Estados Unidos endureció sus advertencias a los inversionistas extranjeros sobre los riesgos de hacer negocios en Nicaragua y describió un escenario en el que las principales decisiones económicas pasan por el poder político, aumentan las confiscaciones y presiones fiscales y las empresas chinas reciben ventajas que no tienen otros competidores.
El diagnóstico aparece en el informe 2026 Investment Climate Statements: Nicaragua, divulgado este martes por el Departamento de Estado, que recomienda a los inversionistas actuar con “extrema cautela” y advierte que no deben esperar un Estado de derecho ni un ambiente empresarial predecible en el país. El documento fue elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales.
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La advertencia se produce pese a que el propio informe reconoce indicadores macroeconómicos relativamente positivos. Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Nicaragua: en 2025 suministró alrededor del 20 por ciento de las importaciones y recibió el 38 por ciento de las exportaciones nicaragüenses. Al mismo tiempo, más del 80 por ciento de las remesas que llegan al país proceden de Estados Unidos y esos recursos se han convertido desde 2022 en uno de los principales motores de la economía.
Sin embargo, Estados Unidos coloca el riesgo político e institucional en el centro de sus advertencias. Según el Departamento de Estado, las relaciones personales con funcionarios del régimen se han vuelto determinantes para hacer negocios, prácticamente todas las decisiones importantes requieren aprobación de la Presidencia y los inversionistas enfrentan un incremento de auditorías fiscales, multas arbitrarias y obligaciones tributarias infladas.
Para el economista y opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, el lenguaje utilizado por Washington representa un endurecimiento respecto del informe anterior. A su juicio, Estados Unidos pasó de describir un ambiente inestable, marcado por regulaciones excesivas, confiscaciones, represión política y falta de Estado de derecho, a advertir más directamente sobre el control político de la economía.
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“El reporte del 2026 cambia de un lenguaje formal del año pasado a aseveraciones directas de cómo el régimen ha movido negativamente el riesgo país”, señaló Chamorro al analizar el documento. Según su lectura, el informe “llama a los inversionistas extranjeros a ser extremadamente cautelosos” y profundiza en las transformaciones ocurridas durante el último año.
Más control sobre la inversión
Uno de esos cambios es la nueva Ley de Inversión Extranjera, aprobada en febrero de 2025, que creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), encargada de supervisar y regular el capital extranjero. Los inversionistas quedaron obligados a registrarse y entregar informes trimestrales e información estadística a las autoridades.
El Departamento de Estado considera que el nuevo esquema amplía el control y la vigilancia estatal sobre las inversiones. Chamorro coincide en que esa modificación es relevante y señala que el registro obligatorio constituye un mecanismo adicional de control político sobre quienes pretenden invertir en Nicaragua.
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El informe también describe instituciones regulatorias sin suficiente independencia y reglas que no se aplican de manera transparente. Según Estados Unidos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo controla directamente sectores económicos para favorecer a sus aliados y las autoridades reguladoras pueden actuar arbitrariamente. A ese panorama se suma el debilitamiento de las organizaciones empresariales independientes: en 2023 fueron canceladas y confiscadas 19 cámaras empresariales y en agosto de 2024 otras 151, entre ellas la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AmCham.
El Departamento de Estado describe el sistema nicaragüense como “altamente centralizado y autoritario” y recuerda que la reforma constitucional ratificada el 30 de enero de 2025 estableció la copresidencia de Rosario Murillo y subordinó aún más las instituciones al Ejecutivo.
Confiscaciones de propiedades
El informe señala que Nicaragua arrastra un historial de expropiaciones sin debido proceso y acusa al régimen de utilizar a la Procuraduría General de Justicia para dar una apariencia de legalidad a las confiscaciones.
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Destaca, además, una ley aprobada el 5 de agosto de 2025 que permitió al Estado asumir el control de los territorios situados hasta 15 kilómetros de las fronteras terrestres del país.
Entre 2020 y abril de 2026, el régimen transfirió mediante decretos presidenciales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 110 propiedades confiscadas a opositores. Otros bienes pertenecientes a dirigentes opositores han sido transferidos a alcaldías y diferentes instituciones estatales.
Chamorro considera que el tratamiento de las confiscaciones es uno de los apartados en los que más se endureció el informe de 2026. En su análisis destaca tanto la transferencia de esas propiedades como las nuevas disposiciones fronterizas y las reformas institucionales que, según Washington, debilitan las posibilidades de los inversionistas de defender sus derechos ante los tribunales.
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“El reporte muestra a Nicaragua como un ambiente de inversiones extremadamente riesgoso por el incremento del control político, el control económico mediante la utilización del Poder Judicial” y las violaciones de los derechos de propiedad, sostuvo Chamorro.
