aplicarse provisionalmente tras la aprobación del Parlamento Europeo, los capítulos político y de cooperación quedan sujetos a la ratificación de todos los parlamentos nacionales europeos y de los congresos del Mercosur. Ese proceso, complejo y políticamente sensible, marcará la próxima etapa del acuerdo y exigirá liderazgo político, capacidad técnica y una narrativa pública que supere prejuicios y simplificaciones.
Para la Argentina, el desafío es ahora poder transformar este acuerdo en una política de desarrollo y no en un simple atajo exportador. Aprovecharlo implicará inversión, mejora de la competitividad, cumplimiento de estándares ambientales y laborales, y una estrategia de inserción internacional coherente. Pero la oportunidad es real, ya que pocas veces el país accedió, en condiciones negociadas y equilibradas, a un mercado como el europeo.
Así, la firma de Asunción no cierra un debate, sino que lo abre. Concluye sí, una negociación que parecía interminable y que atravesó tres décadas de cambios geopolíticos profundos. Pero en tiempos de repliegue, proteccionismo selectivo y tensiones sistémicas, la Unión Europea y el Mercosur han apostado sabiamente por las reglas, por la institucionalidad y por una asociación estratégica birregional única. Para la Argentina, esa apuesta no es menor ya que implica una decisión de largo plazo, tomada pensando más allá de la coyuntura.