Terminado el ciclo electoral 2021 y de cara a un año sin elecciones nacionales, se abre una nueva oportunidad para que el Congreso considere la adopción de la boleta única papel. En este marco, es clave destacar que el debate sobre la forma en la que votamos no solo es acerca del instrumento de votación, sino sobre todo, un debate sobre la equidad en el acceso al sufragio y la competencia electoral.
La forma en la que votamos es fundamental en un proceso electoral. El instrumento de votación es el nexo entre las preferencias de una persona y la responsabilidad de un candidato y un partido. Precisamente por eso el instrumento debe garantizar que, manteniendo el resto de las variables constantes, todas las opciones políticas tengan iguales probabilidades de ser elegidas.
En el mundo se usan distintos instrumentos para emitir el voto de manera presencial. Varían los diseños y los mecanismos de emisión, que van desde boletas de papel, hasta máquinas de palanca, de tarjetas perforadas y con pantallas táctiles. En nuestro país votamos, en la mayoría de los casos, utilizando boletas partidarias en formato papel. Usamos estas boletas en las elecciones nacionales y en la mayoría de las provincias. Bajo este sistema cada partido, independientemente de su tamaño y alcance, es responsable del diseño, la impresión y la distribución de las boletas. Y por tanto, de su disponibilidad en cada centro de votación el mismo día de la elección. Por eso, bajo nuestro sistema actual el acceso de la ciudadanía a la oferta electoral completa el día de la elección depende del esfuerzo y posibilidades de las agrupaciones políticas.
En cambio, cuando el instrumento de votación es provisto por el Estado, es su responsabilidad garantizar que la oferta electoral completa esté al alcance del votante en todos los lugares de votación. Esto equipara las condiciones de competencia, eliminando la posible desventaja para competir de aquellos partidos con menores recursos para asegurar el suministro de las boletas en todos los centros el día de la elección. Se protege así el derecho del votante, asegurando el acceso a la oferta completa en el cuarto oscuro.
Más allá de la experiencia internacional, en la Argentina hay casos donde se utiliza la boleta única papel, como en Córdoba y Santa Fe para las elecciones provinciales. También utilizan este instrumento provisto por el Estado para las elecciones nacionales los votantes argentinos radicados en el exterior o aquellos privados de libertad.
El debate que debemos buscar es mucho más que boleta única “sí” o “no”, porque este es un debate acerca de la representación. Es acerca del acceso al sufragio y la participación, sobre la experiencia de los y las votantes, y sobre la competencia electoral. Si los costos asociados a acceder a una determinada opción o alcanzar a determinados votantes son dispares, también es dispar el acceso a la representación política.
Tenemos por delante la tarea de evaluar las ventajas y desventajas del actual sistema y compararlo con lo que ofrece la adopción de un instrumento de votación único provisto por el Estado. Frente a la oportunidad que ofrece un 2022 sin elecciones nacionales, es clave hacerlo sobre la base de evidencia, abierto a la sociedad y con la participación de todas las partes involucradas, para asegurar que cualquier cambio sea dotado de la legitimidad que surge del consenso de las mayorías.
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