Bancas con divisiones, bardas con picos y otros obstáculos instalados para impedir la permanencia de personas en calles, parques y plazas podrían quedar prohibidos en la Ciudad de México si el Congreso capitalino aprueba una reforma constitucional contra la arquitectura hostil.
La propuesta establece que ningún espacio público podrá incorporar diseños que atenten contra los derechos humanos o restrinjan el uso y disfrute de la ciudad. La medida también obligaría a quienes coloquen este tipo de elementos a reparar el daño y realizar compensaciones, además de enfrentar las sanciones administrativas o penales que correspondan.
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La iniciativa fue presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, y ya fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Desarrollo e Infraestructura Urbana para su análisis y dictamen.
La reforma apunta a diseños que expulsan a personas del espacio público
La arquitectura hostil, también llamada arquitectura excluyente, consiste en incorporar elementos físicos para limitar determinados usos de un lugar o impedir que ciertas personas permanezcan en él. Puede aparecer en mobiliario urbano, banquetas, jardines, explanadas, estaciones y zonas de paso.
Entre sus expresiones están las bancas con separadores que impiden recostarse, las superficies inclinadas, los picos sobre bardas, las jardineras colocadas para bloquear accesos y las estructuras que eliminan espacios de descanso o resguardo.
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La iniciativa sostiene que estos recursos no resuelven los problemas de seguridad ni protegen a la población. Su efecto consiste en desplazar a personas de los sitios comunes y reducir sus posibilidades de usar la ciudad en condiciones de igualdad.
El planteamiento parte de que calles, parques, plazas y espacios de tránsito son lugares para la convivencia, la interacción y la expresión de la vida social. Por esa razón, todas las personas deben tener acceso a ellos, sin que su condición económica o social determine quién puede permanecer o descansar.
El Congreso busca incorporar la prohibición en la Constitución local
La reforma plantea modificaciones y adiciones a distintas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México. De ser avalada por el Pleno, la prohibición aplicaría en todo espacio público cuando el diseño urbano limite derechos humanos o el uso colectivo de esos sitios.
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El texto propone una visión de ciudad basada en los derechos humanos, la diversidad y la igualdad. También coloca atención en grupos que enfrentan mayores barreras para acceder a servicios, movilidad, descanso y seguridad dentro del entorno urbano.
La diputada sostiene que la planeación urbana ha generado desigualdad y segregación cuando privilegia modelos orientados a la acumulación de capital por encima del derecho de las personas a habitar y utilizar la ciudad.
Bajo esa lógica, la arquitectura hostil utiliza muros, fuentes, jardineras u otros elementos para controlar el paso, delimitar zonas y evitar la presencia de determinados sectores de la población. El diseño deja de atender una necesidad de infraestructura y se convierte en una herramienta de exclusión.
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La iniciativa no plantea eliminar bancas, áreas verdes, fuentes ni mobiliario urbano. Busca impedir que sean usados para expulsar o incomodar a personas que necesitan sentarse, descansar, resguardarse de la lluvia o permanecer temporalmente en un espacio común.
Quienes instalen diseños excluyentes tendrían que reparar el daño
El proyecto incorpora un mecanismo de responsabilidad para quienes implementen este tipo de obras. Si una autoridad, empresa o particular instala arquitectura hostil que vulnere derechos, tendría que realizar la compensación y la reparación integral correspondiente.
La medida se aplicaría sin dejar de lado las sanciones penales o administrativas que establezcan otras leyes. El alcance de esas responsabilidades dependerá del análisis que hagan las comisiones legislativas y, en su caso, de la redacción final que apruebe el Congreso.
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La reparación integral podría implicar retirar estructuras, modificar mobiliario, restituir condiciones de accesibilidad o atender las afectaciones generadas por un diseño que limite el uso público. La iniciativa no detalla los procedimientos, pero abre la posibilidad de que la prohibición tenga consecuencias más allá de una declaración constitucional.
El debate también alcanza a la forma en que se construyen y remodelan espacios en las 16 alcaldías. La prohibición obligaría a revisar si las intervenciones urbanas permiten el acceso de personas adultas mayores, población con discapacidad, niñas, niños, jóvenes, personas en situación de calle y quienes requieren pausas durante sus traslados.
La discusión en comisiones definirá si la propuesta avanza al Pleno y bajo qué términos. Por ahora, el planteamiento coloca en la agenda legislativa el uso de obstáculos urbanos que convierten una banca, una jardinera o una barda en un mecanismo para excluir a capitalinos del espacio público.
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