El 19 de marzo del presente año, el gobierno establecía mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el cual obligaba a la población a permanecer en sus respectivas residencias por el tiempo que se considerara necesario para atender la situación epidemiológica. En su momento la decisión parecía ser acertada, ante la potencial gravedad de la dispersión en el país de una enfermedad para la cual, aún hoy en día, se desconocen medidas efectivas para su contención.
Más allá del pertinente análisis de las medidas sanitarias, cabe también hacer foco en otro factor preponderante durante la crisis actual: el aumento del tamaño del estado. No es un fenómeno únicamente argentino el hecho de que ante una emergencia de cualquier tipo, se de un incremento en la dimensión del estado. El economista e historiador americano Robert Higgs, documenta en su libro “Crisis and Leviathan”, el aumento del tamaño del gobierno estadounidense durante todas y cada una de las grandes crisis que enfrentó el país del norte (La Gran Depresión, La Segunda Guerra Mundial, el 9/11, etc.).
Higgs hace especial énfasis en la trayectoria de crecimiento del gobierno. Durante una emergencia, el crecimiento del estado aumenta considerablemente, ante el reclamo de la sociedad de atender la situación de manera urgente. El problema que se suscita es que, pasada la emergencia, la retracción al tamaño “precrisis” no es completa. El gobierno disuelve algunas de las funciones y actividades que asumió durante la crisis, pero no todas. De esta forma, su dimensión en el periodo posterior al suceso es mayor a la que de otra forma hubiera tenido de haber continuado con la trayectoria habitual. El economista denomina este desarrollo “ratchet effect” o “efecto trinquete”, así llamado por la forma que adopta su representación gráfica.
La concepción original del “efecto trinquete” va más allá del habitual índice gasto gubernamental/PBI utilizado para la medición del tamaño del estado en macroeconomía.
Más alcance y más poder
Además de esta relación, el economista considera que también se debe prestar primordial atención a otros dos factores. El primero refiere al alcance del estado, es decir, a las actividades que este lleva a cabo y que no eran de su pertinencia previamente, incluso sí estas actividades no representan un incremento del gasto para el estado per se. El intento de intervención de la empresa Vicentín, así como también el último decreto referente a las telecomunicaciones son ejemplos claros de ello.
Debido a la pandemia, el gobierno decide establecer “internet” como un servicio esencial, y prohíbe aumentos de precios hasta fin de año. Luego de pasada la emergencia, ¿dejarán de ser las telecomunicaciones consideradas servicios esenciales, y se permitirán los libres movimientos de precios, como era antes?
El segundo factor a tener en cuenta es el poder del estado. En este caso, durante una emergencia, el poder gubernamental puede redistribuirse dentro de los distintos órganos y autoridades del gobierno, aumentando en alguno de ellos a merced de otros. Esto se ve claramente ante la cantidad de decretos de necesidad y urgencia que el gobierno federal ha decidido implementar desde el inicio de la pandemia, sin permitir que el congreso deliberara sobre estas leyes como corresponde. Esto trae consigo el peligro de sentar precedente y de socavar de manera directa la división de poderes establecida por la Constitución Nacional. Nada impide luego que el gobierno vuelva a hacer lo mismo ante una nueva crisis en el futuro.
A su vez, el poder del gobierno puede incrementarse en detrimento de las libertades civiles de la población. Por caso, distintos gobiernos provinciales y municipales en el país han decidido prohibir la entrada a no residentes a sus respectivas jurisdicciones durante la pandemia, a pesar de no tener legitimación para hacerlo. ¿Qué les impedirá entonces en el futuro hacer lo mismo ante cualquier otra emergencia, sanitaria o de cualquier tipo, que pueda ocurrir?
Todo lo anterior no distingue entre los distintos partidos políticos. Gobiernos de todos los colores han decidido implementar cientos de restricciones a la población y en el camino han aumentado sus gastos, alcance y poder durante esta pandemia. El problema es que no se ha establecido una estrategia de salida y de vuelta a la normalidad ante estas medidas sin precedentes. En lugar de ello, es muy probable que el crecimiento del gobierno termine institucionalizando estructuras y prácticas que antes de la pandemia hubieran sido impensadas.
Como se ha reconocido muchas veces, “nada es más permanente que un programa temporario del gobierno”. Las crisis traen consigo nuevas regulaciones, impuestos, gastos, y el aumento del control del estado sobre infinidad de actividades. No solo esto es un problema en si mismo, sino que, además, los distintos grupos de interés, burócratas y las personas que han sido asignadas para estas nuevas agencias gubernamentales muy probablemente estén en desacuerdo con retrotraer las políticas implementadas y disolver estos organismos pasada la crisis.
Nada es más permanente que un programa temporario del gobierno: los grupos de interés, burócratas y personas asignada a las nuevas funciones estarán en desacuerdo en retrotraer sus funciones pasada la crisis
Desarticular el “efecto trinquete” sin dudas es una tarea compleja. La sociedad debe obligarse a pensar más seriamente en las consecuencias a largo plazo que traen las políticas o regulaciones implementadas durante los periodos de emergencia. Prevenir o aminorar los problemas que trae una crisis puede ser un objetivo muy noble, y quienes implementan estas políticas pueden tener las mejores intenciones. Lamentablemente, las políticas públicas no pueden ser juzgadas por sus intenciones, sino por sus resultados. La sociedad deberá entonces juzgar si prefiere mantener en el largo plazo las libertades civiles que la Constitución Nacional le brinda, o si desea resignarlas ante el inminente aumento del tamaño del estado.
El autor es especialista en agronegocios