Recorriendo el país es posible ver en el patio trasero de la producción rural de distintas regiones cientos de envases vacíos de plástico de 5, 10 o 20 litros, arrojados en basurales o en el margen de arroyos o canales. O lo que es peor, llenos de agua para animales u otros usos domésticos dentro de los hogares. Diversos estudios revelan que sólo en diez años, de 2001 a 2011, pasamos de usar 7,5 a casi 17,3 millones de envases de agroquímicos, de 5 mil a 13 mil toneladas de plástico por año, con destino incierto.
Sin duda, hacía falta una ley para este tipo de envases, que, por su toxicidad, no pueden mezclarse con el resto de los residuos domiciliarios. Actualmente, están incluidos en el régimen de residuos peligrosos, que establece estrictos mecanismos de control para todo su ciclo de vida: desde que entran en desuso hasta su disposición final o su recuperación; también para su transporte y su almacenamiento. Si cuesta hacer cumplir y controlar la aplicación de este régimen en las industrias, imagínense en el ámbito rural, con el alto grado de informalidad y extensión del sector. El proyecto próximo a sanción no contempla ninguna disposición del régimen de residuos peligrosos, ni lo menciona.
Durante el debate en el Congreso, desde el bloque de Libres del Sur convocamos a técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Ministerio de Ambiente, que señalaron los límites del proyecto enviado por la anterior gestión y reafirmado por el Gobierno actual. Nos enteramos que el polietileno de envases de glifosato en algunos casos se usa para fabricar bolsas que podrían terminar, por ejemplo, en una verdulería. No todos estos envases se pueden reutilizar y los que sí deben ser tratados previamente, sólo para fines determinados, que no pongan en riesgo la salud. Los de contenido más tóxico tienen por único destino su eliminación en plantas controladas. Por eso, es importante seguir todo el recorrido del envase: qué contuvo y dónde fue a parar. La ley no menciona ningún mecanismo en ese sentido, lo deja sujeto a las empresas y a la reglamentación.
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Lo más llamativo fue enterarnos que en la gestión del Gobierno anterior hubo un equipo integrado por áreas de distintos organismos que elaboró un informe sobre el tema, con recomendaciones explícitas, que mantuvo la gestión dentro del régimen de residuos peligrosos, con mayor participación del Estado, jerarquizó el papel de la autoridad ambiental, señaló responsabilidades para cada sector involucrado. Pero luego tomaron el timón las cámaras del sector empresarial y allí surgió el texto que será convertido en ley, que les otorga el diseño y la aplicación del sistema, sin demasiadas especificaciones, y reserva la letra chica para la reglamentación posterior, a cargo del Ejecutivo.
No es novedad que las empresas que dominan el mercado agrícola quieran controlar todo el proceso de la actividad, desde las semillas hasta la disposición de los envases de los productos que se aplican a los cultivos, pasando por la comercialización y la aplicación de agroquímicos. A partir de la sanción de la ley, tendrán a su cargo la gestión de envases vacíos.
Con las recomendaciones recogidas, elaboramos un dictamen alternativo, que nos permitirá monitorear la reglamentación y posterior aplicación, compromiso asumido con quienes colaboraron en el proceso, para que prime la salud de la población y el cuidado del ambiente por encima de los negocios.
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@GCousinet
La autora es diputada nacional Libres del Sur.