Hace pocos días, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires anunció los 1.126 proyectos de 14 categorías, beneficiados por el Programa de Mecenazgo Cultural. Como señala una nota de Infobae: “La iniciativa recibirá un financiamiento total de más de 4 mil millones de pesos, de los cuales el aporte privado será de 880 millones de pesos”.
Es claro que el programa tiene impacto sobre la actividad cultural en la ciudad, pero, frente a la realidad educativa que enfrentamos, es lícito preguntarnos por qué no evaluar una legislación de mecenazgo educativo, dirigido a aquellos niños que menos tienen y más lo necesitan
¿Por qué no generar incentivos fiscales que faciliten, por ejemplo, el funcionamiento de escuelas privadas, gratuitas, de excelencia, en los barrios más carenciados de la ciudad?
A modo de ilustración, veamos dos experiencias de otras latitudes en las cuales la participación del aporte privado generó posibilidades impensables para niños y jóvenes de hogares extremadamente pobres.
Años atrás el, por entonces, alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, apoyó la iniciativa de importantes figuras de Wall Street quienes crearon la New York Scholarships Foundation, la cual ofreció vouchers educativos a alrededor de 1.000 familias de bajos ingresos con hijos en edad escolar; mediante los mismos los beneficiarios pudieron elegir entre cientos de escuelas privadas, religiosas o laicas, que existían en la ciudad de Nueva York y cuyo arancel alcanzaba a ser cubierto por el voucher.
El interés fue masivo; más de 20.000 familias se inscribieron en una lotería para acceder a los vouchers. El impacto sobre los niños Afroamericanos fue notable, incrementándose un 31% el número de aquellos que accedieron a estudios universitarios. Es más, también se duplicó el porcentaje de quienes lograron ingresar en universidades de elite.
Veamos ahora un caso más cercano. En Uruguay existe una legislación de mecenazgo que facilita el funcionamiento de centros educativos gratuitos, de gestión privada, que se financian con aportes de empresas o particulares, no reciben ninguna subvención del Estado y brindan educación a estudiantes que viven por debajo de la línea de pobreza, alcanzando rendimientos académicos comparables con las mejores escuelas del país: “Las donaciones que las empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentas e Impuesto al Patrimonio realicen a las entidades que se indican en el artículo siguiente (ej. Instituciones privadas cuyo objeto sea la educación primaria o secundaria que atiendan a las poblaciones más carenciadas) gozarán del siguiente beneficio: El 75% de las sumas se imputará como pago a cuenta de los tributos mencionados. El 25% restante podrá ser imputado a los efectos fiscales como gasto de la empresa”.
Como muestra basta un botón. En junio pasado, el Liceo Impulso (escuela secundaria), que se encuentra en Casavalle, uno de los vecindarios más pobres de Montevideo, anunció la inauguración de su escuela primaria. Los gastos de construcción, así como los costos operativos de su funcionamiento durante al menos los primeros 10 años, fueron cubiertos por Marcos Galperín, CEO y fundador de Mercado Libre. Sobran las palabras.
Si en Casavalle funcionan escuelas de excelencia financiadas gracias a una legislación de mecenazgo educativo que lo hace posible, ¿por qué no en la Villa 31 o en la 1-11-14?
No soy quién para evaluar los beneficios para nuestra sociedad del mecenazgo cultural, pero la vida de muchos niños y jóvenes de las familias más pobres de la ciudad podría verse radicalmente transformada mediante una legislación que facilite el mecenazgo educativo. Vale la pena considerarlo.