En plena expansión fiscal del 2020, cuando en el mes de mayo el gasto público crecía al 98% interanual, atravesado por la pandemia, algunos analistas como el ex viceministro Emanuel Álvarez Agis, advertían que paradójicamente el Gobierno estaba haciendo una ajuste, porque cuando se neteaban las erogaciones que correspondían a los programas de remediación del CIVID-19, como el IFE y los ATP, el gasto corría por detrás de la inflación.
Esta semana, cuando se conocieron los datos fiscales del mes de febrero, el foco estuvo puesto en la caída del déficit financiero que, producto del canje de deuda, fue de “solo” 64.316 millones; el más bajo desde 2016. Sin la pátina de la épica pasó desapercibido el resultado más notable; los datos –en los que aún no se ve el impacto de la pandemia– confirman el fuerte ajuste que el gobierno viene haciendo en silencio. Incluso la intención de patear el acuerdo con el Fondo para después de las elecciones tiene que ver con no mostrar un compromiso de recortes que vayan en la dirección opuesta a los discursos de campaña.
Sin embargo, hay recortes por todos lados: no para adelante, ya se hicieron. En concreto, por ejemplo, el gasto en salarios del sector público creció solo 22,4% en febrero, mostrando una caída del 13% en términos reales y con 40% de inflación. Es un ajuste espectacular, similar a la que hizo tambalear a De la Rúa en 2001, pero escondida tras el velo de la ilusión monetaria.
Es importante mencionar, no obstante, que el gasto en empleo público, contrario a lo que muchos piensan, solo representan una sexta parte del presupuesto nacional, pero las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones familiares (incluida la AUH), que explican uno de cada dos pesos gastados por el Gobierno, también sufrieron la guadaña del recorte; en virtud de los decretos que reemplazaron la fórmula de movilidad solo aumentaron 29,6% de manera nominal, once puntos porcentuales menos que la inflación; algo que no hubiera ocurrido si no se hubiera suspendido la ley vigente. Jubilados es el 50% del presupuesto público del Gobierno y es donde se registra uno de los ajustes más formidables.
El otro punto pocos imaginarían: el sector educativo. También sufrieron un ahogo financiero las universidades nacionales, que obtuvieron un 30,7% de incremento nominal entre febrero y febrero, contra una inflación del 40,7% lo que implica un recorte del 8,1% en términos reales, a contramano de la retórica en favor de la educación pública.
Más allá de los discursos, el plan del gobierno es de austeridad fiscal y la única partida que pone en jaque al ajuste son los subsidios económicos, que crecen al 86,5% por culpa del congelamiento de tarifas energéticas y precios del transporte. Es cierto que los gastos de capital, que el ejecutivo quiere mostrar como su gran eje de recuperación de la economía, explotaron un 149% pero no mueven la aguja porque representan el 6% de las erogaciones primarias del mes; la mitad que los subsidios a las empresas de servicios públicos.
Al Gobierno está apunto de lloverle, si se aprueba finalmente, una emisión del Fondo para todos sus socios, y le tocarían unos USD 4.300 millones. Son dólares que a la administración de Alberto Fernández le calzan perfecto, es el “puente de plata” que necesitan para patear el acuerdo con el FMI y que no se note el compromiso de ajuste. Un ajuste que, como se vio, ya están haciendo: van a decir que el enorme déficit fiscal de 2020 fue por culpa de la pandemia y que eso no se volverá a repetir. Y ahí le puede mostrar al Fondo lo que ya está hicieron con los salarios públicos, las jubilaciones y las universidades, por ejemplo: un ajuste formidable. No se puede mostrar, pero ya se ve y se siente.
El ministro es consecuente: en una conferencia dictada en 2016, que circula por las redes sociales, Martín Guzmán criticaba a los economistas de Cristina Kirchner que pensaban que se podía crecer anabolizando el consumo; los salarios públicos y las jubilaciones no son su prioridad.
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