“(...)Tómate del pasamanos, Porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos pero se fueron igual (...)” reza la canción para mi muerte de Sui Generis ¿Es eso lo que algunos esperan para reformar la fórmula de movilidad jubilatoria?
Hace ya décadas que los jubilados y pensionados forman parte de los principales perjudicados por los vaivenes de la errática política económica que ha padecido la Argentina. Esto se torna en una situación más angustiosa aún cuando consideramos la injusticia en la que se encuentran tras una vida de décadas de arduo trabajo y aportes pero la jubilación no está a la orden del día para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores.
Tan solo entre 2020 y 2023, la inflación fue de 1146%. Competimos en el podio con países como Líbano, Turquía y Venezuela. Pero los ingresos, en contrapartida, avanzaron entre el 590% y 743%. El deterioro de la capacidad de compra es evidente. Si solo tomamos 2023 el deterioro superó el 37%.
Cuando observamos el valor real de los haberes jubilatorios del sistema general de la Anses notamos que cayó entre un tercio y casi un 45%. Es decir que quienes no cobraron los bonos -que son un parche compensatorio al descalabro kirchnerista- vieron licuar su poder adquisitivo un 40%.
En un sistema normal, como el que rige en la mayoría de los países serios del mundo al que nos queremos parecer, el trabajador va realizando aportes a lo largo de su vida laboral para que, cuando llegue la hora del retiro, pueda gozar de su jubilación bien habida acorde a los aportes realizados y así vivir sin problemas. Sin embargo, esa no es la realidad argentina. Porque acá no hay un sistema común. Y eso se debe a que no permitieron que rija un sistema lógico aún cuando se lo propuso como en 2017 y se va a proponer nuevamente en unos días.
Comencemos recordando que hace más de una década, cuando la presidente Fernández de Kirchner incorporó al sistema de reparto a millones de personas más que podrían tener derecho a algún tipo de beneficio social (como amas de casa o adultos mayores sin aportes) del mismo modo a los que habían aportado a lo largo de décadas la ecuación se alteró. Más que alteró se desequilibró. Detenernos en ello es crítico. No porque los incorporados en moratorias no merecían beneficio alguno ni un sistema de protección, sino porque igualó al resto de los trabajadores que habían aportado al sistema con su salario durante años. En consecuencia, y como ello derivará en mayor gasto (sustentado históricamente con la maquinita que imprime para respaldarlo alimentando así al monstruo inflacionario) ello devino en una erosión total y absoluta de las jubilaciones que fueron niveladas para abajo. En otras palabras, por querer presuntamente “ayudar” a una parte terminaron perjudicando a todos.
Repasemos qué sucedió en los últimos años al respecto.
En 2017, cuando el gobierno de Macri tuvo la voluntad política de modificar la fórmula jubilatoria no solo para que ésta no dependa de la discrecionalidad del gobierno de turno -ya que se actualizaba a voluntad del Poder Ejecutivo cada seis meses en base a lo recaudado- sino que se actualice automáticamente cada tres meses por encima de la inflación el peronismo y la izquierda respondieron con el gordo mortero y con 14 toneladas de piedras arrojadas al Congreso.
Cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada prometió llenar las heladeras. Pero en lugar de ello, se sancionó una ley de emergencia que incluyó facultades (ahí no había escándalo alguno por delegar facultades) para que el ejecutivo pudiera manipular las prestaciones jubilatorias borrando de un plumazo lo logrado en diciembre de 2017. Los incrementos discrecionales otorgados por el Gobierno neokirchnerista a los jubilados fueron inferiores a los que les habrían correspondido según la fórmula de 2017, y para colmo no todos los aumentos superaron la tasa de inflación. El gobierno nacional y popular utilizó a los abuelos como variable de ajuste.
Frente al descalabro económico que dejaron Alberto, Cristina y Massa, resulta perentorio actualizar la fórmula de movilidad de modo tal que haga justicia a aquellos que ya no pueden sumarse a la fuerza laboral y han aportado a lo largo de su vida con esfuerzo. Por esa razón, el gobierno está enviando una nueva Ley Bases con el mismo ímpetu reformista para cambiar lo que la Argentina demanda cambiar. Entre esos cambios se contempla una actualización de los haberes en base al índice de precio al consumidor (IPC) que mide el INDEC y su aprobación significa un reajuste mensual en base a la inflación medida hace dos meses.
Estamos en crisis. No es novedad. Y nadie es ajeno a la tormenta económica que estamos atravesando. Apenas el último trimestre de 2023 significó una aceleración de precios que llevó la tasa de inflación acumulada al 53,3% y un aumento del índice de precios del 25,5% solamente en diciembre. En ese contexto, el aumento de los haberes previsionales por aplicación de la movilidad actual alcanzó el 21,87%: osea, en dos meses los jubilados perdieron 21% de capacidad de compra. No es momento de otra cosa mas que para enfrentar con dureza, realidad y responsabilidad la crisis. La argentina exige un cambio a gritos y los retirados justicia. Espero que en esta ocasión, a la hora de pensar en los adultos mayores el Congreso encuentre disposición al cambio en lugar de toneladas de piedras.