“Él sí violentó los derechos, él sí torturó”: testimonio impulsa sanción de EE.UU. al director penitenciario nicaragüense

El gobierno de Estados Unidos anunció la sanción contra Roberto Clemente Guevara Gómez, director del sistema penitenciario de máxima seguridad de Nicaragua, señalado por ex presos políticos y organizaciones de derechos humanos como responsable de graves violaciones a los derechos fundamentales de personas privadas de libertad por motivos políticos.

La medida, difundida el 18 de febrero, se enmarca en un contexto de presión internacional sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y responde a una serie de denuncias documentadas desde 2018 relativas a tratos inhumanos y represión sistemática en centros carcelarios como “La Modelo”.

De acuerdo con información publicada, la sanción fue adoptada bajo la Sección 7031(c) de la ley de asignaciones del Departamento de Estado, que prohíbe el ingreso a territorio estadounidense a funcionarios extranjeros implicados en violaciones graves de derechos humanos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que la acción responde a la necesidad de exigir rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el actual gobierno nicaragüense y reclamó la liberación inmediata de los presos políticos que permanecen detenidos en el país.

La mayoría de estas personas se encuentra recluida en el complejo penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, donde Guevara Gómez ocupa el cargo de director del área de máxima seguridad.

Testimonio de abuso y el impacto de la sanción en las víctimas y sus familias

Testimonios de ex presos políticos, como el de Carlos Bonilla, describen un patrón de abuso y represión bajo la administración de Guevara Gómez. Bonilla, entrevistado por el medio Nicaragua Actual, relató que el funcionario “retomó el control de la celda de máxima seguridad, conocida como la 300, a partir de la llegada de presos políticos en 2018”.

Según su testimonio, “la misión de Guevara Gómez era reprimir, golpear y silenciar a quienes protestaban contra el régimen”. Bonilla afirmó haber sido víctima de amenazas y agresiones físicas directas durante su reclusión, al igual que decenas de detenidos, quienes padecían restricciones en las visitas, acceso a alimentos y condiciones de aislamiento.

Bonilla, consideró que la sanción representa un reconocimiento internacional a las denuncias efectuadas por las víctimas. “Me satisface saber que, al menos, ya hay un responsable en listas internacionales”, expresó. Añadió que espera que otros funcionarios penitenciarios, como William Trujillo e Ignacio Matu, sean investigados y sancionados por hechos similares.

El ex preso político también hizo un llamado a la comunidad internacional para que mantenga la vigilancia y presión sobre el Estado nicaragüense, ya que persiste la preocupación por la situación de al menos 70 personas identificadas como presos políticos en el sistema penitenciario.

Reclamos internacionales y presión diplomática ante la represión en Nicaragua

La decisión de Estados Unidos ocurre en un escenario donde distintas organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han reportado patrones sistemáticos de persecución contra opositores, periodistas y activistas en Nicaragua desde el inicio de las protestas sociales en 2018.

Estas entidades han denunciado condiciones de reclusión degradantes, aislamiento prolongado y torturas en penales controlados por el Estado. La prisión “La Modelo” ha sido reiteradamente señalada como centro de detención de referencia para presos políticos y objeto de seguimiento por parte de organismos internacionales.

La embajada de Estados Unidos en Managua recalcó que la medida contra Guevara Gómez busca enviar un mensaje claro sobre la vigencia de mecanismos legales y diplomáticos para combatir la impunidad en casos de represión política. Tanto la CIDH como la OEA reiteraron su demanda para que Nicaragua retome el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana y garantice el respeto a los derechos fundamentales de la población.