Nicaragua permaneció en el Nivel 3 de la clasificación sobre trata de personas de Estados Unidos en 2026, porque no cumplió los estándares mínimos para erradicar ese delito ni realizó esfuerzos para alcanzarlos. El Departamento de Estado señaló que las deficiencias en prevención, protección de víctimas y persecución penal persistieron durante 2025.
Las mujeres, los niños y los migrantes enfrentan una vulnerabilidad particular dentro del país, donde las redes de explotación actúan también sobre personas que buscan empleo o migran al extranjero. Las regiones autónomas del Caribe concentran factores de riesgo vinculados con pobreza, criminalidad, débil presencia estatal y las consecuencias prolongadas de desastres naturales, especialmente para las comunidades indígenas.
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Nicaragua minimizó la gravedad del problema, según el Departamento de Estado, lo que limitó las acciones de información pública, educación y aplicación de la legislación vigente. Tampoco comunicó medidas para reducir la mayor exposición de las poblaciones caribeñas ni para asistir a nicaragüenses explotados fuera del país.
La clasificación se mantuvo pese a que las autoridades notificaron la condena de seis tratantes, la capacitación de funcionarios y la identificación de nueve víctimas. El Estado no informó investigaciones, procesos ni condenas contra funcionarios presuntamente involucrados en estos delitos, en un escenario donde la corrupción y la complicidad oficial continuaron siendo motivo de preocupación.
Seis condenas y dudas sobre las cifras oficiales
La Ley contra la Trata de Personas de 2015, conocida como Ley 896, penaliza la trata sexual y laboral con condenas de entre 10 y 15 años de prisión. Cuando intervienen fuerza, coacción o engaño, considerados agravantes por la norma nicaragüense, las penas suben a entre 16 y 18 años; en casos que afectan a menores, alcanzan entre 19 y 20 años.
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La legislación define el delito de forma amplia: incluye toda explotación laboral y la adopción ilegal sin fines de explotación, pero no se ajusta a la definición de trata contemplada por el derecho internacional.
Durante 2025, las autoridades dijeron haber investigado siete casos, iniciado procesos contra 15 sospechosos y condenado a seis tratantes. Dos investigaciones y dos procesos estuvieron relacionados con trata de trabajo infantil; los otros cinco casos investigados y 13 procesos correspondieron a explotación sexual o adopciones ilegales.
Los tribunales impusieron a los seis condenados 20 años de prisión y multas, de acuerdo con las cifras oficiales. Las autoridades no detallaron cuántos casos investigó, ni cuántas personas procesó o condenó por trata durante 2024.
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También fueron informadas 65 investigaciones, 62 procesos judiciales y 18 condenas por delitos relacionados con explotación sexual infantil, material de abuso sexual infantil o relaciones sexuales remuneradas con menores. Las penas en estos casos oscilaron entre dos y siete años de prisión, aunque no se precisó cuántos hechos involucraban trata de personas.
Observadores cuestionaron la fiabilidad de los registros estatales, incluidas las estadísticas de las fuerzas de seguridad. Algunos sostuvieron que las autoridades ocultaron o clasificaron erróneamente casos de trata para reducir la dimensión pública del problema.
Medios informaron en 2025 que el régimen del país indultó y liberó al menos a seis personas que cumplían condenas por delitos sexuales contra menores, incluida la trata sexual. La falta de recursos humanos y financieros destinados a la investigación penal limitó además la posibilidad de atribuir responsabilidades a los tratantes.
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Funcionarios de las fuerzas de seguridad y de inmigración aceptaron sobornos para facilitar estos delitos, según las preocupaciones recogidas por el Departamento de Estado. El país no informó políticas para prevenir la participación de agentes públicos ni casos de cooperación internacional contra la trata.
Nueve víctimas identificadas y servicios sin capacidad prolongada
El Gobierno identificó y asistió a nueve víctimas de trata infantil en 2025: seis habían sufrido explotación sexual y tres, servidumbre doméstica. Entre las víctimas de explotación sexual había cinco niñas y un niño; las tres personas sometidas a servidumbre doméstica eran niñas, pero, no habían comunicado la cantidad de víctimas identificadas o asistidas en 2024. Los datos oficiales sobre detección y protección fueron considerados poco fiables e inconsistentes.
