La brutal definición que titula esta nota es de Franco, joven cabecilla de una banda de Villa La Fe: "Se vive al día, no hay futuro: la muerte camina con nosotros… El que tenga miedo de morir, que no nazca". En algún futuro lejano, cuando se escriba la historia de lo que acontece hoy, difícilmente se hable de la Argentina y sus países vecinos sin referirse a la inmensa exclusión y a las condiciones de vida precarias en las que vive una gran parte de sus habitantes.
Para empezar: una sociedad funcional se basa en modelos de inclusión. Un chico nace y crece dentro de una familia que le da techo, alimento y cuidado. Tiene acceso a una educación y se prepara tanto para desarrollar sus capacidades como para interiorizarse en normas básicas de coexistencia con otros. Eventualmente, ya adulto, podrá formar su propia familia repitiendo parámetros, lo que a gran escala asegura la integridad de la sociedad como un todo.
Lo anterior es tan básico y comprensible que forma parte del sentido común. Sin embargo, hay lugares en los que no ocurre siempre: se trata de un fenómeno extendido en el tiempo dentro de las villas de emergencia y los asentamientos informales.
En estos barrios, encontramos casos donde la inclusión del chico se encuentra en jaque desde que nace, porque no existe la idea de hogar. Las casas son precarias y los padres están, en general, ausentes. Algunos permanecen detenidos, otros murieron. Son hogares donde el lazo que va de generación en generación, vital para la sociedad, se rompió en mil pedazos. En algunas villas de Lanús se ve con claridad: entre tantos vecinos jóvenes y viejos, hay una generación intermedia que está diezmada.
En el caso del acceso a la educación, es definitivamente más complejo: casi el 80% de los jóvenes que vive en villas no termina el secundario. El 50% no termina ni siquiera el primario. Los datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) estremecen.
Peor todavía: donde la integración social se estanca, crece el narcotráfico, su peor contraparte. En el caso de Lanús, en el 2015 hubo menos de 950 procedimientos de narcomenudeo. Nada. En el 2016, algo más de 1600. En el 2017, casi 3000. Se triplicaron. Sin embargo, la venta de estupefacientes existe y atrae a los jóvenes que viven en las villas: el negocio viene de la mano con la conformación de bandas y conflictos violentos.
¿Cómo integrar entonces lo que se perdió hace décadas, con generaciones y generaciones de padres ausentes, de familias rotas? ¿Qué hacer con un Estado que no logra terminar de entrar a las villas y con organizaciones sociales que invitan como todo proyecto de vida a revolver la basura de los más ricos? ¿Cómo sumar a miles de personas que han desarrollado una visión de la vida y sus límites diametralmente opuesta a aquella sobre la cual basamos nuestra coexistencia social entera?
Ciertamente no es tarea fácil ni grata. El Estado tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y ejercer sanciones, aun a sabiendas de que la infracción de estas leyes es, para una gran parte de la población, un recurso común de supervivencia.
En Lanús planteamos un abordaje integral desde el desarrollo social, la educación, el deporte y la cultura. Pero, por supuesto, también de la seguridad, porque la ausencia de ley y la autorregulación normativa del territorio lo único que ha logrado es reproducir exponencialmente este trágico fenómeno y hacer ricos a unos pocos que lucran con la necesidad y la pobreza.
El autor es secretario de Seguridad del municipio de Lanús.
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