Un campesino de Quilalí murió en una emboscada en México después de salir de Nicaragua con la promesa de un empleo en Estados Unidos. Su hermano menor volvió con vida, pero pasó cerca de siete años en una cárcel mexicana antes de regresar a su país.
Los dos habían aceptado ofertas que prometían trabajo en ranchos ganaderos, traslado financiado y pagos posteriores. El destino real era Tamaulipas, donde el Cártel del Golfo necesitaba hombres para una guerra contra otras organizaciones criminales.
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Entre 2008 y 2011, redes de reclutamiento captaron nicaragüenses en antiguas zonas de guerra del norte del país. Los intermediarios buscaban excombatientes, campesinos y jóvenes que querían migrar, y los trasladaban bajo engaño hasta México para incorporarlos a grupos armados.
El hermano mayor de Manuel, nombre ficticio utilizado por seguridad, salió de Nicaragua en 2009. El menor emprendió el viaje al año siguiente. Los dos terminaron vinculados con el Cártel del Golfo.
“Yo perdí un hermano allá”, contó Manuel a Diario La Prensa. El mayor murió mientras protegía a integrantes de mayor jerarquía de la organización. Su familia logró recuperar el cadáver.
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El hermano menor sobrevivió. Tras pasar cerca de siete años detenido en México, volvió a Nicaragua, donde enfrentó otra acusación judicial.
La promesa empezaba en las comunidades del norte de Nicaragua
La historia de los hermanos no fue aislada. El reclutamiento se concentró en comunidades de Quilalí, San Rafael del Norte, Yalí, Pantasma y otras localidades de Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia.
En esos territorios habían combatido, durante la década de 1980, el Ejército Popular Sandinista y la Resistencia Nicaragüense. Años después, allí seguían viviendo hombres con experiencia en armas, emboscadas y desplazamientos por zonas rurales.
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Roberto Orozco, exinvestigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), sostuvo que el reclutamiento se dirigió sobre todo a antiguos miembros de la Contra.
“Lo que se dio en aquel momento fue un reclutamiento de personas que habían pertenecido a la Contra, fundamentalmente excombatientes de la contrarrevolución”, explicó Orozco.
Las redes no se limitaron a esos veteranos. También captaron a campesinos sin entrenamiento militar y a jóvenes que creyeron que encontrarían una salida económica para sus familias fuera de Nicaragua.
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Manuel recordó la llegada de una mujer que ofrecía viajes a Estados Unidos. Les decía a los interesados que podrían trabajar en ranchos y pagar los gastos del traslado una vez que comenzaran a cobrar.
La propuesta no exigía dinero inmediato. Esa condición resultaba decisiva en comunidades donde muchos hombres no contaban con recursos para costear una ruta migratoria.
“Varios cayeron en la trampa. Pero cuando ya iban en el camino, la cosa cambió. Los entregaban a un cártel de México”, relató Manuel.
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Según su testimonio, la mujer procedía de Yalí, en Jinotega. Él recordó parcialmente su nombre: Norma Elena.
La investigación judicial desarrollada años después en Ocotal incluyó a una acusada identificada como Norma Elena Rivera Cruz. La Fiscalía la señaló como parte de una estructura dedicada a captar campesinos para trasladarlos a México.
Los viajeros cruzaban la frontera sin conocer el destino final
Los reclutadores reunían a los hombres y organizaban su salida de Nicaragua. La promesa era trabajar en ranchos del sur de Estados Unidos, con supuestos salarios de entre USD 1,200 y USD 1,500.
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Un antiguo jefe de la Resistencia Nicaragüense afirmó que un hombre conocido como Marlon inició la captación de excombatientes. Según ese relato, Marlon había intentado llegar sin documentos a Estados Unidos, pero fue interceptado en México.
Allí, sostuvo el exjefe contra, le habrían ofrecido trabajar para una organización criminal o enfrentar la muerte. Marlon comenzó luego a buscar antiguos combatientes en Yalí, Pantasma, Quilalí y comunidades cercanas.
Marlon habría reclutado a un excombatiente conocido como Cascabel, quien había sido policía en Quilalí. Dentro del cártel, lo habrían llamado Pepe.
