Argentina sin control sobre los residuos industriales

Ríos contaminados, manchas negras que se extienden por kilómetros, vuelcos de residuos cloacales, napas contaminadas, glaciares cortados, basurales a cielo abierto, áreas protegidas vulneradas… No hace falta más que entrar a Google Earth y mirar. Todos estos casos tienen responsables, empresas muchas veces con discursos grandilocuentes sobre el cuidado del ambiente y la responsabilidad social; el mismo Estado, que, amparado en la falta de presupuesto, dispone informalmente de los residuos; los ciudadanos, que prefieren no hacerse responsables de los residuos que generan.

En la Argentina el control de los residuos se ha relegado durante décadas, aunque en el gobierno anterior el descontrol llegó a niveles alarmantes. Es por ello que el Gobierno actual está trabajando para llevar al Congreso Nacional un proyecto de ley consensuado, tanto con las provincias como con las industrias, que sea un verdadero aporte para el ambiente en materia de gestión de residuos.

¿Por qué esto es tan importante? Porque en la actualidad no están establecidos los presupuestos mínimos de la actividad a nivel nacional y por ello cada provincia tiene su propia normativa sobre el tratamiento de residuos. Incluso algunos distritos clasifican ciertos residuos como peligrosos, pero otros no. Por lo tanto, en la Argentina, uno podría decir que un desecho daña severamente el ambiente dependiendo dónde se genere.

El conflicto de intereses de jurisdicciones retrae los controles y hace la vista gorda a los intereses económicos de unos pocos.

Presupuestos mínimos y efectividad son dos conceptos fundamentales e inherentes. Se explica ya que, una vez dañado el ambiente, es prácticamente imposible reparar y volver a su estado original. La irreparabilidad del daño da protagonismo al principio precautorio en esta materia.

La ley 24051, que regula la gestión de residuos peligrosos, es de 1992, ha quedado anacrónica y no se ha actualizado luego de la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, cuando se modificó el artículo 41, que detalla: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano (…) Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales".

A medida que los años transcurrieron y la generación de residuos creció, ningún Gobierno había puesto en marcha un trabajo serio sobre el tratamiento de los desechos industriales (peligrosos o no).

Lo cierto es que se han empezado a implementar mayores controles sobre este tipo de desechos para reducir el impacto ambiental, pero la diferencia entre jurisdicciones es abismal. Es necesaria la implementación de presupuestos mínimos.

En este sentido, los ministerios de Producción y Ambiente vienen trabajando en conjunto para elaborar un proyecto de ley que se adapte a la problemática ambiental en la Argentina e incorpore nuevas tecnologías que no son tenidas en cuenta por la actual ley y con las que se podría reutilizar parte de los residuos que hoy son mal considerados peligrosos.

También se busca implementar el Sistema Nacional de Estadísticas para la Gestión de Residuos Peligrosos (Sinerp), en el que las empresas y las provincias podrán ingresar información sobre sus residuos para darles trazabilidad. Ante la implementación de una ley que tome en cuenta presupuestos mínimos, estas medidas serían obligatorias y marcaría un piso de estándares ambientales para todos por igual.

Es cierto que nuestro país tiene muchas urgencias a la vista de todos y que este tema no tiene prioridad frente a otras cuestiones. Sin embargo, lo que la generación actual no resuelva y prevenga se perderá para siempre. El futuro es hoy. Es el momento de cambiar el paradigma y revalorizar el cuidado del ambiente.

Para ello, Gobierno y empresas tienen que llegar a un acuerdo para operar sin generar desastres ambientales, cambiar matrices productivas e incorporar nuevas tecnologías y procurar el necesario desarrollo sustentable. Es innegable que es más costoso tratar los residuos que no tratarlos, pero esto último no puede ser una alternativa. ¿Cuál sería el costo a futuro? O sin irnos a un futuro incierto, ¿cuál es el costo actual en salud y bienes que pagan los sectores más vulnerables por efectos de la contaminación indiscriminada?

La autora es presidente de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES).