En la madrugada del miércoles 14 de octubre del año 2010, el Senado de la Nación Argentina aprobaba la ley que venía a consagrar el establecimiento del 82% del salario mínimo vital y móvil para la jubilación mínima, actualizando el resto del escalafón del sector pasivo de acuerdo con diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero el dato principal de aquella madrugada fue la posición del entonces vicepresidente de la nación, Julio Cobos, quien, reeditando la actitud asumida durante el tratamiento legislativo de la denominada resolución 125 en 2008 y asumiendo nuevamente una posición en conflicto con la postura del oficialismo, apoyó la ley. Con su voto hizo posible la aprobación de la propuesta legislativa de la por entonces oposición.
En el año 2012, en Paraguay, luego de un confuso episodio conocido como la matanza de Curguaty y en el marco de la ruptura del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), representado en el Poder Ejecutivo por la figura del entonces vicepresidente Federico Franco, con y de la coalición oficialista, se sustanciaba el proceso de juicio político que con el voto favorable de 39 senadores y 5 en contra culminó con la destitución del presidente Fernando Lugo y la asunción de Franco como titular del Poder Ejecutivo.
En 2016, por 61 votos a favor, 20 en contra y sin abstenciones, la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, fue hallada culpable de crímenes de responsabilidad y destituida al superar el umbral necesario de dos tercios del Senado, o sea, 54 de sus 81 miembros, para su aprobación. En tanto, por 42 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones, no quedó inhabilitada para volver a ocupar funciones públicas por ocho años. Este proceso se desarrolló en el marco de una crisis económica y social, fuerte movilización callejera, presión mediática y la ruptura de la alianza de gobierno entre el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El vicepresidente Michel Temer asumió la presidencia de Brasil con el cometido de finalizar el mandato de Dilma Rousseff.
Tras la finalización del mandato presidencial de Rafael Correa y elegido su vicepresidente Lenín Moreno como jefe de Estado, se desencadenó una dinámica de conflicto entre el nuevo presidente de Ecuador y su mentor cuyo clímax fue el referéndum llevado a cabo el 4 de febrero de 2018, que permitió terminar con la cláusula de la reelección indefinida, lo que acotó las posibilidades de un futuro retorno del ex presidente Correa.
Una vez más Delfín mutó (y mató) a Tiburón. Todos estos hechos me llevan nuevamente a reflexionar sobre el papel de los vicepresidentes más allá de los límites de nuestro país. Examinando la Constitución de diferentes países en la región, encontraba algunos atributos en común respecto a la definición de la estructura del Poder Ejecutivo, como así también del vicepresidente de la nación.
-Un Poder Ejecutivo de carácter unipersonal.
-La ausencia o ambigua definición del papel institucional del vicepresidente.
-La elección del presidente y del vicepresidente como fórmula electoral y por lo tanto con similar legitimidad de origen.
-La ausencia de mecanismos procedimentales para resolver posibles controversias entre dos figuras con igual legitimidad de origen.
Frente a este panorama cabe preguntarse, parafraseando a Vladimir Lenin, ¿qué hacer? He aquí algunas alternativas:
-Una definición más precisa y sin ambigüedades del papel del vicepresidente, partiendo de la comprensión de su papel en cualquier esquema de sucesión presidencial.
-La eliminación lisa y llana de la figura en la medida en que es, producto del limbo institucional en el que se encuentra, visto como conspirador y teniendo detrás de todo vicepresidente un "Frank Underwood" o una "Claire Underwood" en potencia y en muchas ocasiones en acto.
-La eliminación física del vicepresidente, naturalmente desaconsejable por razones de índole ética y práctica; recordemos el abrupto final de la experiencia del ex presidente de Paraguay, Raúl Cubas, con el asesinato de su vicepresidente Luis María Argaña en el marco de una más que áspera interna entre las distintas facciones del Partido Colorado.
-El establecimiento de un mecanismo que permita al presidente electo elegir su o sus vicepresidentes.
El autor de estas líneas da la bienvenida a otras alternativas, dado que lo que está en juego no es otra cosa que la resolución del problema de la sucesión presidencial.