Según el mismo testimonio, ambos ascendieron dentro de la organización y se convirtieron en hombres de confianza de Osiel Cárdenas Guillén, alias el Mata Amigos, entonces jefe del Cártel del Golfo.
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El traslado de los nicaragüenses se realizaba por etapas. Una persona los llevaba hasta la frontera y los entregaba a otros intermediarios que ya conocían el punto de destino.
“La mujer los llevaba hasta la frontera. Allí los entregaba a otros coyotes, y esos coyotes ya sabían adónde tenían que llevarlos”, dijo Manuel.
El antiguo jefe de la Resistencia calculó que desde Quilalí pudieron salir entre 25 y 30 hombres. Para el corredor de Yalí y Pantasma, estimó una cifra cercana a cien.
Una bienvenida confirmó que el empleo era una mentira
Óscar Israel Rivera Flores salió de Nicaragua en mayo de 2009. Había aceptado una oferta de Jhony José Valladares Mejía para trabajar en una caballeriza.
En Estelí, los organizadores alojaron a los viajeros y les entregaron boletos de autobús hacia Guatemala. El grupo continuó el trayecto hasta territorio mexicano.
Al llegar, Rivera Flores comprendió que el empleo prometido no existía. Los pusieron en fila y les anunciaron: “Bienvenidos muchachos, ustedes son ahora parte del Cártel del Golfo de México”.
Su declaración en un juicio realizado en Ocotal en noviembre de 2011 permitió reconstruir parte de la operación. Rivera Flores aseguró que no sabía manejar armas y que no quería utilizarlas.
Los integrantes del grupo criminal lo abandonaron. El 21 de junio de 2009, Migración lo detuvo y lo deportó a Nicaragua por El Guasaule.
Esa detención interrumpió el recorrido que había comenzado con una oferta laboral. Para Rivera Flores, significó salir con vida de un grupo al que no había elegido integrar.
Denis Rivera Betanco, campesino de Los Manchones, Quilalí, relató un caso similar. A él le ofrecieron cerca de USD 1,000 mensuales por tareas ganaderas.
Viajó con hombres de Las Flores, Las Naranjas, El Olingo y Zúngano. Cuando llegó al destino, la primera pregunta fue si sabía manejar armas.
Rivera Betanco recibió entrenamiento militar y participó en patrullajes organizados en escuadras. El trabajo de campo había sido reemplazado por funciones armadas.
Ismael González Rugama salió de Quilalí a mediados de 2011 para buscar empleo. Según el relato de su padre, incorporado al expediente judicial, en México le entregaron armas y lo enviaron a asaltos y enfrentamientos con grupos rivales.
El joven consiguió escapar y permaneció en Honduras. Temía que integrantes de la organización lo localizaran y lo asesinaran si regresaba a Nicaragua.
Tamaulipas era escenario de una guerra entre cárteles
Los nicaragüenses fueron trasladados hacia Tamaulipas en un periodo de violencia creciente en México. El Cártel del Golfo y Los Zetas rompieron su alianza en 2010 y comenzaron una disputa abierta por el control de territorios del noreste.
Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo quedaron entre las ciudades atravesadas por los enfrentamientos. El control de esas plazas permitía dominar rutas de droga hacia Estados Unidos, extorsiones y otros delitos.
México registró 8,867 homicidios en 2007 y 27,199 en 2011, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En esos cinco años, el país acumuló 95,632 homicidios.
Tamaulipas registró 288 homicidios en 2009. La cifra subió a 721 en 2010, a 855 en 2011 y a 1,016 en 2012, de acuerdo con un estudio citado en el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016.
Orozco explicó que los cárteles requerían hombres con experiencia militar para esas disputas. “Lo que estaban formando eran verdaderos ejércitos de sicarios”, afirmó.
La permanencia en el grupo criminal no dependía de la voluntad de los reclutados. Manuel sostuvo que quienes llegaban a México debían obedecer, generar confianza y adaptarse a las órdenes de sus superiores.
“Ya estando allí, usted tenía que jinetear el macho. Tenía que montarse en el caballo y agarrarse duro”, explicó.
Según su relato, algunos escaparon de forma clandestina. Otros recibieron permiso para regresar temporalmente a Nicaragua después de demostrar lealtad dentro de la estructura.
