Toda la tragicomedia en varios actos de la aparición y la prisión de Héctor Amodio Pérez estuvo envuelta en un inocultable ambiente de venganza. Sus viejos compañeros del movimiento subversivo volvieron a mostrar su matriz autoritaria y mesiánica. Julio Marenales dijo que era un traidor, que estaba condenado a muerte y que no lo había ejecutado solamente por no tener un arma a disposición. Eleuterio Fernández Huidobro repitió lo mismo, explicando que a los "traidores se los mata". Fueron testimonios tremendos del desprecio por la vida humana de estos viejos insurgentes que arrastraron al país a la espiral de violencia que terminó en la dictadura.
Lo triste del caso, para el Estado de derecho, es que su venganza se cumplió ahora a través de la mano de una Justicia que, como suele decirse en el fútbol, "cobró al grito". Un país que generosamente ha perdonado a todo el mundo, se deslizó a un triste escenario revanchista por la vía de la propia Justicia.
La condición de traidor al movimiento, de ser cierta, lejos de condenarlo, lo absolvía, porque denunciar delitos a la autoridad pública no merece condena sino reconocimiento. Es como si hoy un narcotraficante arrepentido delatara a la organización delictiva que integraba. En el caso, a Amodio se lo acusó de haber colaborado con las Fuerzas Armadas en la detención de cuatro personas, dentro de una causa que comprendía a 28. No eran detenciones ilícitas sino todo lo contrario. Como luego estos presos fueron maltratados, se le extiende una condena sin el menor fundamento, porque quien denunció no tiene responsabilidad en el modo con que actuó posteriormente la autoridad de la época.
En septiembre de 2015, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, fue categórico: "Hasta que se dio el golpe de Estado, los militares estaban al frente de la lucha antisubversiva y tenían todo el poder que le había delegado la ley de seguridad del Estado para actuar en esa materia. Eso es un hecho que es innegable a esta altura". Añadió: "Yo no quiero hacer comentarios sobre el procesamiento, pero su pregunta tiene una sola respuesta". En una palaba, su "traición" era colaboración legítima con la autoridad legalmente responsable.
Añadamos también que Amodio Pérez, más allá de su participación en una organización criminal, hoy estaría beneficiado por la ley 15737, que declaró la amnistía de todos los delitos políticos o comunes conexos con ellos, desde el 1º de enero de 1962. Todo el mundo salió de la cárcel al restaurarse la democracia. Hasta quienes habían matado y secuestrado; y se enterró la investigación de 30 crímenes por los que nadie había ido preso. Cuarenta y tres años después de cometido el presunto delito, Amodio retornó a la cárcel, sin el amparo de esa amnistía ni aun de la prescripción, que terminaría con cualquier delito.
Jurídicamente, como lo dijimos en su momento, era una aberración el procedimiento y la prisión del viejo tupamaro. Ahora lo ha reconocido fehacientemente la Justicia, con dos fallos revocatorios del procesamiento, uno dictado por el Tribunal de Apelaciones y otro en casación, por la mismísima Suprema Corte de Justicia.
El Poder Judicial, por fortuna, ha reparado el daño infligido por la fiscal y la juez actuantes. Como poder del gobierno ha hecho valer, felizmente, el Estado de derecho que estaba en cuestión. No por ello se puede ignorar esa prisión indebida, que ahora habilita un reclamo de la víctima. No es un episodio cualquiera, no es un simple error de interpretación judicial. Es un inexcusable abuso motivado por razones ideológicas y ominosas solidaridades.
Todo este episodio nos retrotrajo a tiempos que parecían superados, librados ya a la historia. Deja un saldo amargo. Sólo es rescatable que ha permitido, de algún modo, que las nuevas generaciones pudieran asomarse a lo que fue aquella guerrilla insensata y cruel, que hundió al país en una tragedia cuyos ecos aún resuenan. Por ese resquicio se ha vuelto a ver algo de aquella realidad, hoy tan tergiversada a través de una historia oficial y oficialista que ha transformado en víctimas a los victimarios. Victimarios de gente y victimarios de una democracia a la que intentaron derribar.