Como parte de una estrategia para reducir la acumulación de solicitudes, la Unidad de Refugio de Costa Rica cerró 53,000 expedientes de ciudadanos nicaragüenses durante 2025. La medida incluyó trámites de personas que desistieron, obtuvieron otra categoría migratoria o no se presentaron a la entrevista de elegibilidad.
El país recibió 279,544 solicitudes de protección internacional de nicaragüenses desde 2018, de las cuales 132,788 se concentraron entre 2021 y 2022, de acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Migración y Extranjería analizadas por Confidencial.digital. La estrategia para enfrentar la mora comenzó en mayo de 2024, cuando la acumulación rondaba los 193,000 casos.
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Cindy Molina, jefa de la Unidad de Refugio, explicó al medio que la reducción superó el 30% durante 2025. “Tomamos expedientes de personas que habían desistido”, afirmó, al mencionar también los casos de quienes ya tenían otra categoría migratoria o faltaron a la entrevista de elegibilidad.
La Unidad de Refugio resolvió cerca de 72,000 expedientes de todas las nacionalidades a través de ese procedimiento simplificado, mientras que la Comisión de Visas Restringidas y Refugio tramitó otros 2,000 por la vía ordinaria. El total de 74,000 cierres fue el más alto registrado hasta entonces.
Más de 160,000 solicitudes permanecían activas al final de 2025
La reducción administrativa no eliminó la acumulación de trámites. Al finalizar 2025, Costa Rica mantenía 160,398 gestiones activas de refugio y, entre enero y mayo de 2026, ingresaron otras 8,095 solicitudes; a mediados de ese año, además, persistían 2,981 expedientes pendientes desde 2018.
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Desde 2023, Costa Rica recibe entre 25,000 y 30,000 nuevos pedidos de refugio cada año. Molina sostuvo que, sin la estrategia de cierre de expedientes sin continuidad, la cantidad de casos acumulados habría seguido aumentando.
La Dirección General de Migración y Extranjería prevé resolver unos 30,000 expedientes durante 2026. La cifra será inferior a la del año previo porque la prioridad pasará a las decisiones de fondo, que requieren un análisis más complejo que los cierres administrativos de trámites abandonados o sin interés vigente.
El sistema recibió apoyo mediante un acuerdo con el Colegio de Abogados de Costa Rica, que permitió que profesionales realizaran pasantías en la Unidad de Refugio. Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía, informó en redes sociales que los abogados resolvieron más de 3,000 expedientes durante una pasantía de seis meses que ya terminó.
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Molina señaló que cuatro abogadas colaboraron en entrevistas de elegibilidad. Esa etapa exige conocimientos específicos sobre refugio y la presencia personal de quien solicita la protección internacional.
El permiso laboral figura entre las causas de la saturación
Daguer Hernández, abogado y exsubdirector general de la Dirección General de Migración y Extranjería, consideró que una parte de la saturación se explica porque muchas personas solicitan refugio para acceder a un permiso de trabajo. La petición de protección internacional habilita una autorización de trabajo de libre condición desde el inicio del trámite, a diferencia de las categorías migratorias tradicionales.
Estas últimas exigen una oferta de empleo, una carta del empleador y una prueba de solvencia económica. Hernández propuso crear una categoría distinta del refugio, con requisitos simplificados y un permiso laboral más flexible.
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“La cantidad de refugio va a bajar”, aseguró el exfuncionario al referirse a esa alternativa, según Confidencial.digital. A su juicio, una categoría temporal complementaria permitiría separar a las personas que efectivamente requieren protección internacional de quienes buscan una vía de regularización migratoria y laboral.
La Categoría Especial Temporal Complementaria entró en vigencia el 1 de septiembre de 2026. Podrán solicitarla quienes presentaron una petición de refugio entre el 1 de junio de 2014 y el 7 de mayo de 2026, esperan una resolución o recibieron un rechazo o una denegación, siempre que no requieran protección internacional.
Hernández sostuvo que el resultado dependerá de la cantidad de personas que decidan inscribirse. Las convocatorias anteriores permitieron regularizar a 4,000 personas en la primera etapa y a 10,000 en la segunda.
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Los registros de ACNUR difieren de las cifras divulgadas por Migración
El Buscador de Datos sobre Refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados registró más de 128,014 cierres administrativos de expedientes de nicaragüenses desde 2018. Los mayores volúmenes se produjeron en 2022, con 36,321 casos, y en 2025, con 50,648, una cifra inferior a los 53,000 cierres comunicados por la autoridad migratoria costarricense.
Los cierres administrativos pueden responder al abandono del trámite, al reasentamiento en otro país o al fallecimiento de la persona solicitante. Por ese motivo, no suponen necesariamente una resolución sobre la condición de refugiado.
El aumento registrado en 2022 coincidió con cambios aplicados por la administración de Rodrigo Chaves, que establecieron la pérdida del estatus de refugio para quienes salieran de Costa Rica y fijaron un plazo máximo de 30 días para presentar una solicitud. El organismo internacional también contabilizó 10,340 solicitudes rechazadas y 18,894 nicaragüenses reconocidos formalmente como refugiados.
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