El planeta está a punto de sobrepasar algunos umbrales de calentamiento global que pueden generar impactos catastróficos para la humanidad en su conjunto y que tienen consecuencias palpables en lo inmediato para numerosas personas y naciones en situación de especial vulnerabilidad, como lo ilustran las imágenes de las inundaciones sin parangón en el sur del Brasil.
Frente a la triple crisis planetaria y las tendencias ominosas de aumento de las temperaturas que revelan las últimas conferencias internacionales sobre cambio climático (COPs), desde los confines del mundo se han generado tres reclamos estatales frente a tribunales internacionales en búsqueda de soluciones. Así presentaron solicitudes de opiniones consultivas los pequeños Estados insulares cuya existencia está en riesgo ante el Tribunal del Mar y la Corte Internacional de Justicia; y en América, Chile y Colombia, dos naciones megadiversas, se acercaron a la Corte Interamericana de DDHH para pedir guía sobre el abordaje de la emergencia desde una perspectiva de derechos humanos a nivel nacional, regional y global.
Esta semana, en el corazón de la Amazonia, se dará un debate fundamental sobre las implicancias de la emergencia climática para la gobernabilidad, los derechos humanos, los derechos de los pueblos, los pueblos indígenas y los y las defensoras de derechos que son guardianes de la tierra, la ciudadanía y las nuevas generaciones. La Corte Interamericana está convocando a un debate amplio e inusual que reúne a actores estatales junto con muchos que no tienen voz en los debates sobre las afectaciones y soluciones a la emergencia climática pese a estar enfrentándolos en el cotidiano desde los corredores universitarios, a los territorios amazónicos, a las oficinas y estrados de la administración pública y la justicia. La Corte IDH convocó, junto con los Estados de la región, a centenares de expertas, defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades afectadas y representantes de diversas entidades estatales y empresas para oír sus observaciones a las ambiciosas preguntas planteadas por Chile y Colombia en su solicitud de opinión consultiva en una serie de consultas que se llevarán a cabo en Brasilia y Manaos.
El debate planteado no solo trata de la identificación de los problemas y sus consecuencias jurídicas, sino de las soluciones que puede apalancar el derecho internacional de los derechos humanos para dar respuesta a la emergencia climática con implicancias para ralentizar el calentamiento, proteger la Amazonia, fortalecer las herramientas de garantía de los derechos, disminuir el desplazamiento y la migración forzada y fortalecer la democracia.
El proceso de debate aireado y plural en el tribunal interamericano permite construir mejores hojas de ruta que tengan a las personas y a los pueblos en el centro de la discusión y que estén regidas por principios de igualdad, dignidad y derechos, fomentando soluciones más sostenibles, justas y duraderas.
En la práctica, la respuesta que brinde la Corte dará mayor claridad a las obligaciones de actuar y proteger de los gobiernos a nivel local e internacional de manera individual y conjunta, las pautas para la producción y el acceso a la información ambiental que permitan prevenir riesgos. También proveerá las garantías de acceso a la justicia para dar respuesta eficaz y oportuna a la emergencia climática, las medidas para asegurar el entorno seguro para la defensa de derechos frente a los desafíos que genera la respuesta a la emergencia en la región, las obligaciones compartidas pero diferenciadas y las obligaciones de reparación transformadora que tienen los gobiernos de manera individual y colectiva. La opinión consultiva generará una hoja de ruta para modificar las prácticas estatales y empresariales, la legislación y la respuesta de la administración de justicia para acelerar la respuesta a la emergencia climática con una perspectiva de justicia, igualdad y derechos. Quizás esta vez, otro mundo sea posible.
¡Nos vemos en Brasil!
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