Rosario Murillo, co-dictadora de Nicaragua, trató de reivindicar el derecho de los nicaragüenses a expresar su fe y mencionó la realización de procesiones y misas católicas en distintos puntos del país.
Sus declaraciones se produjeron después de años de prohibiciones, vigilancia, detenciones, expulsiones y confiscaciones contra la Iglesia católica y otras comunidades religiosas.
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Durante su alocución diaria, Murillo afirmó que el régimen respeta “todas las formas de alabar a Dios desde todos los credos y expresiones religiosas”.
Según informó el medio nicaragüense Artículo 66, también se refirió a las procesiones y celebraciones por la Virgen del Rosario en departamentos como Estelí y Carazo. La vicepresidenta sostuvo que algunas familias recorrieron las calles en compañía de la imagen religiosa, aunque advirtió que la actividad no duraría mucho tiempo.
“Nos abrazamos hoy con las familias de Estelí que van recorriendo la procesión de la Virgen del Rosario que salió de la Catedral y regresa a una ... ¿a qué hora? o en unos minutos”, dijo Murillo, según la publicación.
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El tono de sus declaraciones la ubicó como una autoridad que administra y valida las expresiones religiosas, en un país donde las procesiones católicas fueron restringidas durante años. Artículo 66 señaló que las celebraciones recientes no representan un regreso pleno a las condiciones anteriores a la crisis política de 2018.
En septiembre de 2026, algunas procesiones de Nuestra Señora de La Merced, en Matagalpa y San Jerónimo, en Masaya, volvieron a las calles, pero con recorridos limitados y bajo condiciones establecidas por las autoridades.
En el caso de la Virgen del Rosario, en Estelí, la festividad patronal no tuvo procesión en 2025. Un año después, la imagen volvió a recorrer parte de las calles centrales de la ciudad tras la misa solemne. La reapertura parcial ocurrió mientras organizaciones internacionales mantienen sus denuncias contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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La Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) documentó que las autoridades prohibieron más de 27,000 procesiones y actos de piedad desde 2019 hasta 2026. El organismo también registró la obligación de celebrar actividades dentro de los templos, la vigilancia de sacerdotes y feligreses, la prohibición de misiones pastorales fuera de las parroquias y la suspensión de ordenaciones sacerdotales y diaconales en cuatro diócesis durante 2026.
Las restricciones no se limitaron al culto público. Según la USCIRF, el régimen detuvo y encarceló a líderes religiosos, cerró o disolvió organizaciones, confiscó propiedades y utilizó acusaciones como traición, lavado de dinero, difusión de noticias falsas y atentado contra la integridad nacional. También denunció que sacerdotes fueron obligados a solicitar autorización policial para trasladarse entre municipios y que pastores evangélicos recibieron advertencias para no criticar al régimen durante sus sermones.
La persecución incluyó expulsiones y destierros. La USCIRF contabilizó 309 figuras religiosas expulsadas, obligadas a exiliarse o impedidas de regresar al país hasta febrero de 2026. Entre los afectados se encuentran obispos, sacerdotes, monjas, seminaristas y diáconos. También fueron confiscadas instituciones educativas y propiedades vinculadas con iglesias, mientras varias organizaciones religiosas perdieron su personería jurídica.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó restricciones a las celebraciones religiosas, detenciones arbitrarias y medidas contra comunidades y organizaciones religiosas en su informe de agosto de 2026. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha registrado vigilancia, expulsiones, confiscaciones y represalias contra obispos, sacerdotes y laicos desde 2018.
En ese contexto de presión internacional, Murillo presentó las procesiones católicas como una muestra de tolerancia oficial. Sin embargo, la autorización de celebraciones puntuales convive con restricciones que continúan afectando la libertad de culto y la autonomía de la Iglesia en Nicaragua.
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