Los barrios populares en los que se asienta la pobreza configuran un enorme mosaico de territorios. En su interior, diversos contingentes se rigen por códigos cuya tensión o ruptura con la ley los convierten en zonas liberadas, un concepto asociado al permiso policial para las actividades delictivas pero que, en realidad, abarca un espectro mucho más vasto de situaciones.
Por caso, suele asociarse a La Salada con el comercio informal. Pero este es sólo la punta de un iceberg. Debajo subyace un complejo productivo cuyo epicentro son los talleres textiles clandestinos. Implantados aisladamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o concentradamente en las adyacencias de la ferias en el sur del Gran Buenos Aires, imperan allí reglas ancestrales en abierta discrepancia con el Estado de derecho.
La fractura de la industria textil manufacturera durante los últimos cuarenta años corrió pari passu a la del resto de la sociedad. La formal se ha concentrado en el sector premium de las clases medias altas y altas, que sólo alcanzan al 20% del mercado. El resto, como lo demostró magistralmente Matías Dewey, no fue cubierto ni por el contrabando ni por las importaciones, sino por una actividad informal de orígenes diversos.
En principio, fue una última versión de la resistencia de la sociedad industrial suburbana a los sucesivos ajustes y aperturas. No fortuitamente sus protagonistas fueron empresarios fundidos y trabajadores desocupados con calificación. Pero a ellos se sumaron los contingentes migratorios procedentes de Bolivia y de Perú, dispuestos a desafiar a los productos asiáticos a costa de una autoexplotación —que a veces deviene en abierta esclavitud— insoportable para los argentinos.
En las zonas de alta densidad de estos inmigrantes, los talleres clandestinos campearon en territorios ocupados ilegalmente y acaudillados por referentes locales garantes de franquicias como la omisión del pago de servicios municipales y públicos en general. Los propios vecinos se encargan de engancharse a la red eléctrica, recolectar sus residuos, instalar el alumbrado público, y aun del pavimento. Nadie es propietario de su tierra sino las "organizaciones territoriales" lideradas por estos caudillos locales. Los brokers extranjeros se ajustan a ese orden para llevar a fondo sus explotaciones cuya producción se vende al por mayor tres veces por semana en el complejo lomense para abastecer a las distintas "saladitas" distribuidas en todo el país.
Pero por sobre todas las cosas, en este país de recursos exangües, en La Salada se evaden impuestos municipales, provinciales y nacionales; salvo el monotributo, aunque sólo nominalmente, porque, en los hechos, la mayoría lo incumple. Que se evadan no quiere decir que no se paguen, pero de manera oblicua e irregular. Los "administradores" de cada feria, verdaderos caciques que replican en grande el poder territorial de los punteros barriales, alquilan los puestos a cooperativas de talleristas que abonan una versión simulada y reducida de dichos gravámenes. Como contrapartida, ofrecen todos los servicios, incluso la seguridad.
En sus extensiones callejeras, esta no corre por cuenta de empresas o de organizaciones parapoliciales sino de barras bravas y bandas de delincuentes que hallan allí la posibilidad de diversificar sus negocios sin riesgos. Todos aportan a los "administradores", que, a su vez, se reparten el botín con las autoridades públicas que desvían los recursos desde las arcas del Estado hacia sus cajas negras. En el convite también participan las grandes empresas textiles, que perciben su participación en el reparto por una doble vía: la tercerización de una porción significativa del proceso productivo en los grandes talleres clandestinos y su participación en la recaudación de la denominada marca que se asemeja a la talla medieval.
El preciado botín no se agota en estas franquicias. Las policías —provincial y federal— recaudan peajes debidamente codificados que regulan la entrada y la salida al complejo tanto de los talleristas como de sus micros mayoristas. Esta otra masa de recursos asciende desde las comisarías distritales hasta la departamental, y desde allí a distintas dependencias especializadas hasta el Ministerio de Seguridad provincial. Dos bombas de succión interconectadas que resumen el funcionamiento de una economía social instalada en una zona liberada, y que encarnan un aspecto crucial de la administración tercerizada de la pobreza. Pero como contrapartida, este régimen administrativo y su consiguiente economía social ofrece empleo a miles de trabajadores y productos accesibles a millones de personas resignadas a vivir en el "poco pero seguro".
En suma: una de las alianzas más emblemáticas de los intereses particulares en contra de los públicos, esto es, del Estado. Por un lado, toda la red productiva y comercializadora franquiciada de hecho; por el otro, la corporación política y sus agentes estatales. Millones y votos a costa de una sociedad popular administrada para sobrevivir en el borde.
El autor es profesor de Historia, egresado de la Universidad de Belgrano. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es miembro del Club Político Argentino.