El Informe de Riesgo País del segundo trimestre de 2026 para la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPARD) detalla los factores que están incidiendo de manera notable sobre la calificación de Nicaragua, centrando la atención en las vulnerabilidades fiscales, geopolíticas y la exposición a presiones externas relacionadas principalmente con su alta dolarización financiera y una gobernanza considerada endeble por las principales agencias crediticias globales.
Nicaragua mantiene, según Fitch, S&P y Moody’s, una calificación de riesgo en torno a “B” o “B+” con perspectiva estable, sustentada por una política fiscal prudente y la existencia de superávits gemelos (fiscal y comercial) que permiten la acumulación de amortiguadores externos. Sin embargo, estos factores positivos no logran compensar los riesgos latentes relacionados con la alta vulnerabilidad geopolítica.
Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otras restricciones internacionales continúan ejerciendo presión sobre la economía nicaragüense, constituyendo uno de los principales riesgos para la estabilidad macroeconómica y la disponibilidad de financiamiento.
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La dolarización financiera de Nicaragua implica que una mayor proporción de la deuda se encuentra en moneda extranjera, lo que aumenta la exposición a movimientos internacionales, volatilidad en los mercados y posibles shocks externos. Esto, junto con la débil gobernanza, reduce la capacidad del gobierno para responder de manera flexible y efectiva a emergencias económicas o financieras. Al analizar la situación de la deuda, se observa que a febrero de 2026, la deuda pública se ubicaba en USD 11,026.30 millones, con una tasa de aumento interanual del 8.04%.
Aunque la combinación de políticas fiscales prudentes y balance superavitario ha permitido la mejora gradual de algunas métricas de deuda, la dependencia estructural de financiamiento externo podría representar un escollo mayor si las condiciones internacionales se vuelven menos favorables o si se agravan las sanciones.
Tal como señalan las agencias calificadoras, una presión adicional podría derivarse de acontecimientos sociales que afecten la estabilidad macroeconómica o por un “deslizamiento” en la política económica que agote los amortiguadores fiscales y profundice las vulnerabilidades.
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En el primer trimestre de 2026, la economía nicaragüense mostró un notable crecimiento interanual del PIB del 6.1%, acompañado de una baja inflación (3.72% en mayo 2026) y un comportamiento positivo en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), aunque con moderada variación del 0.7%. A pesar de este dinamismo, la sostenibilidad del crecimiento está condicionada por la estabilidad macroeconómica y la capacidad de mantener los flujos de financiamiento externo.
El sector financiero, por su parte, exhibe resiliencia con indicadores de liquidez y rentabilidad altos, lo cual es considerado como una fortaleza. Sin embargo, la robustez del sistema no es suficiente para contrarrestar los efectos que podrían derivar de un entorno externo adverso o una intensificación de las restricciones geopolíticas.
Las agencias consideran que mejoras adicionales en la calificación de Nicaragua podrían derivarse de la continuidad en las políticas prudentes actuales, un crecimiento económico robusto y mayores amortiguadores fiscales. En este sentido, una mayor flexibilidad para acceder al financiamiento externo y un fortalecimiento del clima de negocios también sumarían puntos a su favor.
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En contraste, la materialización de riesgos sociales o políticos que socaven la estabilidad macroeconómica, o un manejo imprudente de la política económica que reduzca los colchones financieros, podría desencadenar rebajas en la calificación.
Dentro de la región CAPARD, Nicaragua destaca, no por sus fortalezas intrínsecas, sino por la exposición a riesgos que la hacen más vulnerable frente a shocks externos y fluctuaciones en la confianza de los inversores internacionales. La presencia de altos índices de dolarización financiera y la gobernanza débil son factores que, de mantenerse, seguirán limitando la capacidad de avance económico y de atracción de mayor inversión extranjera directa.
En conclusión, mientras Nicaragua mantiene algunos fundamentos macroeconómicos sólidos, los riesgos fiscales, geopolíticos y de financiamiento externo obligan a mantener un enfoque cauteloso sobre el futuro económico del país. La agenda pendiente incluye reforzar sus instituciones y diversificar el acceso al financiamiento, para reducir la exposición a factores externos y consolidar una senda de crecimiento más estable y sostenible.
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