Luego de varios años de mora, se constituyó la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público.
El artículo 120 de la Constitución Nacional es claro cuando establece que el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia "en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la república".
El Ministerio Público debe velar por un efectivo cumplimiento de la justicia y promover su actuación, siempre teniendo como objetivo el resguardo del interés público.
La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal —constituida ayer, luego de 18 años de mora— está prevista en el artículo 23 de la ley 26946, y tiene como función ser un órgano de relación entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público.
Entre las principales funciones y facultades de la Comisión está la de "requerir información respecto a la gestión, el funcionamiento institucional y la administración general y financiera del Ministerio Público".
En este sentido, existen múltiples denuncias contra la procuradora general, que refieren a excesos en el ingreso de personal, que se duplicó en los últimos años, aunque las fiscalías mantienen la misma cantidad de empleados.
Otro punto clave a considerar es que, por mandato constitucional, el fiscal no representa al Estado, sino a la sociedad o a la comunidad en su conjunto, cuyos intereses generales pueden no corresponder con los de los Gobiernos o los poderes del Estado.
No obstante, la gestión de la doctora Alejandra Gils Garbó, al frente de la Procuración General de la Nación, estuvo marcada por una excesiva cercanía con el poder, ya que en muchos casos el organismo funcionó como escudo judicial que brindó protección a diferentes funcionarios kirchneristas e incluso a la misma ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Para citar sólo un caso, podemos poner como ejemplo las denuncias que recibió esta funcionaria por encubrimiento agravado y abuso de autoridad, cuando suspendió al fiscal José María Campagnoli, quien con valentía investigó muchas causas que comprometen a los Kirchner y a empresarios y funcionarios cercanos a su familia.
La Comisión de Control y Seguimiento del Ministerio Público, integrada por diputados y senadores de diferentes bloques y extracciones políticas, no se constituyó para perseguir ni juzgar a nadie, pero será importante que trabaje seriamente en una revisión pormenorizada de la gestión de la funcionaria que hoy está al frente de la Procuración General. Porque no se trata de revanchismo —como cierto sector político quiere instalar en la opinión pública—, sino simplemente de cumplir con lo que establece nuestra Constitución Nacional.
La autora es senadora nacional, integrante de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público. Es vicepresidente de la Unión Cívica Radical.