Nicaragua no puede retirarse de forma automática del Parlamento Centroamericano, pese a la notificación enviada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el 3 de octubre. Diputados del organismo sostuvieron que el tratado constitutivo no contiene una cláusula que permita a un Estado miembro denunciarlo por decisión unilateral y con efecto inmediato.
La presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen), la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, señaló a EFE que una eventual salida debe pasar por una evaluación política e institucional dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Según explicó, ese proceso requiere la intervención de la Cumbre de Presidentes del bloque.
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La posición expone una disputa jurídica y política tras la comunicación enviada por la Cancillería nicaragüense a la Junta Directiva del Parlacen. El documento informa que el régimen decidió denunciar el Tratado Constitutivo del parlamento regional y otros instrumentos políticos de integración, bajo el argumento de que actúa “en ejercicio pleno de su soberanía”.
Tratado sin cláusula de renuncia unilateral
El Parlacen reúne a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Costa Rica es el único país de Centroamérica que nunca se incorporó al organismo, creado como parte de la arquitectura regional posterior a los conflictos armados que atravesaron el istmo durante las décadas de 1970 y 1980.
Para el diputado guatemalteco Carlos Barreda, la redacción del acuerdo fundacional dificulta que los países abandonen el mecanismo por una decisión individual. “Hay complicaciones por la forma en que se hizo el tratado constitutivo, que prácticamente deja amarrados a los países al Parlamento Centroamericano”, afirmó el legislador en declaraciones recogidas por EFE.
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Barreda citó el antecedente de El Salvador, que en 2025 eliminó de su Constitución una disposición vinculada con la elección de representantes ante el Parlacen. Aun así, el país no concretó su retirada del organismo regional. “No se retira del Parlacen porque no puede”, sostuvo el diputado.
La discusión supera el alcance de la notificación enviada por Managua. Los legisladores consultados consideran que un eventual retiro debe resolverse dentro de los mecanismos establecidos por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), una estructura que agrupa instituciones políticas, económicas y judiciales de la región.
Panamá y El Salvador ya cuestionaron al organismo regional
El anuncio nicaragüense reavivó las críticas contra un parlamento que emite resoluciones y dictámenes de carácter consultivo, sin fuerza vinculante para los Estados miembros. Sus cuestionamientos se concentran en el costo de su funcionamiento, su limitada capacidad de incidencia y el alcance de las inmunidades otorgadas a sus diputados.
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Panamá intentó abandonar el Parlacen en 2009. En ese país, dirigentes y sectores políticos lo describieron como una “cueva de ladrones”, entre denuncias de que la inmunidad parlamentaria podía entorpecer investigaciones judiciales contra algunos representantes.
El caso salvadoreño volvió a poner el tema en debate cuando se eliminó la base constitucional para elegir diputados ante el organismo. Ambas experiencias, según Barreda y Gutiérrez, muestran que el tratado vigente impone obstáculos legales que no se resuelven solo con reformas internas o comunicaciones diplomáticas.
La salida planteada por el régimen nicaragüense también alcanza a otras instancias regionales. El SICA fue creado en diciembre de 1991 mediante el Protocolo de Tegucigalpa, con el objetivo de consolidar la paz, la democracia y la integración tras las guerras civiles de la región.
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Su estructura incorpora al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y los consejos de ministros regionales, entre otros organismos.
La decisión de Managua expone la parálisis del SICA
Gutiérrez y Barreda interpretaron el anuncio como una nueva señal de la crisis institucional que atraviesa el bloque. El régimen de Ortega y Murillo afronta cuestionamientos internacionales por violaciones a los derechos humanos, la suspensión de procesos electorales y la persecución contra opositores.
También existen tensiones dentro del SICA por las designaciones de representantes y por la falta de acuerdos políticos entre los Estados miembros. Los entrevistados advirtieron que el bloque lleva años sin una secretaría ejecutiva plenamente operativa y que la Corte Centroamericana de Justicia se encuentra desintegrada.
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Barreda planteó que el futuro del Parlacen dependerá de reformas que amplíen su función dentro del sistema regional. “Si instituciones como el Parlacen no se reforman, no tienen futuro”, afirmó.
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