La reforma constitucional con la que Daniel Ortega y Rosario Murillo concentraron el poder en Nicaragua consolidó un modelo de dinastía familiar y Estado totalitario justo cuando el país se encamina al 19 de julio, una fecha en la que el oficialismo busca celebrar los 47 años de la Revolución Sandinista y, al mismo tiempo, reafirmar los 19 años del ciclo político iniciado en 2007.
La nueva arquitectura institucional creó las figuras de “copresidente” y “copresidenta”, extendió el período presidencial a seis años y subordinó la Asamblea Nacional, el Ejército y la Policía al control familiar.
También eliminó de hecho la separación de poderes y reforzó mecanismos de castigo político como la denegación de ingreso al país y la invalidación de documentos.
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En ese marco, el 19 de julio reunirá dos efemérides: los 47 años del triunfo revolucionario de 1979 y los 19 años del período abierto en enero de 2007. La fecha volverá a convocar a quienes vivieron la caída de la dictadura somocista, a generaciones que crecieron con ese relato y a jóvenes nacidos mucho después de aquel episodio.
La disputa por la memoria se concentra en las celebraciones del 19 de julio
Murillo impulsa una narrativa que exalta a los héroes y mártires de la Revolución Popular Sandinista mientras busca borrar de la memoria pública la represión de 2018. Desde junio anunció actividades previas al aniversario, entre ellas el repliegue a El Vapor del 20 de junio y el repliegue táctico del 27 de junio.
La primera de esas actividades recordó la maniobra del 16 de junio de 1979, cuando combatientes del FSLN y pobladores del barrio San Judas se resguardaron en la hacienda El Vapor, también conocida como Hacienda Miraflores, en la zona de El Crucero, para evitar los bombardeos de la Guardia Nacional somocista y reorganizarse.
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La segunda rememoró la caminata silenciosa hacia Masaya que realizaron seis mil guerrilleros sandinistas y civiles de barrios orientales de Managua el 27 de junio de 1979 para preparar la ofensiva final.
“Treinta y tres monumentos que estamos remozando para conmemorar en grande, siempre con el corazón lleno de reconocimiento a nuestros héroes y mártires, el cuarenta y siete sobre diecinueve”, dijo Murillo el 7 de julio en una alocución ante medios oficialistas.
Para defensores de derechos humanos, esa agenda conmemorativa contrasta con los hechos de abril de 2018, cuando los dictadores Ortega y Murillo ordenaron reprimir las protestas antigubernamentales iniciadas el 18 de abril. Con el paso de los días, la violencia estatal se intensificó y julio se convirtió en uno de los meses más sangrientos de la historia reciente del país.
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La represión de 2018 dejó al menos 145 muertos, según la OEA
Ese mismo julio de 2018 se desarrolló la llamada operación limpieza, ejecutada entre junio y agosto por policías y paramilitares contra tranques y barricadas levantados por manifestantes. El saldo fue de 145 muertos, según la OEA, aunque otros organismos elevaron la cifra a 200.
Los episodios más violentos de ese operativo ocurrieron en Carazo el 8 de julio, en la Iglesia Divina Misericordia de Managua el 13 de julio, en Masaya el 17 de julio y seis días después en Jinotega. La orden, según medios de comunicación, fue: “Vamos con todo”.
“Utilizaron centenares y miles de personas armadas, civiles, con armas de guerra, los paramilitares, que fue el tercer cuerpo armado creado”, dijo el abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
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Carrión sostuvo que el régimen pretende borrar lo ocurrido en abril y los meses siguientes, que definió como una ejecución contra la vida, con detenciones arbitrarias masivas y desapariciones.
La reacción del aparato de propaganda oficial incluyó una galería titulada “Octavo aniversario de la liberación de los tranques de la muerte en Carazo”. En esas imágenes, simpatizantes sandinistas marcharon con retratos de víctimas del FSLN durante el operativo represivo que dejó al menos 24 muertos en ese departamento.
medio como La Prensa muestran que Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, DNDH, describió “Julio victorioso”, la campaña con la que Murillo promueve miles de actividades previas al 19 de julio, como una disputa por la memoria usada como herramienta de poder.
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Según Cuevas, la dirigente desarrolla una política sistemática de control simbólico y narrativo sobre la historia nacional para legitimar el poder actual, consolidar una identidad oficial y neutralizar cualquier memoria que cuestione al régimen.
La estrategia oficial combina propaganda, censura y confiscaciones
De acuerdo con Cuevas, esa estrategia mezcla recursos culturales, comunicacionales y represivos. A través de los medios oficialistas, explicó, el gobierno busca construir una identidad emocional con un lenguaje místico y repetitivo sobre símbolos, rituales y efemérides sandinistas.
A eso se suman la prohibición de conmemoraciones de abril de 2018, reformas educativas que omiten hechos recientes y el hostigamiento a familiares de las víctimas. El abogado también incluyó en esa política las confiscaciones de archivos, universidades y centros culturales.
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Entre esos casos mencionó el del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, IHNCA, que pasó a manos del régimen tras la confiscación de la Universidad Centroamericana, UCA, en agosto de 2023, y la hemeroteca de La Prensa, confiscada el 13 de agosto de 2021.
Carrión afirmó que antes de 2018 el acto principal del 19 de julio se realizaba en la Plaza de la Fe, con centenares de partidarios llegados desde distintos puntos del país, pero que en los últimos años el oficialismo lo trasladó a espacios más pequeños y con asistentes seleccionados para resguardar la seguridad de Ortega y Murillo. “No hay ninguna grandeza más allá de las palabras”, dijo.