La Unión Europea prorrogó hasta el 15 de octubre de 2027 las sanciones contra 21 personas y tres entidades vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó Despacho 505. Las medidas incluyen a la propia Murillo, a sus hijos Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo, y a instituciones estatales señaladas por su participación en la represión de la oposición.
Según Despacho 505, la decisión fue adoptada el viernes 9 de octubre por el Consejo de la Unión Europea y mantiene la presión sobre el círculo político y familiar de Ortega y Murillo, así como sobre funcionarios e instituciones acusados de responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, el desmantelamiento de las instituciones democráticas y la persecución de opositores.
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Entre las personas sancionadas también figuran el exasesor económico del régimen Bayardo Arce Castaño, actualmente preso político, y Alba Luz Ramos Vanegas, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. La lista incluye, además, a altos mandos policiales y a funcionarios vinculados con el aparato represivo del Gobierno nicaragüense, de acuerdo con la información publicada por Despacho 505.
Las sanciones contemplan la congelación de bienes y recursos económicos bajo jurisdicción europea. Las personas incluidas en la lista tampoco pueden ingresar ni transitar por los países de la Unión Europea. Ciudadanos y empresas del bloque tienen prohibido entregarles fondos o poner recursos económicos a su disposición.
El medio nicaragüense explicó que las medidas son selectivas y están dirigidas contra personas y entidades específicas, por lo que no constituyen un embargo económico general contra la población de Nicaragua. La Unión Europea sostiene que las restricciones buscan responder a la represión política, las violaciones de derechos humanos y el deterioro del Estado de derecho.
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Bruselas reiteró su exigencia de liberar a los presos políticos, restablecer las libertades fundamentales y permitir el regreso de los mecanismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua. También pidió un diálogo entre el Gobierno y la oposición para acordar reformas electorales que permitan una salida democrática, pacífica y negociada a la crisis.
La renovación de las sanciones ocurre después de que Ortega y Murillo impulsaran nuevas reformas constitucionales. Despacho 505 reportó que esos cambios ampliaron los mandatos de las autoridades y eliminaron las elecciones previstas para 2027, lo que profundizó la concentración del poder en manos de la pareja gobernante.
La decisión europea coincide con una nueva presión diplomática de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El 2 de octubre, una reunión extraordinaria de cancilleres aprobó una resolución que exige a Nicaragua celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, liberar sin condiciones a los presos políticos, restablecer la separación de poderes y divulgar el paradero de las personas desaparecidas.
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La resolución también reclama la devolución de la nacionalidad a los nicaragüenses despojados de ella y establece un grupo ministerial de seguimiento para promover contactos con el Gobierno y la oposición. El mecanismo deberá presentar recomendaciones dentro de un plazo de 90 días.
Nicaragua no participó en la reunión de la OEA porque abandonó formalmente el organismo en noviembre de 2023. La presión internacional se mantiene mientras el régimen restringe la participación opositora, controla las instituciones estatales y enfrenta cuestionamientos por la situación de los presos políticos, los exiliados y las personas privadas de su nacionalidad.
La Unión Europea estableció su régimen de sanciones en octubre de 2019, después de la represión contra las protestas iniciadas en abril de 2018. Desde entonces, los Estados miembros revisan las medidas cada año. Con la nueva prórroga, las restricciones permanecerán vigentes hasta octubre de 2027.
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