Nicaragua mantiene procedimientos para identificar y derivar a las víctimas, incluida una estrategia nacional de atención integral y una guía para menores. No obstante, el Gobierno no detalló cómo aplicó esas herramientas ni comunicó acciones para buscar indicadores de trata en las regiones autónomas del Caribe.
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Los servicios estatales contemplaban alojamiento, atención de necesidades básicas, asistencia médica, legal y psicosocial. Además de las nueve víctimas de trata infantil, las autoridades informaron haber atendido a 36 víctimas de explotación sexual infantil, entre ellas posibles víctimas de trata, pero no especificó qué ayuda recibió cada una, ni informó cuánto dinero destinó a la protección de víctimas.
No existían albergues especializados para personas sobrevivientes de trata ni instalaciones accesibles para hombres. La capacidad de asistencia de largo plazo era limitada, mientras que el cierre sistemático de más de 5.700 ONG desde 2018 eliminó a las organizaciones que podían ofrecer ese acompañamiento.
El Ministerio de la Familia tenía a su cargo la atención de víctimas infantiles, con servicios médicos, jurídicos y acceso a educación. Aunque los funcionarios podían derivar a niños y adolescentes a centros de protección especial, observadores habían advertido en años anteriores que muchas víctimas regresaban con sus familias sin apoyo suficiente para reducir el riesgo de una nueva explotación.
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La ley prevé visas humanitarias para víctimas extranjeras que podrían sufrir represalias o dificultades si fueran deportadas. Sin embargo, Nicaragua no informó haber identificado a ninguna víctima extranjera desde 2018.
Las víctimas podían participar en causas penales mediante asesoramiento legal, medidas de seguridad y protección de la privacidad. La normativa permite declarar antes del juicio mediante video o documentos escritos; durante el período evaluado, una víctima testificó con técnicas audiovisuales no especificadas.
Aunque la ley habilita a reclamar indemnizaciones dentro de la causa penal o a través de una demanda civil, no hubo información sobre víctimas que hubieran ejercido ese derecho. Organizaciones no gubernamentales habían señalado que la extensión de esos procedimientos los volvía excesivamente difíciles de transitar.
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El cierre de organizaciones y los riesgos en zonas rurales
La disolución de organizaciones de la sociedad civil debilitó la capacidad de monitorear, denunciar y prevenir la trata en comunidades expuestas. Tras la desaparición en 2024 del grupo de trabajo interinstitucional, el Ministerio del Interior quedó como única autoridad estatal responsable de aplicar el Plan de Acción Nacional 2023-2027.
Dos líneas telefónicas de denuncia funcionaron las 24 horas y podían recibir alertas sobre trata. Las autoridades no indicaron si atendieron llamadas vinculadas con ese delito durante 2025.
Observadores expresaron preocupación por la expansión de la minería de oro en áreas rurales de la costa caribeña, donde la supervisión estatal es reducida. La iniciativa podría elevar el riesgo de explotación infantil en ese sector. Los tratantes explotan a víctimas nacionales y extranjeras dentro de Nicaragua, al tiempo que someten a nicaragüenses a explotación sexual y laboral en otros países.
Algunos menores son forzados a trabajar en minas y canteras artesanales, a producir o transportar drogas ilegales y a mendigar, sobre todo en Managua, avenidas transitadas y cercanías de centros turísticos. Niños cuyos padres migran por trabajo también pueden ser captados para explotación sexual o laboral.
Las redes sociales se convirtieron en una vía de captación creciente, dirigida especialmente a residentes de zonas rurales o fronterizas con pocas oportunidades económicas. Los migrantes que atraviesan Nicaragua rumbo a Estados Unidos también enfrentan riesgos, incluso ante organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de personas.
Medios independientes nicaragüenses en el exilio, organizaciones no gubernamentales internacionales y entidades nicaragüenses fuera del país denunciaron que funcionarios rusos y reclutadores ilícitos captaron de manera fraudulenta a mujeres latinoamericanas de entre 18 y 22 años, incluidas nicaragüenses, para supuestos programas de formación profesional. Luego fueron destinadas a centros de producción de drones militares, donde la prensa informó condiciones peligrosas, vigilancia, incumplimientos de normas laborales y salariales, cambios contractuales y cobros por reclutamiento.
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