La Organización de los Estados Americanos (OEA) prevé debatir una resolución que reclama al régimen de Nicaragua la retirada de personal, tecnología e instalaciones de seguridad de Rusia, China e Irán, al considerar que su presencia podría afectar la seguridad hemisférica. El texto será analizado el próximo 2 de octubre por los cancilleres de los países miembros, durante una reunión extraordinaria en Washington.
El proyecto, impulsado por las misiones permanentes de Colombia, Estados Unidos y Perú, fue difundido este martes por opositores nicaragüenses en el exilio. La iniciativa plantea una serie de exigencias políticas, institucionales y de derechos humanos dirigidas a las autoridades de Managua.
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La reunión del Consejo Permanente de la OEA se celebrará en la sede del organismo hemisférico y estará centrada en la situación política del país centroamericano. Se trata de un mecanismo poco frecuente dentro de la organización.
La convocatoria se produce después de que Daniel Ortega afirmara en julio que no habrá más elecciones en Nicaragua. Según el borrador del proyecto de resolución, el régimen también prepara cambios constitucionales orientados a consolidar ese objetivo.
Retirada de personal y tecnología de seguridad extranjera
El dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro explicó que el documento advierte que varias prácticas y políticas del régimen de Ortega y Rosario Murillo tienen “efectos extraterritoriales”.
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Entre las medidas propuestas figura el pedido para que Nicaragua retire “a todo el personal, la tecnología, las capacidades y las instalaciones de seguridad de países extranjeros cuya presencia amenacen la seguridad hemisférica”.
Chamorro precisó que la referencia apunta a recursos de Rusia, China e Irán. “Es decir, rusos, chinos e iraníes”, afirmó al compartir el contenido del proyecto de resolución con los medios.
El texto también reclama la liberación inmediata y verificable de todos los presos políticos, así como la difusión del paradero de las personas que se encuentran en condición de desaparición forzada.
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Otra de las demandas está vinculada con la restitución de la nacionalidad y los bienes de al menos 452 personas que fueron despojadas de su ciudadanía por las autoridades nicaragüenses.
Libertades civiles, ONG y reformas institucionales
El proyecto pide además el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. Chamorro sostuvo que esto implicaría permitir el regreso de los medios de comunicación que salieron del país.
La iniciativa también exige que el régimen devuelva la personalidad jurídica a las más de 5,500 ONG ilegalizadas desde 2018. El documento propone, a la vez, la restitución de propiedades y activos que fueron confiscados a esas organizaciones.
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En materia institucional, la resolución demanda revocar las reformas constitucionales aprobadas entre 2025 y 2026, que, según sus promotores, desmantelaron la democracia representativa. El texto plantea recuperar la independencia de los poderes del Estado y el pluralismo político.
La propuesta contempla la creación de un grupo de alto nivel encargado de diseñar, a corto plazo, un plan de acciones graduales en los ámbitos diplomático, económico, financiero y multilateral.
Chamorro consideró que el régimen probablemente no aceptará las recomendaciones. En ese caso, afirmó que podrían avanzar medidas concretas contra Ortega y Murillo en los planos financiero, económico y multilateral.
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El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que prohibiría competir en elecciones a quienes el Estado considere “traidores a la patria”. La norma, que requiere una segunda aprobación, también extiende de seis a siete años los mandatos de los cargos de elección popular.
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