Mano dura contra el narco ya

El crimen organizado está aterrorizando a la ciudad de Rosario y otras partes de Argentina. La punta de lanza de estas organizaciones delictivas es el narcotráfico. Se está llegando a extremos nunca antes vistos en nuestro país, equiparables a lo peor de las tragedias colombiana y mexicana.

Esos países, en especial el primero, están mejorando después de haber tocado fondo. Nosotros estamos empeorando. Nuestras leyes, instituciones y dirigencia política no están preparadas para enfrentar al narcotráfico. Si le agregamos la hegemonía ideológica del garantismo abolicionista en el Derecho Penal, la situación se agrava aún más. Criminales altamente violentos y sofisticados, entrenados en la lucha contra enfoques de mano dura, encuentran en Argentina todo a su favor y se hacen un verdadero festín: penas irrisorias, salidas anticipadas, cárceles permeables desde donde pueden seguir operando tranquilos con sus celulares, altos niveles de corrupción que facilitan la infiltración del Estado, procesos lentos que muchas veces se atraviesan en libertad (incluso con condena en primera instancia), etc.

Hay un proceso de migración y de transferencia de prácticas hacia nuestra nación, que sangra de forma cada vez más descontrolada. En Rosario, se han visto acciones de narcoterrorismo propias de Colombia o México, como tiroteos constantes para atemorizar a la población o el secuestro y fusilamiento de niños o jóvenes al azar, sin ningún motivo, al mero efecto de usar su cuerpo para enviar un mensaje. Literalmente, salen a cazar personas.

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Desde que Alberto Fernández asumió como Presidente y Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad, las acciones violentas del crimen organizado se han agudizado y multiplicado en la tercera ciudad más poblada del país. Los bandidos parecieran sentirse más impunes que nunca. Manejan información de inteligencia como pocos. Amenazan de inmediato a cualquier funcionario que colabore con investigaciones en su contra.

En 2019 los asesinatos habían descendido en Rosario, llegando a 138. No era una situación idílica ni muchos menos, pero habían empezado a bajar. Por el contrario, 2022 batió todos los récords y se convirtió en el año más sangriento de la historia de la ciudad.

Según un estudio reciente, a partir del cruce de información de los fiscales, se estableció que el 80% de las más de 800 balaceras ocurridas en la ciudad de Rosario durante el último año fueron ordenadas desde las cárceles mediante celulares. De cada diez homicidios, siete tuvieron como móviles conflictos de bandas criminales organizadas y, dentro de ese 70%, casi la totalidad se ordenaron desde cárceles federales con celulares.

Estamos en una situación en que no nos podemos dar el lujo de la duda. En medio de la guerra, Ucrania no puede designar como jefe de sus fuerzas armadas a alguien con la menor sospecha de ser pro ruso. No importa si es verdad o mentira. No podemos darnos el lujo de dudar.

Debemos asumir que el país está en guerra. No es un problema limitado a Rosario o al conurbano bonaerense. Allí están las batallas principales, es cierto, pero la guerra no discrimina ni deja afuera a nadie. El crimen organizado, con el nivel de violencia y sofisticación que está adquiriendo en Argentina, pone en riesgo la democracia misma y nos empuja hacia un Estado fallido. Esto último implicaría la disolución completa del Estado de Derecho y todo atisbo de vida civilizada.

¿En qué consiste la mano dura contra el narcotráfico? Pues, implica abandonar todo dogma falsamente pacifista, que conlleva quedarse de brazos cruzados mientras masacran y aterrorizan a millones de inocentes. Eso no es paz. Si quieres paz, prepárate para la guerra, reza un famoso refrán. Hay que disuadir e intimidar a los violentos. A la paz se la conquista día a día, con un uso contundente de la fuerza, en el marco de la ley, para neutralizar a los promotores del caos. Cero impunidad con penas ejemplares y condiciones de incomunicación muy estrictas, en bases militares de ser necesario.

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Se debe establecer, adicionalmente, un fuerte agravamiento de penas para delitos vinculados con toda forma de narcotráfico y crimen organizado, con aumentos progresivos por reincidencia; prisión preventiva automática e inmediata si hay principio de prueba, peligrosidad social elevada según antecedentes o condena en primera instancia; la creación de una fuerza federal, altamente capacitada y remunerada, especializada en combatir a los narcos; acuerdos de colaboración estrecha con otras democracias, principalmente Estados Unidos, Colombia y México, con transferencia de conocimiento sobre lucha contra el narcotráfico; presunción de inocencia y respaldo a las fuerzas de seguridad cuando cumplen sus obligaciones, con juzgamiento por jurado popular en casos de duda; así como autorización para intervención de las fuerzas armadas como apoyo por tiempo determinado en focos altamente complejos.

Este endurecimiento de la lucha contra el crimen organizado debe ir de la mano del fortalecimiento de las instituciones democráticas. No se debe confundir firmeza con autoritarismo. Esto último destruiría las instituciones, multiplicaría la corrupción y facilitaría la tarea de infiltración del Estado por parte de los criminales.

No podemos seguir dejando pasar tiempo sin implementar reformas de calidad democrática que no conllevan costo alguno y se validan en experiencias internacionales contundentes. Por ejemplo, la elección de legisladores por listas, que concentra y verticaliza el poder, debe ser reemplazada por un sistema uninominal, por lo menos de carácter mixto, al estilo de países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda o Australia. En este modelo, cada legislador debe hacerse conocido y ganarse la confianza de su electorado para permanecer en el poder. Así, el ciudadano ejerce mayor influencia que las cúpulas partidarias.

Otra reforma importante es blindar la división de poderes y la independencia judicial. Se podría lograr haciendo que los representantes políticos en el Consejo de la Magistratura deban ser aprobados y removidos por dos tercios de cada cámara, al estilo de lo que sucede con la Corte Suprema. De más está decir que la transparencia y digitalización de la administración pública debe ser total. También se deben habilitar mecanismos de democracia directa accesibles, ágiles y vinculantes, como en Suiza.

Es todo un tema el control de los presidiarios dentro de la cárcel, en particular de los pesos pesados. Es muy fácil para un narco sobornar y/o amenazar a un guardiacárcel para manejar sus negocios desde prisión. Como se expresó anteriormente, debe haber un régimen muy estricto, con incomunicación completa, en bases militares de ser necesario. Asimismo, la pena por violar la incomunicación debe ser muy dura (extremadamente dura) porque torna inútiles todos los esfuerzos y sacrificios realizados para atrapar al criminal.

Esta política de mano dura contra el narco es indispensable y urgente. Esto seguirá siendo así, incluso, aunque aceptemos discutir la posibilidad de despenalizar algunas drogas y de llevar a la legalidad algunos de los negocios que alimentan los bolsillos de los criminales (tema que merece una discusión aparte con un enfoque internacional y regional). Primero, porque cuanto más se aplique la mano dura en este tema, mayor poder de negociación tendrá el Estado y más eficaces resultarán las políticas para arrepentidos. Segundo, porque siempre habrá una parte del aparato narco que continuará operando en la ilegalidad, por más drogas que se legalicen.

La legalización de las drogas, cuáles y con qué marco regulatorio, es un tema muy complejo y de difícil consenso. Requerirá mucha discusión e investigación. Pero la mano dura contra el narcotráfico, que cada vez baña más de sangre a nuestra nación, no debiera generar muchas dudas y discusiones. Es una lucha a todas luces del bien contra el mal.

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