Transcurridas las elecciones, quienes ocupamos hoy una banca debemos trabajar para generar consenso y centrarnos en mirar al futuro, aprovechar las oportunidades y los desafíos que nos ha dejado la pandemia. Sin lugar a dudas es necesario resolver las urgencias, pero siempre con una visión estratégica que tenga a la Educación como prioridad en todos sus niveles.
Es imprescindible coincidir en la necesidad de una ley de emergencia educativa, porque un país con más del 50 por ciento de población por debajo de la línea de pobreza, tiene que saber que la solución está en la educación y debemos empezar por un acuerdo que nos lleve a declarar esa ley.
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El número de quienes quedaron afuera del sistema educativo es crítico. Más de un millón de jóvenes en todo el país es la cifra y debe alarmarnos porque son el futuro. El Estado debe trabajar incansablemente hasta incluirlos.
Los salarios docentes, las posibilidades de su capacitación, los problemas de infraestructura y tecnológicos, sumados al contexto socioeconómico de estudiantes, familias y docentes en decadencia nos refieren necesariamente al por qué nuestro país requiere esta emergencia.
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Por supuesto que los problemas de la educación no son nuevos. Argentina desde hace muchos años acumula déficits en esta área y la pandemia no hizo más que visibilizarlos e intensificarlos.
Si queremos un país que progrese, que sea equitativo y productivo, debemos pensar sin desvíos en la enseñanza de nuestras niñas y niños. No podemos permitir que nuestros jóvenes no accedan al mundo del trabajo por no comprender consignas.
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También necesitamos una educación que innove y pueda generar los recursos humanos que demandan los sectores productivos. La misma debe ser de calidad y debemos replantearnos volver a tener el sistema educativo que supo tener la Argentina, siempre con la mirada puesta en los desafíos de la modernidad.
Por eso, en el Congreso también hay que dar el debate sobre la formación de docentes, sobre la acreditación de los contenidos, sobre los salarios de nuestros educadores, sobre el rol y la utilización de la tecnología dentro y fuera del aula, entre otros. Debemos pensar la reforma de la educación estructuralmente.
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La calidad refiere a un concepto multidisciplinar que nos permite justamente tener una educación que nos haga mejores a quienes formamos, en términos competitivos y en relación a sus saberes, habilidades y aptitudes, que permita la vinculación con el medio productivo, y la innovación justamente para adaptarse a tiempos de cambio e incertidumbres.
Al igual que sucede con las carreras universitarias, es necesario que las carreras de formación docente se sometan a un proceso de acreditación y que incluso los institutos de formación docente puedan incorporarse a los sistemas de evaluaciones institucionales.
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Entonces, inclusión, calidad, e innovación son los grandes objetivos que deben delinear las políticas educativas de nuestro país, pero para que la educación sea el eje de nuestro crecimiento y desarrollo como país necesitamos primero la ley de emergencia educativa. Para generar un cambio en esta problemática estructural, las políticas públicas deben ser fuertes y decididas; a través de un acuerdo que incluya a todos los sectores de la sociedad, con una mirada a largo plazo y así fortalecer nuevamente el acto educativo, donde estudiantes y docentes tengan condiciones óptimas para el proceso de generación de conocimiento y ciudadanía.
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