La Corte Suprema de Justicia dictó, en estas pocas semanas, dos fallos ejemplares sobre los alcances del denominado "tarifazo" (gas y luz). La ocasión es buena para que hagamos un pequeño ejercicio dialéctico de imaginar qué hubiera pasado, cuáles serían las reacciones, si los que nos gobernaran hoy fueran la continuidad de la "década ganada". Seguramente, hoy estaríamos hablando del "golpismo activo del Poder Judicial" contra el Gobierno y de la necesidad de "democratizar la Justicia", que, en el mágico vocabulario del "relato", en realidad significaba buscar magistrados que avalaran mansamente las decisiones del Poder Ejecutivo.
Pero fue todo lo contrario, el actual jefe de gabinete, en lo que respecta al fallo del aumento de la tarifa de gas, dijo: "Respetamos la decisión [de la Corte]", y además agregó que el fallo "salda una discusión". En tal sentido, resulta fundamental entender que, más allá de todo debate sobre los efectos de las sentencias del máximo tribunal, este nos dio un claro mensaje republicano. Algo está cambiando, y para bien, en la Argentina.
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La actitud asumida por la actual administración de Gobierno nos invita a advertir que es posible construir una administración de Justicia separada de los avatares políticos, sustentada en la igualdad y que resguarde los valores republicanos y democráticos. De otro modo, dejaría de ser Justicia para convertirse en una institución degradada por rencillas coyunturales y al servicio de las mayorías de turno.
En el fallo sobre la tarifa de gas, claramente la Corte terminó con todas las especulaciones al respecto y encomendó a la actual administración de Gobierno convocar a las audiencias públicas correspondientes, y retrotraer las tarifas a los residenciales a valores del 31 de marzo. Sobre la reciente resolución de reprogramación trimestral de verano para el mercado eléctrico mayorista, el Máximo Tribunal estableció que los Diputados, el secretario general de la Defensoría del Pueblo y los partidos políticos carecen de legitimidad para actuar en representación de los derechos colectivos; y dejó por sentado que el Club Social 12 de octubre tiene una confusa representación de los usuarios de este servicio en la provincia de Buenos Aires, así dejó sin efecto, por unanimidad, la sentencia de La Plata que suspendió el aumento en la tarifa eléctrica.
Más allá de sendos fallos en sí, muchos pueden creer que se trata de un River-Boca, que ahora con esta resolución la Corte buscó compensar el fallo de la tarifa de gas, pero en realidad, a nuestro entender, hay un mensaje institucional contundente hacia toda la sociedad, esto es, asumir en toda su dimensión su papel de poder del Estado independiente como freno y contrapeso a las decisiones de los otros poderes.
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Con estos fallos, el Poder Judicial reafirma que no es un poder dependiente del Ejecutivo de turno, que es un poder independiente, con garantías de estabilidad, y es obligación de todos los jueces entender este mensaje. Nadie niega la importancia de las relaciones funcionales entre los poderes del Estado; el diálogo es fundamental como herramienta de construcción de la democracia, por ello, resulta patética la insistencia de algunos actores sociales y políticos de creer que esta resolución del máximo tribunal es una derrota del Gobierno, cuando es en realidad un triunfo de la república.
En síntesis, durante la "década ganada" nos quisieron convencer de que la división de poderes era inexistente, que era un impedimento y una molestia para alcanzar los grandes "objetivos nacionales". Por ello, el compromiso asumido y el mensaje a la ciudadanía dado por el Poder Judicial en esta oportunidad hace honor a los autores de El Federalista, cuando dice: "La mayor seguridad contra la concentración gradual de los diversos poderes en un sólo departamento reside en dotar a los que administran cada departamento de los medios constitucionales y los móviles personales necesarios para resistir las invasiones de los demás". Hay nuevos buenos vientos en la Argentina. Bienvenidos sean.
@DiegoArmesto
El autor es abogado. Docente de grado y posgrado en Derecho Constitucional, UBA.
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