La transferencia de nueve viviendas ubicadas en playa Gavilán, Tola, al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social involucró inmuebles que pertenecían a jubilados estadounidenses. La operación ocurrió a fines de agosto de 2026 y, de acuerdo con los propietarios, no hubo una notificación oficial previa.
Los afectados calcularon en USD 15 millones el valor de las construcciones, las mejoras y los bienes que permanecían en el interior. Las casas eran utilizadas para vacaciones, estadías durante el invierno estadounidense y visitas de familiares o amigos.
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Las propiedades no formaban parte de un condominio, aunque estaban ubicadas en una misma área y compartían características de arquitectura mediterránea. Algunas tenían piscina y paneles solares.
Los propietarios conocieron la medida a través de sus empleados
Los jubilados se enteraron de la ocupación después de que trabajadores de las viviendas les avisaran que personas identificadas como funcionarios del Seguro Social habían llegado al lugar. Según los testimonios recogidos por Confidencial.digital, esos hombres ordenaron a los vigilantes retirarse porque las casas habían pasado a manos del INSS.
Los propietarios llegaron a Nicaragua durante la década de 2000 y finalizaron las construcciones en 2010. Las viviendas estaban amuebladas y contenían equipos domésticos, ropa, muebles, cuadros y otros artículos personales.
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La construcción de la casa más pequeña habría requerido una inversión cercana a USD 500,000. La de mayor tamaño habría costado entre USD 700,000 y USD 800,000, sin incluir los bienes que permanecían en su interior.
Uno de los afectados señaló al medio que el monto total incluía las inversiones en las nueve viviendas y los enseres. “El daño es cuantioso porque la inversión, entre las mejoras a las nueve casas y enseres que había adentro, fácilmente llega a los 15 millones de dólares”, afirmó.
Los dueños mantenían contratos de arriendo renovables con la Alcaldía de Tola. Bajo la Ley 690 para el Desarrollo de Zonas Costeras, las construcciones podían pertenecer a particulares, mientras los terrenos continuaban bajo propiedad estatal.
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Cada residente pagaba USD 1,000 anuales por el canon municipal, además del Impuesto de Bienes Inmuebles. Uno de los jubilados sostuvo que los propietarios habían cumplido con sus pagos durante más de 15 años.
El mismo afectado indicó que la municipalidad canceló el contrato de arriendo correspondiente a este año. “De la nada, la alcaldía canceló el contrato de arriendo de este año y nos quitaron nuestras casas”, declaró.
La ocupación alcanzó a trabajadores y servicios locales
Tras la transferencia, las casas quedaron vigiladas por personas asignadas por el Régimen, de acuerdo con los propietarios. Las consultas que realizaron ante la Policía Nacional y la Alcaldía de Tola derivaron en la confirmación de que los inmuebles pertenecían al Estado.
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La situación afectó a unos 15 trabajadores locales que desempeñaban tareas de vigilancia, jardinería, mantenimiento, limpieza y cocina. Uno de los propietarios señaló que las estadías de los residentes estadounidenses también generaban gastos en negocios de la zona.
Los jubilados se comunicaron con la sede central del INSS en Managua. Según sus relatos, un funcionario les propuso alquilar las viviendas por un valor aproximado de USD 2,000 mensuales.
“Es una burla, nos quitan nuestras casas y después nos las quieren alquilar”, cuestionó uno de los propietarios. Hasta el momento referido en la información, no se conocía qué uso tendrían los inmuebles.
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El INSS acumuló 374 inmuebles transferidos desde 2021
El caso de playa Gavilán sería la primera transferencia conocida al INSS de inmuebles vinculados con ciudadanos extranjeros, en particular estadounidenses. La Procuraduría General de Justicia había donado 372 propiedades al organismo entre 2024 y octubre de 2026, según una base de datos de la publicación.
Durante los primeros 17 años del régimen de Daniel Ortega, el INSS recibió dos propiedades. Con las transferencias posteriores, el total ascendió a 374 bienes.
La cifra superó las 188 propiedades otorgadas al Ejército de Nicaragua y las 41 entregadas a la Alcaldía de Managua. Desde enero de 2007, el régimen transfirió 848 inmuebles a instituciones, alcaldías, empresas estatales, cooperativas, fundaciones y organizaciones gremiales.
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Managua concentró 131 transferencias al Seguro Social; Rivas, 104; Estelí, 71, y Matagalpa, 27. No se identificaron donaciones al organismo en Río San Juan, Boaco, Chontales ni en la región autónoma del Caribe Norte.
La mayoría de los traspasos al INSS no incluyó información sobre extensión territorial, ubicación detallada o número catastral. Solo seis de los 374 bienes contenían esos datos registrales.
Un corredor de bienes raíces consultado por Confidencial.digital, cuya identidad fue reservada, consideró que la falta de información puede limitar las posibilidades de reclamo de los propietarios. El especialista afirmó que resulta poco habitual transferir una propiedad sin precisar su localización o dimensiones.
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Entre los inmuebles que sí incluyeron información figura la isleta Zompopera, que pertenecía al economista y ex preso político Juan Sebastián Chamorro. El Acuerdo Presidencial 135-2024 detalló su superficie y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Granada.
Estados Unidos recomendó precaución ante inversiones inmobiliarias
Los propietarios estadounidenses notificaron el caso a la Embajada de Estados Unidos en Managua mediante una dirección de correo habilitada para ese tipo de consultas. Según indicaron, la respuesta recibida señaló que la representación diplomática no podía intervenir en asuntos de propiedad.
Un vocero del Departamento de Estado afirmó que “es profundamente lamentable que el Gobierno de Nicaragua irrespete reiteradamente los derechos de propiedad”. La institución recordó que su alerta de viaje advierte sobre posibles incautaciones de terrenos, viviendas, dinero y activos financieros sin aviso previo ni justificación legal.
El Departamento de Estado recomendó precaución al evaluar inversiones inmobiliarias en Nicaragua, especialmente en áreas costeras. Para quienes enfrenten disputas sobre propiedades, aconsejó contratar abogados locales.
La dependencia estadounidense indicó que conoce casos de reclamos de propiedad y conflictos de inversión entre sus ciudadanos y el régimen nicaragüense. También señaló que comunica estas situaciones cada año a las autoridades de Estados Unidos, sin precisar la cantidad de personas afectadas.
Las publicaciones oficiales presentan las transferencias al INSS como una medida destinada a fortalecer la seguridad social y ampliar la cobertura para trabajadores y familias. Los dueños de las viviendas de playa Gavilán esperan recuperar las construcciones o recibir una compensación por su valor y por los bienes que permanecían dentro.
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