China gana espacio y ventajas
China aparece con mayor protagonismo en el informe de este año. Desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre Managua y Pekín, en enero de 2024, el Gobierno nicaragüense ha concedido tratamiento preferencial a compañías chinas, según el Departamento de Estado.
Estados Unidos sostiene que la combinación del tratado comercial, la falta de transparencia y la preferencia gubernamental por China facilita la entrada de productos a precios considerablemente más bajos y afecta la capacidad de competir de empresas nicaragüenses y de inversionistas extranjeros de otros países.
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Desde noviembre de 2024, agrega el documento, las instituciones públicas nicaragüenses tienen instrucciones de priorizar proveedores chinos en las adquisiciones de bienes y servicios relacionados con tecnologías de información y comunicaciones. El señalamiento aparece dentro de un capítulo que identifica las contrataciones públicas, licencias, aduanas y tributación entre las áreas especialmente vulnerables a la corrupción.
“El tema de China, curiosamente, aparece mucho más prominente”, afirmó Chamorro. Mientras anteriormente se hablaba de las inversiones chinas principalmente como promesas, agregó, ahora el informe aborda proyectos concretos y “cómo empresarios chinos reciben beneficios que no reciben otros inversionistas de otras regiones o de Estados Unidos”.
A las preferencias en las compras públicas se sumó otro instrumento aprobado en octubre de 2025: las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, creadas específicamente para atraer inversiones procedentes de China.
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Las empresas instaladas bajo ese régimen pueden recibir una exención del 100 por ciento del impuesto sobre la renta empresarial y sobre dividendos durante períodos renovables de diez años, además de exenciones de IVA y derechos aduaneros para maquinaria, equipos y materias primas.
El Departamento de Estado también señala que Nicaragua depende cada vez más del financiamiento chino para obras de infraestructura. Para Chamorro, ese acercamiento crea una diferencia creciente entre las condiciones ofrecidas a las compañías de China y las que enfrentan empresas estadounidenses, nicaragüenses y de otros países.
Presión fiscal y sistema financiero
El Departamento de Estado reporta un incremento de auditorías fiscales, multas arbitrarias y obligaciones tributarias infladas, prácticas que forman parte de la inseguridad jurídica que identifica como un obstáculo para los inversionistas.
Las reformas recientes también ampliaron las facultades de las autoridades sobre el sistema financiero. Según el informe, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Siboif, adquirieron mayores poderes para obtener información financiera, regular instituciones e incluso remover integrantes de juntas directivas bancarias.
En 2025, los activos del sistema financiero alcanzaron unos US$7,500 millones y Banpro, LAFISE, BAC y Ficohsa concentraban aproximadamente el 77 por ciento de esos activos.
La economía, entretanto, continúa dependiendo fuertemente de las remesas. El Banco Central dejó de publicar esas cifras en el primer trimestre de 2025, pero operadores privados estimaron que durante ese año Nicaragua recibió unos US$6,300 millones, equivalentes aproximadamente al 30 por ciento del producto interno bruto.
Zonas francas
El informe identifica a las zonas francas como una excepción parcial dentro del ambiente general de inversiones. Más de 100,000 personas trabajan en ellas y las compañías que operan bajo ese régimen reportan una interferencia gubernamental menor que las empresas ubicadas fuera de las zonas francas.
El panorama tampoco está exento de dificultades. Desde 2018 más de 20 empresas han cerrado operaciones y algunas se trasladaron a países vecinos, principalmente Honduras. En abril de 2026, el régimen reformó la legislación para convertir en indefinidos varios beneficios fiscales, aduaneros y administrativos concedidos a las empresas de zonas francas.
Aunque el desempleo oficial se situaba en 2.4 por ciento en diciembre de 2025, alrededor del 40 por ciento de la población estaba subempleada. Los afiliados al INSS representaban apenas el 24 por ciento de la fuerza laboral y el empleo formal seguía 10 por ciento por debajo de los niveles anteriores a la crisis de 2018.
Chamorro vincula el nuevo informe con la investigación que realiza la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense. En su valoración, la documentación sobre confiscaciones, trato diferenciado a empresas y prácticas anticompetitivas podría ser utilizada por Washington dentro de ese proceso.
El economista menciona entre los escenarios posibles una aceleración o aumento de aranceles y medidas contra instituciones responsables de prácticas que favorezcan a determinados proveedores, pero las presenta como posibilidades y no como medidas anunciadas por el Gobierno estadounidense.
El informe del Departamento de Estado, por su parte, concentra su advertencia en las condiciones que encuentra actualmente un inversionista en Nicaragua: mayor concentración del poder político, confiscaciones y debilidad de los derechos de propiedad, presión fiscal y regulatoria, falta de transparencia en las decisiones oficiales y un tratamiento preferencial a empresas y capital procedentes de China.
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