Culminada la segunda etapa, el blanqueo ha dejado, según lo informado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un acumulado de 90 mil millones de dólares de activos exteriorizados en alrededor de 234.500 declaraciones; aportó cerca de 82 mil millones de pesos al fisco, lo que representa el 1% del PBI. Más allá del potencial que podríamos imaginar de activos no declarados o cualquier crítica al proceso en relación con lo que aportará en el futuro a la economía, ya que del monto mencionado la proporción que ingresará al país es mínima, en el contexto que se inició el resultado es claramente un éxito.
En el rubro "inmuebles", se informaron aproximadamente cuarenta mil propiedades sumando las ubicadas en el país y en el exterior (3.551 millones de dólares). Sobre este punto en particular el organismo informó que, según sus registros, de las 1.700 personas con propiedades en Estados Unidos, el 70% ingresó al proceso. Por el lado de "dinero en efectivo", se contabilizaron depósitos por 7.200 millones de dólares con 112.000 cuentas abiertas a tal efecto.
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En el medio quedaron problemas de reglamentación que se fueron puliendo, prórrogas para el depósito de dinero en efectivo, cuestiones conyugales por activos no sincerados, bonos que permitían triplicar la suma sincerada y que no tuvieron un efecto significativo, al igual que los fondos de inversión previstos, análisis de estructuras societarias en búsqueda de la mejor relación activos-deudas, la polémica por la incorporación por decreto a familiares de funcionarios y el cuello de botella que se generó con la acreditación de transferencias para el pago del impuesto especial, y la consecuente prórroga en el ingreso siempre y cuando la orden fuera anterior a la fecha establecida.
Llegado el 31 de diciembre de 2016, el escenario cambia y arranca esta tercera etapa con horizonte en el 31 de marzo de 2017. Resueltos los temas interpretativos y operativos iniciales, que fueron claves, en estos meses comienzan a jugar cuestiones más estratégicas y de coyuntura entre las que están la incipiente compra de los títulos Bonar o Global 2017, que permiten reducir la tasa del 15% al 10%, la evolución del tipo de cambio que baja el costo del sinceramiento, la información que dice tener la AFIP sobre inmuebles y cuentas en el exterior, y la última novedad sobre la firma del acuerdo de intercambio fiscal que hizo estallar los teléfonos de los estudios contables con interesados que hasta el momento era escépticos sobre la profundidad del proceso y que en este escenario deberán ingresar casi sin opción.
Como cierre del año, el Gobierno promete trabajar en una reforma profunda del esquema tributario cuya tarea ya fue encomendada al flamante ministro de Hacienda. De ser así, representaría un paso necesario luego de este proceso de sinceramiento y el paso adelante que significaron las reformas en el impuesto a las ganancias, ya que, si bien en ambas cuestiones el saldo es positivo, es sólo un punto de partida.
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El autor es coordinador de la carrera de Contador Público Universidad de Palermo.
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