El reclutamiento llegó a los tribunales de Ocotal
La investigación policial tomó forma en abril de 2012, cuando la inteligencia de la Policía de Nueva Segovia recibió información sobre una red que ofrecía empleos en ranchos mexicanos.
La Fiscalía afirmó que los hombres eran llevados bajo engaño y luego entregados a células criminales que los utilizaban en asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos. En algunos casos, las amenazas impedían que abandonaran a la organización.
El proceso judicial más documentado comenzó en Ocotal. Roberto Antonio Monterrey Vílchez, originario de Los Manchones, Quilalí, fue acusado de participar en la estructura.
También fueron señalados Jhony José Valladares Mejía, Norma Elena Rivera Cruz y Moisés Aguirre Escorcia. Monterrey fue el único de los cuatro que compareció detenido en Nicaragua durante aquel juicio.
El 15 de noviembre de 2013, Monterrey fue declarado culpable. La fiscal Melisa Marena sostuvo que el proceso había demostrado la existencia de una organización criminal dedicada al reclutamiento.
La causa incluyó nueve víctimas, aunque la Fiscalía sospechaba que más de 30 personas podían haber sido afectadas. La Policía señaló que la red había operado en Quilalí desde 2009.
El Juzgado Penal de Juicio de Ocotal condenó a Monterrey el 22 de noviembre de 2013 a 12 años de prisión: siete por trata de personas con fines de esclavitud y cinco por crimen organizado.
El Tribunal de Apelaciones de Estelí confirmó la sentencia el 23 de abril de 2014. Monterrey pidió después la nulidad del juicio o un cambio de medida por problemas de salud y negó las acusaciones.
El 5 de agosto de 2020, el Juzgado de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Las Segovias declaró cumplida la pena. El expediente continuó abierto respecto de los otros acusados.
El 17 de mayo de 2024, la Oficina de Archivo de Asuntos en Trámite del Complejo Judicial de Ocotal emitió actuaciones para mantener vigente una orden de captura contra los procesados que no habían sido detenidos.
Los muertos volvieron en cajas y otros nunca regresaron
Las investigaciones reconstruyeron el destino de ocho campesinos enviados a Tamaulipas en 2011. Tres lograron escapar y volver a Nicaragua, tres fueron detenidos por las autoridades mexicanas y dos murieron.
Los fallecidos fueron Wilfredo Varela Vindell y José Odimildo Valladares Mejía. Sus restos regresaron incinerados a Quilalí, dentro de pequeñas cajas de madera.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) contabilizó la repatriación de los restos de cinco nicaragüenses relacionados con estas redes entre 2010 y 2013, según informó Diario La Prensa.
Manuel aseguró que el cártel cubría, en algunos casos, los gastos para enviar los cuerpos a Nicaragua. La organización consideraba a los hombres que trabajaban para ella como miembros de su propia estructura.
El hermano de Manuel que murió en la emboscada había pasado alrededor de dos años dentro del Cártel del Golfo. Su hermano menor logró volver, pero la familia quedó marcada por una ruta que comenzó con una oferta de empleo.
El reclutamiento también alcanzó a Los Zetas. En marzo de 2012 comenzó en Somoto un juicio contra Julio César Leiva Dávila y Walter José Morales García, acusados de integrar una estructura que captaba personas para esa organización.
La Fiscalía sostuvo que ofrecían empleos como guardas de seguridad en México, con salarios de USD 2,000 mensuales. Las investigaciones incluyeron a 20 personas presuntamente reclutadas entre 2010 y 2011.
Con el tiempo, el reclutamiento internacional de antiguos combatientes perdió intensidad. Orozco señaló que las organizaciones mexicanas modificaron sus operaciones y comenzaron a depender más de células locales para tareas logísticas, de seguridad y transporte.
Marlon murió en un enfrentamiento en México. Cascabel, llamado Pepe dentro del cártel, habría terminado detenido en una prisión de máxima seguridad.
Algunos nicaragüenses volvieron a sus comunidades. Otros quedaron presos, murieron en combates o desaparecieron sin que sus familias conocieran qué ocurrió con ellos.
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