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Despojo, violencia y desplazamiento: la CIDH mantiene medidas cautelares para cuatro comunidades indígenas de Nicaragua

El organismo regional concluyó que persisten amenazas, agresiones, despojos y expulsiones forzadas atribuidas a colonos, por lo que ordenó al Estado preservar la vida e integridad de las personas beneficiarias

La resolución del organismo protege a integrantes de Polo Paiwas, Cocal, Naranjal y Suniwas, además de activistas locales./ (Cejil)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió mantener las medidas cautelares para comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua ante la persistencia de amenazas, violencia, despojo territorial y desplazamiento forzado atribuidos a grupos de terceros conocidos como “colonos”. La información fue compartida este 17 de noviembre por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La resolución alcanza a integrantes de las comunidades de Polo Paiwas, Cocal, Naranjal y Suniwas, además de determinadas personas defensoras de derechos humanos. La CIDH consideró que continúa una situación de riesgo que cumple, de forma preliminar, con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad previstos en el artículo 25 de su Reglamento.

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El organismo solicitó al Estado de Nicaragua que adopte medidas inmediatas para resguardar la vida e integridad de los beneficiarios, con enfoques étnico-cultural, de género y etario. Entre las exigencias figura la prevención de amenazas, ataques y posibles situaciones de trabajo forzado.

La Comisión requirió protección específica para mujeres, niñas y adolescentes frente a hechos de violencia sexual. También pidió garantizar alimentos, agua potable y atención de salud para las personas desplazadas o que se encuentren en condiciones precarias, con medidas que contemplen las formas de subsistencia propias de las comunidades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantuvo las medidas cautelares para comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua ante el despojo territorial./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el comunicado difundido por Cejil, la pérdida de parcelas y las restricciones de acceso a las zonas de cultivo agravaron la situación alimentaria. La CIDH alertó, además, sobre deficiencias en los servicios básicos y sanitarios en los territorios afectados.

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El pronunciamiento subrayó el impacto sobre las personas adultas mayores, a quienes identificó como transmisoras de conocimientos y referentes de la vida comunitaria. Su expulsión de los territorios o la pérdida de sus condiciones de vida, sostuvo la entidad, debilita los vínculos sociales y culturales de los pueblos indígenas.

La CIDH también pidió que las medidas de seguridad se definan con la participación de los beneficiarios, para que puedan permanecer en sus territorios en condiciones seguras. A la vez, reclamó investigaciones efectivas sobre los hechos de violencia denunciados, con el fin de evitar la impunidad.

La violencia territorial afecta a pueblos miskitu, mayangna y afrodescendientes

La situación de las cuatro comunidades se inscribe en un conflicto territorial que afecta desde hace años a pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense. En octubre de 2025, la CIDH publicó un informe sobre la violencia en esa región, donde documentó invasiones, ocupaciones de tierras comunales, ataques y falta de protección estatal. El informe fue presentado por la Comisión Interamericana.

La Comisión solicitó protección prioritaria para mujeres, niñas y adolescentes ante el riesgo de violencia sexual en las comunidades. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Costa Caribe es hogar de pueblos miskitu, mayangna y rama, entre otros. De acuerdo con el reporte anual de Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, la expansión de actividades extractivas, la ocupación de territorios y la violencia ejercida por colonos han afectado el control comunitario sobre bosques, cultivos, agua y otros recursos necesarios para la subsistencia.

La CIDH afirmó que la falta prolongada de información por parte del Estado nicaragüense representa un incumplimiento de sus obligaciones internacionales y aumenta la desprotección de las comunidades beneficiarias. La resolución mantiene abierto el seguimiento de las medidas cautelares y exige respuestas estatales frente a los riesgos denunciados.

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