La justicia es uno de los pilares en los que se sostiene la vida en sociedad y el Poder Judicial es el encargado de aplicarla, siendo uno de los tres poderes en que se asienta el sistema republicano de gobierno. Desde hace mucho tiempo la gente fue perdiendo gradualmente la confianza en ella y ya hace un año, una encuesta que publicara Infobae revelaba que el 78% de los consultados tenía una imagen negativa de la justicia. Lamentablemente, dichos porcentuales están lejos de haber sido dejados atrás, de lo que dan cuenta más recientes encuestas, los comentarios que recogen las consultoras de opinión, los que se realizan en las redes cotidianamente y, obviamente, las conversaciones que se llevan a cabo en cualquier ámbito. Hay causas que confluyen para que eso suceda.
Ante todo, tenemos que precisar que lo que fundamentalmente se conoce es el comportamiento de los jueces y funcionarios del fuero federal, por cuanto son los que instruyen las causas de más relevancia institucional y cuya actividad resulta ampliamente difundida por los medios de comunicación. Es que, en ese ámbito, se llevan a cabo los juicios contra los funcionarios públicos que han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones. Y el trámite de esos expedientes ha merecido muchas críticas, especialmente durante los últimos años, en los que se vio seriamente comprometida la independencia del Poder Judicial. Fue así que hubo causas que dormían en los estantes de los juzgados sin que los encargados de tramitarlas tuvieran ningún interés en hacerlo por cuanto involucraban a los funcionarios del gobierno de los Kirchner o resoluciones que se dictaron para favorecerlos, sin que las constancias del expediente lo avalaran.
También la opinión pública ha conocido casos de magistrados cuyo patrimonio personal se incrementó significativamente durante su desempeño en el cargo sin que pueda ello ser justificado por los ingresos que percibía. Y de otros sobre los que pesan imputaciones de haber cobrado beneficios ilegales para lentificar o parar la marcha de determinados expedientes o, lisa y llanamente, dictar resoluciones contrarias a lo que indicaban las pruebas del proceso. Incluso, hasta se denunció la existencia de informes contables que habían sido amañados con la conformidad del juez interviniente para demostrar que no había habido enriquecimiento ilícito nada menos que de quienes habían ejercido y ejercían la primera magistratura del país.
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Tamañas anomalías tuvieron un lógico eco muy crítico de la ciudadanía, la que también apreció que el órgano de contralor que tienen los jueces -el Consejo de la Magistratura- no trataba estos temas y, cuando lo hacía, era para no adoptar ninguna medida, con alguna aislada excepción ya que, con distintas justificaciones no se sometía a juicio a quienes tenían fundadas denuncias en su contra. Incluso, a instancias del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, de Usina de Justicia y otras ONG, llevó cabo auditorías sobre los juzgados federales, que arrojaron múltiples irregularidades, según pudo conocerse superficialmente, pero ningún estudio fue realizado para arribar a conclusiones que merecieran la adopción de medidas concretas para sanearlo y para juzgar a los responsables de ellas.
Todas estas consideraciones provocaron que en forma espontánea se fuera convocando la gente para exigir al Consejo de la Magistratura que cumpla debidamente con sus funciones, complete los análisis de las auditorías realizadas, tome medidas y las publicite y, asimismo, que enjuicie a los jueces sobre los que recaen fundadas sospechas de corrupción y destituya a los que se les compruebe esas faltas. Ello es la causa por la que esta tarde miles de personas nos congregaremos bajo la consigna de que sin justicia no hay República.
El autor es abogado penalista y profesor de Derecho penal. Ex Juez Nacional en lo Criminal de Instrucción.