La consulta ciudadana de septiembre de Hagamos Democracia NIC-CR mostró que el 79% de las personas consultadas considera que Nicaragua no reúne actualmente las condiciones para celebrar elecciones libres, competitivas y observables. El estudio relevó 400 respuestas válidas en 40 unidades territoriales, incluidos los distritos de Managua.
Según el informe, 316 de las 400 personas respondieron que no existen garantías para una votación transparente. Solo 31 participantes, el 7.8%, respondieron que sí; otros 53, el 13.2%, indicaron que no sabían o no respondieron.
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La consulta fue elaborada con un diseño descriptivo y no probabilístico. Por ese motivo, sus resultados reflejan las opiniones de quienes participaron y no pueden extrapolarse al conjunto de la población nicaragüense.
Las libertades públicas encabezan las demandas para un proceso electoral creíble
Al detallar qué condiciones deberían cumplirse para que existan comicios con competencia y controles, las personas consultadas ubicaron en primer lugar el restablecimiento de las libertades públicas. Esa opción fue mencionada por 216 personas, equivalentes al 54% de la muestra.
La participación libre de partidos y movimientos opositores y una reforma del Consejo Supremo Electoral (CSE) quedaron en segundo lugar, con 209 menciones cada una, el 52.2%. La observación electoral independiente apareció apenas por debajo, con 206 respuestas, el 51.5%.
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La lista de garantías incluyó también la liberación de presos políticos, señalada por 177 personas, el 44.2%, y la necesidad de contar con un registro electoral transparente, mencionada por 139 participantes, el 34.8%. Como se trató de una pregunta de selección múltiple, cada encuestado pudo elegir más de una condición.
El aplazamiento electoral es asociado con una menor posibilidad de elegir
El informe también consultó a un grupo de 302 personas que afirmó percibir vigilancia o control en su entorno sobre un escenario de extensión de los períodos de autoridades electas y postergación de las elecciones generales hasta 2028.
En ese segmento, 177 encuestados, el 58.6%, consideraron que esa eventualidad reduciría mucho la posibilidad de elegir libremente. Otros 65, el 21.5%, respondieron que la reduciría algo. En conjunto, el 80.1% vinculó un eventual aplazamiento electoral con un deterioro de las posibilidades de elección.
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Entre las consecuencias más mencionadas, el 40.4% anticipó una mayor concentración de poder. El 24.5% señaló que podría crecer la presión internacional, mientras que el 23.8% asoció ese escenario con una mayor desmovilización o desesperanza ciudadana. El documento aclara que se trata de valoraciones sobre una hipótesis planteada en el cuestionario y no de predicciones verificadas.
La consulta registró además una participación reducida en movimientos políticos, sociales o partidos. Solo 52 de las 400 personas consultadas, el 13%, dijeron participar en alguna de esas instancias. Entre las 282 que respondieron que no participan, 145 manifestaron que sí podrían hacerlo o que tal vez lo harían.
El informe evita atribuir esa distancia entre interés y participación a una causa específica. No obstante, vincula las demandas electorales con un contexto en el que el 80.7% de las respuestas sustantivas indicó haber detectado vigilancia o control en su entorno. Para quienes participaron de la consulta, las garantías para votar dependen también de la posibilidad de expresarse, organizarse y actuar políticamente sin temor a represalias.
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