La Corte Interamericana de Derechos Humanos, responsabilizó al Estado de Nicaragua por la violación de derechos fundamentales del exfiscal electoral Chavarría Morales y de su familia. Entre las transgresiones confirmadas por la CIDH figuran amenazas, agresiones físicas, hostigamiento e inacción judicial, hechos ocurridos durante y después de la jornada electoral en Managua en la que participó Chavarría Morales como fiscal electoral del Partido Liberal Constitucionalista.
El informe de la CIDH concluyó que las autoridades nicaragüenses no sólo impidieron de forma ilegítima la observación de la verificación de votantes en el Centro de Votación “Josefa Toledo de Aguerrí”, sino que negaron la tramitación de una impugnación presentada por el propio Chavarría Morales. El documento detalla que, cuando la familia abandonaba el lugar, integrantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) los interceptaron y agredieron de manera simultánea mientras agentes de policía observaban sin intervenir.
La Corte constató también que hubo un intento por parte de simpatizantes oficialistas de incendiar el vehículo del exfiscal, quien logró huir junto a sus allegados. Pese a la denuncia presentada, las autoridades locales archivaron el caso, lo que facilitó la repetición de actos de acoso, amenazas y actos intimidatorios contra Chavarría Morales y su núcleo familiar.
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Derechos vulnerados y exigencias del fallo
Cinco derechos fundamentales fueron reconocidos como vulnerados por la CIDH en este caso. Según la resolución, la CIDH estableció que se vulneraron los derechos a la integridad personal, libertad de pensamiento y de expresión, derechos políticos, igualdad ante la ley y el derecho a defender los derechos humanos, además de confirmar que Cindy Alicia Chavarría Alonso, Jeffer Joaquín Chavarría Alonso y Jaime Antonio Chavarría Alonso también sufrieron afectaciones directas. El fallo exige al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que adopte medidas de reparación para las víctimas, según el portal regional Centroamérica360.
Piden cumplir condena de la CorteIDH en caso de posible feminicidio
El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua instó este miércoles a las autoridades nicaragüenses al cumplimiento integral del fallo que hace un año condenó al Estado por la deficiente investigación de la muerte de Dina Carrión González en 2010, caso que exhibió indicios de feminicidio y expuso el uso de estereotipos de género en la actuación judicial, según informó la agencia de noticias española EFE.
La CorteIDH, el tribunal internacional con sede en San José, responsabilizó a Nicaragua de no haber actuado con debida diligencia reforzada ni con perspectiva de género al investigar la muerte de Carrión González el 23 de abril de 2010. El organismo interamericano concluyó que la víctima, quien se encontraba en proceso de divorcio y vivía una relación marcada por la violencia, fue objeto de una indagación penal signada por prejuicios y estereotipos negativos de género. Las autoridades nacionales consideraron que se trató de un suicidio, mientras que los familiares sostuvieron que el cuerpo presentaba múltiples lesiones compatibles con violencia.
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El fallo dictado por la CorteIDH estableció 16 medidas integrales de reparación, incluida la obligación de investigar nuevamente los hechos, juzgar y sancionar a los responsables si correspondiese. Para el Colectivo de Derechos Humanos, este pronunciamiento “va más allá de Dina”: fija parámetros jurídicos para prevenir, investigar, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres en Nicaragua, según expresó la organización a EFE. La entidad señaló que el precedente prohíbe que futuras muertes violentas con indicios de feminicidio sean desestimadas o minimizadas por prejuicios institucionales y machistas.