Nuestro país adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño que fue incorporada a la Constitución Nacional en el año 1994 y es el tratado de derechos humanos con mayor adhesión mundial. A través de la Convención, los Estados se comprometen a garantizar derechos a niñas, niños y adolescentes. Esta población, que por su edad es vulnerable, debe gozar de la protección de sus derechos de manera privilegiada. El Comité de los Derechos del Niño es el organismo que supervisa la aplicación de la Convención y ha recomendado a la República Argentina asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención pos aborto para niñas y adolescentes.
Al mismo tiempo, el Código Penal reprime al que abuse sexualmente de una persona menor de 13 años y ya desde el año 1921 exime de punibilidad a quien interrumpiera su embarazo cuando sea producto de una violación o esté en riesgo la vida o la salud de la gestante.
La interrupción legal del embarazo (ILE) es la consecuencia de la vulneración de un derecho. Y su obstrucción implica la vulneración de otro derecho. Por ello que es necesario aplicar sanciones a todas aquellas instituciones o personas que retarden, impidan u ocluyan esta práctica.
La ILE no responde a arbitrariedades, no es un delirio caprichoso de un legislador. Es un derecho que tienen todas las niñas y mujeres que han atravesado un hecho que no solo atentó contra su integridad sexual, sino también contra su dignidad, su libertad, su psiquis y su cuerpo.
Hoy estamos frente a una nena de 11 años a la que un "hombre" le desconoció todos sus derechos al violarla. Por si fuera poco, el sistema de salud, junto con parte del aparato judicial, le vulneró su derecho a interrumpir el embarazo producto del acto que le quitó su infancia, su presente y hasta su futuro. Algunos funcionarios intentaron imponer un hijo donde debió haber un juguete, y una obligación donde debió garantizarse un derecho.
En lugar de llevar a cabo con carácter de urgencia la ILE, dilataron el procedimiento hasta poner en riesgo la vida de la niña. Según la Organización Mundial de la Salud, las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior.
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, órgano de aplicación e intérprete de la Convención contra la Tortura, ha estipulado que los Estados que prohíben en forma absoluta el aborto, en cualquier circunstancia, exponen a mujeres y niñas a una situación de humillación y maltrato. Pero esto es lo que ocurrió finalmente con la nena de 11 años en la provincia de Tucumán.
Una niña de 11 años no puede subirse sola a una montaña rusa, no puede donar sangre, no puede ver TV después de las 22 horas y tampoco puede firmar o comprar medicamentos recetados. Sin embargo, esta semana, como tantas otras, escuchamos muchas voces sosteniendo que a los 11 años una nena debe ser madre. Y que tiene que someterse a una cesárea que no quiere, que nunca quiso. Porque "no le cuesta nada" convertirse en una incubadora humana. A los 11 años.
La autora es asesora General Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la CABA.