Nadie tocó la puerta. Cruzaron los muros de la parroquia buscando al sacerdote; solo hallaron a su madre. Los perros guardianes evitaron un desenlace inmediato. La advertencia llegó después, sin rodeos: la vida pendiendo de una llamada.
Persecución a sacerdotes tras las protestas de 2018 en Nicaragua
El portal católico ACI Prensa documentó el relato de un sacerdote nicaragüense que, tras respaldar a la juventud durante las protestas de 2018, fue identificado por la dictadura y marcado como objetivo.
El punto de quiebre se produjo en 2022: su regreso al país se convirtió en una sucesión de vigilancias y hostilidad. Agentes desconocidos asistían a sus homilías y grababan sus palabras.
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Otros se infiltraban en la parroquia, simulando tareas de limpieza, rastreando cada movimiento de los presentes y del párroco.
Desde el púlpito, el sacerdote señaló las acciones del régimen. El sandinismo, aseguró, opera bajo la consigna de “ni perdón ni olvido”. Eso convertía cada crítica en una amenaza directa contra él y su entorno.
Las amenazas dejaron de ser solo rumores y se volvieron tangibles. Personas sin identificar irrumpieron en la parroquia y solo la madre del sacerdote, resguardada por los perros, evitó el contacto directo. Allegados al gobierno le advirtieron: su vida estaba en peligro inmediato.
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La huida y el exilio: trayecto a Costa Rica y Estados Unidos
Según detalla el extenso reportaje del portal católico Aci Prensa, la fuga ocurrió un domingo de 2023. únicamente la madre conocía el plan. Mochila al hombro, una imagen de la Virgen y la compañía de un expolicía opositor, cruzó la frontera hacia Costa Rica por un “punto ciego”.
El expolicía negoció el paso con un “coyote”, pagando cuotas sucesivas por transitar terrenos privados. El trayecto estuvo marcado por escenarios de inseguridad, prostitución y tráfico de personas.
Ya en Costa Rica, fue acogido primero por religiosas y después por sacerdotes amigos. El aislamiento y la ruptura repentina con su entorno detonaron una depresión profunda: “No es fácil cortar el vínculo completamente con todo: con la Iglesia, con los hermanos sacerdotes, con la familia, con la parroquia. Yo me sentía morir. Yo no paraba de llorar”.
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El exilio es una herida abierta. En 2024 encontró refugio en Estados Unidos, donde la comunidad le ofreció alojamiento y apoyo. Continúa su labor pastoral, brinda consejería espiritual y estudia, pero reconoce que la herida persiste: “Los que estamos afuera y los que están adentro sufrimos. De los dos lados hay mucho dolor”.
La adaptación al nuevo país suma desafíos: idioma, cultura, costo de vida. Entre la comunidad migrante nicaragüense, las dificultades se acumulan, pero la vocación permanece: “Nuestra esperanza es Jesucristo. Y aunque no estemos en Nicaragua, tenemos que servir a la Iglesia”.
La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua
La Iglesia Católica en Nicaragua ha enfrentado una ofensiva sistemática del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018, intensificándose hasta despertar la condena internacional.
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Entre quienes han alzado la voz se encuentran el Papa Francisco y los expertos de la ONU, que han calificado los hechos como un “crimen de lesa humanidad”, según informaron elpais.com e infobae.com.
Las medidas gubernamentales no se han limitado a la criminalización de líderes religiosos, sino que abarcan la prohibición extensa de actividades devocionales, el cierre de medios y la confiscación de bienes e instituciones vinculadas con la comunidad católica.
Durante el último año, el régimen privó de su nacionalidad a 222 personas consideradas presos políticos, incluyendo figuras relevantes de la Iglesia, quienes también fueron despojados de sus bienes.
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La acción, ejecutada en febrero de 2023, fue señalada por expertos de Naciones Unidas como parte de una política estatal para anular la presencia pública del catolicismo y silenciar cualquier disenso, según consignó elpais.com. Paralelamente, más de 80 sacerdotes huyeron al exilio y al menos 70 personas relacionadas con la Iglesia fueron detenidas entre 2018 y 2024, en una persecución que evidencia la continuidad y severidad del aparato estatal.
Centenares de actividades religiosas canceladas bajo vigilancia y represión
Durante la Semana Santa de 2022, más de 3,000 procesiones y actos religiosos públicos fueron prohibidos por el gobierno de Ortega, que obligó a que los ritos sucedieran únicamente dentro de templos, bajo estricta vigilancia policial.
Según infobae.com, la medida afectó el viacrucis y las peregrinaciones, restringiendo profundamente las expresiones de fe de la comunidad y consolidando el cerco oficial sobre la vida religiosa.
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Mientras se endurecían las restricciones sobre las celebraciones, el régimen ordenó el cierre de 18 medios religiosos, incluyendo 4 canales de televisión y 14 emisoras de radio, y revocó la personería de nueve universidades y entidades educativas gestionadas por la Iglesia, de acuerdo con elpais.com. Estas acciones han obstaculizado la difusión de contenidos religiosos y el acceso a la educación vinculada al catolicismo, sumando daño institucional y material a través de la confiscación de propiedades.
Líderes e instituciones religiosas, blanco directo del régimen
Entre los episodios más destacados figura el destierro forzado de los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, integrantes del grupo de religiosos obligados a abandonar Nicaragua por motivos de seguridad.
Elpais.com detalla que estas expulsiones manifiestan la naturaleza represiva del régimen sandinista y el impacto directo sobre quienes ocupan cargos pastorales, cuyas detenciones y exilios implican una clara advertencia para el resto de la jerarquía eclesiástica.
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El cerco institucional supera el ámbito mediático y educativo: la estrategia abarca la disolución formal de organizaciones históricas, el embargo de propiedades y el bloqueo de labores sociales y caritativas que la Iglesia ha desempeñado tradicionalmente en Nicaragua, según reportó elpais.com.
La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua persiste sin pausa desde abril de 2018. A partir de esa fecha, la represión creció hasta conformar un panorama de hostigamiento que incluye detenciones, expulsión de sacerdotes, confiscación de bienes y limitaciones a la vida pública y mediática de los católicos, según los registros de elpais.com e infobae.com.
La combinación de sistematicidad, el elevado número de afectados y el daño a la libertad religiosa llevaron a Naciones Unidas a definir este proceso como un “crimen de lesa humanidad”.
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