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Cámaras, drones y perros robot: las claves del centro de vigilancia de China en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estrenará este sábado una plataforma de espionaje a los nicaragüenses. La obra financiada por Pekín costó más de USD 42 millones y quedará bajo un aparato estatal sin controles independientes

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo inaugurará este sábado en Managua el centro Momotombo, una infraestructura de vigilancia y monitoreo financiada por China por más de USD 42 millones, en un país donde el control social y la persecución de voces críticas ya forman parte del ejercicio del poder.

Hasta 2025, Nicaragua había anunciado 11 préstamos con China por unos USD 1,500 millones, aunque los desembolsos efectivos eran muy inferiores, según publica Centroamérica 360. Ese marco vuelve central el nuevo centro por su costo y por la opacidad que rodea los acuerdos entre Managua y Pekín.

El nuevo centro será administrado por un régimen sin fiscalización independiente y con antecedentes de vigilancia política sobre periodistas, opositores, organizaciones civiles y ciudadanos que expresan posiciones críticas.

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El régimen presentó el centro de vigilancia como una plataforma para la prevención de desastres e incorporará cámaras de vigilancia, drones, perros robot, estaciones sísmicas y volcánicas, y sistemas de alerta para emergencias. La infraestructura podrá recopilar y transmitir información en tiempo real.

Un hombre trabaja en su computadora bajo la sombra de Daniel Ortega, vigilado por cámaras de seguridad y siluetas de agentes policiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información oficial citada por Centroamérica 360, el centro contará con 97 equipos de medición sísmica, 25 estaciones para vigilar volcanes, 20 puntos de monitoreo de ríos y 172 sistemas inteligentes de altavoces. También sumará tecnología aérea y robótica.

El régimen sostiene que la plataforma servirá para anticipar terremotos, erupciones, huracanes, inundaciones y otras emergencias. La duda central, según la publicación, no se limita a la tecnología disponible, sino a quién la administra y bajo qué controles opera.

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La expansión tecnológica coincide con más control sobre barrios y comunicaciones

En Nicaragua no existen instituciones independientes capaces de supervisar al régimen. En 2025, Daniel Ortega llamó a reforzar la “vigilancia revolucionaria” en los barrios para perseguir a quienes el régimen considera opositores.

Esa orientación política se combinó en 2024 con una nueva legislación de telecomunicaciones que amplió las facultades estatales para controlar contenidos y comunicaciones digitales. En ese contexto, la incorporación de tecnología capaz de observar, registrar y transmitir datos en tiempo real adquiere una dimensión que excede la gestión de emergencias.

El papel de China en la expansión tecnológica

La relación con China agrega otro nivel de opacidad. Desde el restablecimiento de vínculos diplomáticos en diciembre de 2021, Managua convirtió a Pekín en un socio estratégico en infraestructura, telecomunicaciones, energía y tecnología.

Ese acercamiento avanzó con escasa información pública sobre contratos, costos, condiciones financieras y desembolsos. Investigaciones independientes, citadas por el medio, detectaron discrepancias entre los préstamos anunciados por el régimen y los registrados en estadísticas oficiales.

China ha financiado o comprometido proyectos por cientos de millones de dólares, mientras buena parte de los detalles financieros permanece bajo reserva. En ese escenario, el centro Momotombo aparece como una nueva pieza de una alianza en la que el acceso a infraestructura, tecnología y crédito coincide con el cierre progresivo de los espacios de transparencia y rendición de cuentas en Nicaragua.

Una mano con la bandera china sujeta firmemente la bandera de Nicaragua, simbolizando una red de control y cooperación con figuras de élite sobre un fondo urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de información pública sobre los contratos, las capacidades exactas del sistema y las garantías para impedir usos ajenos a la atención de emergencias deja sin respuesta qué mecanismos independientes impedirán que una tecnología presentada para proteger a la población amplíe la capacidad de vigilancia de un Estado que ya ha demostrado su disposición a usarla contra sus críticos.

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