Carlos Canabal Ruiz, exalcalde interino de Cancún, fue detenido este lunes 16 de noviembre en Mérida, Yucatán, por una nueva causa de administración fraudulenta relacionada con contratos entre su empresa Inteligencia México y la financiera Unifin, casi 19 meses después de que se fugara de la prisión domiciliaria que cumplía en Nuevo León al retirarse el brazalete electrónico que monitoreaba sus movimientos.
La aprehensión se realizó en la colonia Altabrisa, sobre la calle 22, frente a las instalaciones de DHL, en cumplimiento de una orden emitida por un juez de control de la Ciudad de México. Participaron agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales.
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“La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control de la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en el delito de administración fraudulenta, en perjuicio de una empresa”, se lee en un comunicado de la SSP Yucatán.
¿De qué se le acusa?
La investigación que motivó la captura en Mérida gira en torno a contratos celebrados entre Inteligencia México y la financiera Unifin, según confirmó el abogado Xavier Olea Trueheart, representante legal de LV, a El Universal. Se trata de un expediente distinto al proceso por 531 millones de pesos que Canabal ya enfrentaba.
Inteligencia México obtuvo en 2015 la concesión para recolectar basura en Cancún por hasta 20 años, pero carecía de capital propio para operar. Según documentó Pie de Página, la empresa recurrió a préstamos y al arrendamiento de 68 camiones recolectores que nunca pagó, acumulando deudas superiores a 270 millones de pesos con dos sociedades financieras.
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Olea Trueheart precisó que la detención en Mérida tampoco corresponde a la orden de reaprehensión girada en mayo de 2025, un día después de que el exalcalde abandonara su domicilio en San Pedro Garza García. Esa orden permanece suspendida por un amparo promovido por Canabal que se esperaba fuera sobreseído.
Unifin era una de las arrendadoras más grandes del país hasta que en agosto de 2022 anunció que no podía cumplir sus obligaciones de pago tras detectarse irregularidades en el manejo de sus fondos. La empresa colapsó con una deuda superior a 80 mil millones de pesos. Las autoridades no han revelado el monto específico que se le imputa a Canabal en este nuevo expediente.
A ese proceso se suma la investigación de la Fiscalía General de Quintana Roo, que lo acusa de delitos vinculados a delincuencia organizada: blanqueo de capitales, operación con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento de operaciones financieras irregulares.
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Canabal, originario de Tabasco, ocupó la presidencia municipal de Benito Juárez de forma interina en 2004 y 2005, tras la licencia del alcalde Juan Ignacio García Zalvidea para buscar la gubernatura de Quintana Roo. Durante esa gestión acumuló señalamientos por presuntos malos manejos del erario y por beneficiar a empresas relacionadas con su familia, aunque ninguno derivó entonces en proceso penal.
Cómo burló la prisión domiciliaria
Canabal fue detenido por primera vez el 9 de febrero de 2024 en el kilómetro 230 de la carretera federal Playa del Carmen-Tulum y trasladado a Nuevo León, donde quedó recluido en el Centro de Reinserción Social 1 Norte de Apodaca bajo prisión preventiva.
En octubre de ese año fue internado en el Hospital Universitario de Monterrey por supuestos problemas de salud. En diciembre de 2024, un juez del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, Tamaulipas, le concedió prisión domiciliaria con brazalete electrónico y vigilancia policiaca permanente.
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El 30 de marzo de 2025, el Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas le otorgó una suspensión definitiva para que le fuera retirado el geolocalizador. Menos de un mes después, el 26 de abril, desapareció del departamento ubicado en la calle José Vasconcelos 150, colonia del Valle, en San Pedro Garza García.
El juez de control del fuero común de Nuevo León, Eduardo Hernández, lo declaró “sustraído de la justicia” y giró la orden de reaprehensión. La Fiscalía General de Quintana Roo activó mecanismos de colaboración con la Fiscalía General de la República y la Interpol para localizarlo.
“No podemos permitir que personas procesadas por delitos de alto impacto burlen la acción de la justicia”, dijo el fiscal general de Quintana Roo Raciel López Salazar en entrevista con Milenio tras conocerse la fuga.
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